Inicio » Tierras, Territorios y Aguas Indígenas

Archivo de la categoría: Tierras, Territorios y Aguas Indígenas

Chile: Reconocimiento Judicial de Derechos Ancestrales (con aplicación del Convenio 169)


Chile: Reconocimiento Judicial de Derechos Ancestrales (con aplicación del Convenio 169)

por Bartolomé Calvero
Publicado el 30 Noviembre, 2009

La política del Gobierno chileno por reducir el alcance de la entrada en vigor del Convenio 169 (Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente) subordinándolo, contra todo derecho internacional, a la ley del Estado, así como por someter más en general dichos derechos de los pueblos indígenas a una reforma constitucional que, bajo excusa de reconocimiento, los mutila gravemente, ha sufrido un serio revés. En sentencia emitida el 25 de noviembre, la Sala Segunda de la Corte Suprema ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la empresa Agua Mineral Chusmiza S.A.I.C contra las sentencias de las instancias previas favorables a la Comunidad Aimara Chusmiza-Usmanaga. A ésta, a la comunidad indígena, se le garantiza el aprovechamiento de las aguas en disputa. Si importante es el fallo, más importante son sus fundamentos.

 

Chile: Reconocimiento Judicial de Derechos Ancestrales
(con Aplicación del Convenio 169)

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

La política del Gobierno chileno por reducir el alcance de la entrada en vigor del Convenio 169 (Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente) subordinándolo, contra todo derecho internacional, a la ley del Estado, así como por someter más en general dichos derechos de los pueblos indígenas a una reforma constitucional que, bajo excusa de reconocimiento, los mutila gravemente, ha sufrido un serio revés. En sentencia emitida el 25 de noviembre, la Sala Segunda de la Corte Suprema ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la empresa Agua Mineral Chusmiza S.A.I.C contra las sentencias de las instancias previas favorables a la Comunidad Aimara Chusmiza-Usmanaga. A ésta, a la comunidad indígena, se le garantiza el aprovechamiento de las aguas en disputa. Si importante es el fallo, más importante son sus fundamentos.

La sentencia de la Corte Supremo va desmontando una por una las alegaciones de la parte recurrente. Ésta pretende que todo lo actuado por las instancias previas es nulo de pleno derecho por incidir sobre cosa juzgada. Hace pocos años la parte indígena había conseguido que un Juzgado Civil de Santiago anulara la concesión administrativa, por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, de un importante caudal de aguas en su zona a favor de la empresa Agua Mineral Chusmiza, tan importante que prácticamente imposibilitaba otro aprovechamiento, pero la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la anulación y la Salta Tercera de la Corte Suprema ratificó la casación de la sentencia de primera instancia, la favorable a la comunidad indígena. La alegación de cosa juzgada favorece entonces rotundamente a la parte empresarial. ¿Mas es caso realmente decosa juzgada? La Sala Segunda Corte Suprema no lo rechaza, pero arguye que la parte misma ahora recurrente, la empresarial, no lo ha entendido así en fases previas del actual procedimiento ni en otro de arbitraje, en los que no ha formalizado la alegación, con lo que su derecho a interponerla ha de considerarse precluído.

La parte empresarial recurre a la Constitución de la República, a su capítulo en concreto sobre el derecho de propiedad con inclusión como tal del derecho al agua (art. 19, parágrafo 24, inciso final: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”). El derecho de Agua Mineral Chusmiza está inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas, por lo que merecería, según la parte interesada, dicha protección constitucional. La alegación de la Constitución se respalda con la del Código de Aguas, con sus previsiones de regularización de aprovechamientos cuando, como en el caso según la versión empresarial, “estén siendo utilizados por personas distintas de sus titulares” (art. 2 transitorio). Se alega más. Los artículos 20 y 121 del Código de Aguas establecen respectivamente que “el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad. La posesión de los derechos así constituidos se adquiere por la competente inscripción” y que “a los derechos de aprovechamiento inscritos en los Registros de Aguas de los Conservadores de Bienes Raíces, se les aplicarán todas las disposiciones que rijan la propiedad raíz inscrita”. El Código Civil abunda. A mayor abundamiento todavía, respalda incluso la Ley Indígena, según las alegaciones empresariales. Con toda esta impresionante batería, ¿cómo va a ponerse en duda el derecho de la empresa?

Se pone. Por esto el caso se encuentra ante la Corte Suprema. La parte empresarial también se extiende al rechazo de argumentos adversos con una interesada interpretación del valor del derecho internacional. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas le parece impertinente “por no ser vinculante para los estados miembros y no ser una fuente formal del derecho interno”. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al derecho indígena por título consuetudinario, no dependiente de reconocimiento ni concesión del Estado, le parece a dicha parte igualmente fuera de lugar puesto que, según pretende, “afecta exclusivamente a los contendientes y respecto de la materia objeto de la controversia”. La atención al derecho internacional e interamericano supondría entonces “desconocer un derecho constituido originariamente por acto de autoridad”. El exceso de la argumentación, hasta ese punto de la desactivación de los derechos humanos, está dejando en evidencia la debilidad de una pretensión que parecía tan bien fundada conforme al derecho interno.

Frente a todas estas alegaciones, la Corte Suprema hace valer ante todo el reconocimiento de derechos por parte de la Ley Indígena sin hacerlos necesariamente dependientes del reconocimiento del Estado: “La eventual ausencia de inscripción de los derechos de aguas consuetudinarios no acarrea su inexistencia, sino sólo la falta de su formalización registral y así, precisamente porque el derecho existe, se le reconoce por la ley”. Frente a la alegación aparentemente tan conclusiva del Código de Aguas, la Corte subraya justamente que nos encontramos ante un supuesto de derecho no incluído en tal ley ni en otros códigos coincidentes o concordantes: “Es menester recordar que en este juicio lo regularizado corresponde a derechos ancestrales de la comunidad indígena solicitante”, de lo cual “se deriva que el derecho de aprovechamiento de aguas reconocido a la respectiva comunidad Aimara es entonces anterior a cualquier constitución originaria por acto de autoridad de derechos de aprovechamiento de aguas realizada a favor de terceros y como corolario de ello, resulta previo al origen de los derechos inscritos de la sociedad recurrente”, la empresa Agua Mineral Chusmiza. En consecuencia, “se hace necesario precisar que no se están concediendo administrativamente nuevos derechos sino que simplemente se regulariza un uso inmemorial del recurso hídrico reconocido por el legislador”, por la Ley Indígena específica. Su tenor es directo e inequívoco: “Se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades Aimaras y Atacameñas…” (art. 64).

La sentencia de la Corte Suprema también se pronuncia sobre derecho internacional, en concreto sobre la pieza más claramente en vigor: “Por otra parte, también resulta orientador, al determinar la correcta aplicación del mentado artículo 64 (de la Ley Indígena), considerar el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve y que fue publicado en el Diario Oficial el catorce de octubre de dos mil ocho, cuyo artículo 15, N° 1°, preceptúa que: ‘Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente’, disposición que debe relacionarse con el artículo 13, N° 2°, del mismo Convenio, cuando señala: ‘La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera’”. No hay pronunciamientos de fondo acerca de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni a propósito de la jurisprudencia interamericana, limitándose la Corte Suprema a indicar que su mención por otras instancias ha sido incidental. En todo caso, el valor normativo del Convenio 169 por encima del derecho interno queda sentado. Y el derecho ancestralindígena ha quedado igualmente situado en un nivel netamente superior, por precedente, al ordenamiento del Estado.

La potencialidad de la sentencia desborda el caso. Derecho ancestral sobre las tierras es lo que se alega en Wallmapu encontrándose las comunidades mapuche con la reacción violenta del Gobierno. Niega éste que exista tal cosa, el derecho ancestral indígena. La Corte Suprema lo sustenta en cambio. El caso del derecho a las aguas de la Comunidad Aimara Chusmiza-Usmanaga sienta un fuerte precedente judicial en Chile a favor del derecho a las tierras y los recursos de otras comunidades indígenas, de todas.

Anexo:

Caso Chusmiza, sentencia en casación

Caso Chusmiza, sentencia en apelación

Referencia comparativa:

Caso Toconce, sentencia en casación

 

Fuente y noticia original: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=4439

Chile: Conadi acelera compra de tierras para evitar nueva subejecución presupuestaria


Miércoles 28 de diciembre 2011

Conadi acelera compra de tierras para evitar nueva subejecución presupuestaria

Paula Correa

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) hizo entrega de cerca de mil 500 hectáreas de tierras a distintas comunidades de la región de Los Ríos, una inversión de cuatro mil 188 millones de pesos. Los dirigentes mapuche beneficiados dan cuenta de la lucha que han sostenido por sus terrenos ancestrales y alertan sobre la posibilidad de que se repita la sub-ejecución presupuestaria de 2010.

Noticias relacionadas
Fallo de la corte de Temuco prohíbe a Carabineros lanzar lacrimógenas a comunidad mapuche
Comuneros mapuches de Ercilla denuncian fuerte persecución policial
Son exactamente mil 480 hectáreas las que se entregaron formalmente hoy a las comunidades Fermín Chocano de Futrono, Dionisio Manquel, Ina Huincul y Coyamilleo de Panguipulli, además de a 76 familias de varias comunas, beneficiando en total a más de 500 personas de origen mapuche.

Esto se suma a la entrega que el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, realizó a las comunidades de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, los primeros mapuches condenados por Ley Antiterrorista que mantienen una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que han luchado por cerca de 15 años por recuperar sus territorios ancestrales.

En este sentido, el presidente de la Comunidad Fermín Chocano, Héctor Burgos,  se mostró contento de recibir finalmente sus tierras, pero criticó la demora con la que opera la asignación de la Conadi y los costos que implica para los comuneros.

“Está mal que demore tanto tiempo, porque nosotros llevamos años luchando para poder concretar la compra de nuestras tierras y no debería ser así. Hay mucha burocracia, mucha demora. Se pasan a llevar los derechos de los mapuches con detenciones, huelgas de hambre, todo lo que considera una lucha para lograr los objetivos”, señaló el dirigente.

Por su parte, el coordinador de Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Mariman, afirmó que la sensación que tienen es contradictoria, ya que, por un lado están contentos, pero por el otro, les llama profundamente la atención que se estén realizando estas entregas justo a finalizar el año fiscal.

“Existe un temor efectivo de que no todos los recursos del fondo de tierras de Conadi sean ejecutados por segundo año consecutivo. En 2010, Conadi tuvo que devolver 37 mil millones de pesos no ejecutados del fondo de tierras, lo que correspondía al 76 por ciento del presupuesto que dispuso el fondo para 2010″, enfatizó Mariman.

Cabe señalar que la Conadi fue fuertemente criticada por esta sub-ejecución presupuestaria. Mariman advirtió que según un informe de José Millalén, candidato a Consejero del organismo, al finalizar el tercer trimestre de 2011, es decir entre finales de septiembre e inicios de octubre, se había gastado sólo un 39 por ciento de los cerca de 41 mil millones del fondo de tierras. Por esta razón, la Corporación se vería presionada a ejecutar su presupuesto en estos meses.

Mariman indicó también que el próximo año no hay aumento de presupuesto para este fondo y añadió que además, las entregas no van acompañadas de una verdadera restitución de derechos o un apoyo mayor, por lo que afirmó que se debe revisar esta situación.

Fuente y enlace original: http://radio.uchile.cl/noticias/135652/

Wallmapu: Traiguen. Traspaso de históricas tierras en conflicto a 3 comunidades: Temulemu, Didaico y Pantano


Wallmapu. Traiguen traspaso de históricas tierras en conflicto a 3 comunidades: Temulemu, Didaico y Pantano

Dic 23, 2011

Enlace a noticia original: http://paismapuche.org/?p=3888

Wallmapu (Traiguen): Traspaso de históricas tierras en conflicto en Traiguen. La realidad obliga al estado chileno a reconocer el poder de los Mapuche y la legitimidad de su lucha.


Chile: Traspaso de históricas tierras en conflicto en Traiguen

Viernes, 23 de Diciembre de 2011 18:48

La realidad obliga al estado chileno a reconocer el poder de los Mapuche y la legitimidad de su lucha.
 
Para esta tercera semana de diciembre de 2011 el gobierno tiene contemplado hacer entrega de la propiedad de las casi 3000 hectáreas de los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos a tres comunidades de la zona de Traiguen. Se trata de las históricas y emblemáticas Didaico, Pantano y Temulemu.
 
Solución de un Problema? Problema de quien?
 
Recordemos que Forestal Mininco es parte del holding CMPC de propiedad de la familia Matte, una de las más importantes fortunas de chile y en Wallmapu es poseedora de más hectáreas de tierra que todos los comuneros de wallmapu.
 
En los conflictos por tierras que mantiene la empresa con muchas comunidades mapuche, esta siempre ha mantenido una postura de no vender. Por otro lado los gobiernos de turno siempre han mantenido un discurso anti tomas, defendiendo el estado de derecho y la sacrosanta propiedad privada.
 
En conjunto y con la ventaja que les da el control de los medios masivos de comunicación, los sectores antimapuche han criminalizado la lucha de las comunidades y a sus dirigentes, y han querido instalar en el imaginario colectivo la idea del mapuche terrorista.
 
Sin embargo el consecutivo traspaso de los emblemáticos predios en conflicto, como el caso de los fundos Santa Rosa y Chorrillos, que serán traspasados a las tres comunidades que lo ocuparon por la fuerza hace casi 14 años, hace que los discursos negadores del ocupante colonialista chileno se caigan a pedazos y que la realidad en wallmapu se imponga.
 
En Wallmapu el estado de derecho del ocupante chileno se ve obligado a ceder, a contextualizarse de algún modo, a moldearse y relativizarse para poder subsistir, para mantenerse aunque sea por un tiempo mas, hasta que la realidad se imponga por completo y Wallmapu, nuestro país mapuche deje de ser invisible.
 

Pequeños pasos que muestran el camino:

Rukañanco:

Las más de 200 hectáreas que Forestal Mininco mantenía usurpadas a la comunidad Juana Millahual desde hacía décadas fueron recuperadas por la fuerza por la propia comunidad en un proceso que se inició el año ’98 y que se consolida alrededor del 2001.

Fueron también décadas de tramitaciones engorrosas, fallos incumplidos y muchísimo tiempo perdido por anteriores dirigentes que mantuvieron una actitud cívica que cada día resultaba más estéril, la que canso a los comuneros de Rukañanco y los convenció de confiar en su propia fuerza para hacer justicia y expulsar a los usurpadores en una reocupación que ya lleva 14 años.

A la larga los mismos tribunales que primero encarcelaron a sus dirigentes y ordenaron un sinnúmero de allanamientos, más tarde ha reconocido que Rukañanco tenia razón, que la empresa de Eleodoro Matte no puede demostrar claramente la propiedad de la tierra y por lo tanto no puede reclamar el predio. Tácitamente están reconociendo que esas 200 hectáreas habían estado durante años usurpadas, implícitamente han reconocido que aquí existió un robo, al cual no pusieron fin los tribunales chilenos sino los propios mapuche.

Yeupeko:

El 03 de enero de 2008 al interior del fundo Santa Margarita de Vilkun fue asesinado a mansalva el peñi Matías Catrileo, lo que marca el punto más álgido de un proceso de recuperación territorial iniciado por comunidades del sector el año 2000. Ese año las comunidades de Yeupeko tomaron la decisión de expulsar al winka que ocupaba sus tierras ancestrales. Cansados también de tanto atropello, tanta injusticia, tanto saqueo.

Por esto fueron criminalizados, reprimidos, golpeados sus mujeres, ancianos y niños, fueron encarcelados, fueron ASESINADOS.

Pese a todo, el año 2010 las tierras que ocupaba ilegítimamente uno de los Luschinger (jorge), fueron devueltas. Fueron más de 400 hectáreas que volvieron a sus legítimos dueños. Y aunque faltan otros Luschinger que deben abandonar la zona, así como otros cuyos apellidos resultan casi impronunciables(como seguramente le suenan los nuestros a ellos) es un hecho que la resistencia mapuche gano un punto y Wallmapu avanzo un pequeño paso.

Chequenco:

El año 2000 las comunidades del lof Chequenco en Ercilla iniciaron la recuperación del fundo Chihuaihue, cuya reocupación se consolido el año 2001 con el abandono de la propiedad y la expulsión de los inquilinos y administradores.

Ocupado por más de 10 años por la comunidad finalmente el estado chileno reconoce la propiedad de los mapuches y hace entrega del titulo de dominio a sus legitimos dueños.

Los costos sociales no fueron menores y aun el lonko Juan Ciriaco Millacheo debe mantenerse en la clandestinidad, luego de ser condenado a 10 años de cárcel acusado de incendio en el fundo Poluco Pidenco, en un juicio plagado de arbitrariedades y vicios, donde los testigos protegidos usados por la fiscalía, con posterioridad, han reconocido públicamente que mintieron a cambio de pagos por parte del estado chileno.

Kaillin:

En Collipulli el fundo ginebra ha sido el más emblemático de los predios devueltos. La comunidad Ailla Varela tomo la decisión el año 1999 de recuperar sus tierras y durante varios años debió enfrentar no solo a la policía chilena sino también a paramilitares de derecha y a la persecución judicial. Varios fueron los comuneros que purgaron cárcel o clandestinidad por estas tierras. Pero el estado debió ceder a la terca realidad y traspasar las 430 hectáreas a la comunidad.

Temucuicui:

Aunque hoy en día las comunidades del lof Temucuicui se enfrentan a un particular, la primera batalla la dieron por el fundo Alaska que estuvo usurpado por muchísimo tiempo por forestal Mininco y que finalmente debió devolver a través del estado chileno las 2000 hectáreas a los mapuche. Una parte del predio había sido traspasados a un particular, Rene Urban y no fue devuelta en su oportunidad, lo que explica el conflicto de hoy.

Pascual Coña:

La hacienda Lleu Lleu había sido ya declarada en conflicto, cuando un prepotente Osvaldo Carvajal la adquiere al anterior usurpador. Quizás confiando en sus buenos lazos con sectores políticos de derecha e izquierda y a su vinculación familiar con el poder y las mafias es que Carvajal pretende imponer a las comunidades sus intereses empresariales.

Pero la realidad se impuso y la hacienda Lleu Lleu paso a manos de algunos comuneros el año 2006. A pesar que la corrupción y las malas prácticas jugaron un papel desastroso en Pascual Coña en una situación aun no resuelta, no es menor que el winka halla abandonado Wallmapu.

Nalcahue:

Desde el año 2001 esta comunidad de CholChol, mantiene la ocupación del fundo El Carmen que bosques Arauco les había arrebatado varias décadas atrás.

Comunidad Juan Lincopan de Ranquilwe:

El fundo Ranquilwe ha sido reclamado pacíficamente por el lof Ranquilwe desde los años 90 y desde el año 2001 han hecho varios intentos por recuperarlo, sin resultados, tampoco sirvieron la infinidad de tramites y reclamos en oficinas públicas de muchos de sus dirigentes.

Por el contrario el predio se mantuvo con resguardo policial durante años antes que en octubre de 2008 la comunidad, con el apoyo de cerca de 200 personas de comunidades vecinas expulsara a fuerzas especiales de la policía chilena e iniciara la reocupación del predio.

Actualmente los comuneros mantienen extensiones importantes de chacras en el predio y aunque la judicialización de los dirigentes ha entrado también en tierra derecha, la decisión de mantener ocupado el predio se mantiene y el fundo Ranquilwe ha vuelto a manos de los mapuche para siempre.

El caso Temulemu-Pantano- Didaico:

Durante 1998, estas comunidades iniciaron un proceso de recuperación de sus tierras antiguas, las que se encontraban en manos de varias empresas forestales y particulares. Aunque el reclamo por estos terrenos tiene tantos años como la ocupación chilena de nuestro país, en ese año las comunidades reafirman su reclamo y deciden confiar en sus propias fuerzas para revertir la situación.

Esta decisión comunitaria fue apoyada por hermanos que llegaban desde distintas partes de Wallmapu entendiendo que se trataba de realizar un hecho que seria histórico, la expulsión de los saqueadores de nuestra tierra y la recuperación de un territorio importante no solo para las tres comunidades sino para todos los Mapuche.

Luego de muchas acciones de hostigamiento a la empresa, de innumerables enfrentamientos con la policía chilena que resguardaba el predio, así como también con la guardia blanca que contrataba la forestal. Esta finalmente abandonó las cerca de 3000 hectáreas ubicadas en medio de las tres comunidades. A la par los comuneros avanzan, ocupan el predio con animales, siembras y trabajos forestales, finalmente construyen viviendas al interior del predio.

Esta es la realidad que el estado se ve obligado a reconocer hoy al traspasar la propiedad legal del terreno a las comunidades que lo ocupan desde hace casi 14 años.

Pero no se trata de un acto de buena voluntad del gobierno ni un gesto de amistad del estado chileno y Forestal Mininco hacia las comunidades, porque el proceso antes descrito ha tenido para los comuneros de Temulemu y Didaico principalmente, costos humanos altísimos pues la represión antimapuche tuvo aquí expresiones grotescas. El encarcelamiento de los dirigentes emblemáticos, los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin, además de Patricia Troncoso Robles La chepa y las injustas condenas que debieron purgar, fueron conocidas y rechazadas a nivel mundial. No olvidemos tampoco el encarcelamiento de los hermanos Rafael y Pascual Pichun, hijos del lonko de Temulemu, y de muchos otros comuneros que pasaron por la cárcel o fueron perseguidos a causa de esta lucha.

Y es que la represión antimapuche fue de tal magnitud en esta zona, que los costos sociales y humanos que debieron pagar las comunidades de Temulemu y Diádico, afectaron incluso la integridad moral de sus dirigentes, permitiendo al estado chileno y la empresa introducir algunos mecanismos de control adosados al traspaso, cuestión que no es bienvenida por todos.

El estado chileno al reconocer esta realidad, que las tierras de Chorrillos y Santa Rosa nunca mas dejaran de ser mapuche, esta reconociendo también que la represión sufrida por los comuneros es injusta.

Forestal Mininco no podrá volver a lucrar con estas tierras, por eso recurre al estado para que le pague por no poder usar 3000 hectáreas en Wallmapu, 3000 hectáreas que no le habían costado nada, puesto que fueron traspasadas a su antecesora forestal crecex de manera prácticamente gratuita, a través de una venta que resultaba ser una mera formalidad.

Los cara de palo siguen robando: Cara de palo el gobierno que paga por esta tierra que ya había regalado sin ser propia y cara de palo la forestal que cobra por un bien que nunca fue suyo.

El estado chileno entonces no le resuelve un problema a los Mapuche que ya hace 14 años decidieron como resolver sus problemas, le resuelve un problema a forestal Mininco. ( El contar en su balance con un activo de 3000 hectáreas que no genera ingresos.) de la misma forma como corrió a resolver el problema que tuvieron: Osvaldo Carvajal, Jorge Luschinger, Eduardo Jequier y otros colonos chilenos en Wallmapu que debieron irse.

Seguramente como deberá resolver los problemas que tendrán otros como Juan Agustin Figueroa en la misma zona o los otros Luschinguer que quedan, o Rene Urban, pablo Herdener, Sergio Gonzáles, Etc.

Porque este estado chileno funciona pero para los chilenos, no así para los Mapuche, que deben confiar en su propia fuerza.

Si la solución al problema que enfrenta a los Mapuche con el estado chileno y sus colonos en wallmapu pasa por la devolución de las tierras, como se vio obligado a reconocer el estado, no seria mejor evitarse tanta represión y atropellos y establecer un plan de entrega calendarizado.

La realidad se impone WALLMAPU EXISTE, es un hecho.

Y avanza, aunque sea a pasos de tortuga, también es un hecho.

Noticia original en: http://paismapuche.org/?p=3888

Fuente y link http://www.nasaacin.org/informativo-kueta-susuza/77-informativo-kueta-susuza/3229-chile-traspaso-de-historicas-tierras-en-conflicto-en-traiguen

Wallmapu: ¿Arriendos de tierras Mapuches por 99 años? por Cesar Cheuquel


jueves, 08 de diciembre 2011

¿Arriendos de tierras Mapuches por 99 años ?

Autor: César Cheuquel
 
Una triste  y verdadera forma jurídica de engaño de desprotección y vulneración de derechos por parte  del estado de Chile al utilizar este   tipo de arriendos o ventas disfrazadas  esta  realidad muy marcada hasta el día de hoy y que aún quedan muchas tierras mapuches  en manos de particulares  utilizando este instrumento “legal” el denominado arriendos a 99 años  o también llamada ley maldita.  Este arriendo solo buscaba el despojo y separación  de la tierra indígena para pasar a manos de personas particulares  no indígenas,  esta ley que surgió y tuvo su origen a partir del Decreto Ley 2.568, en el régimen militar del año 1979, fue una forma encubierta de maniobrar y proceder de esta ley siendo atentatorio y objeto de vulneración por este decreto  que solo buscaba impedir o neutralizar la plena implementación de  la ley 17.729.
 
La ley   17.729  fue promulgada en el gobierno de la unidad popular por el presidente Salvador Allende en septiembre del año 1972, ley que  alcanzo a durar aproximadamente un año,  con esta  ley se buscaba de alguna forma restituir los derechos a los campesinos e indígenas que  durante largos años habían sido postergados por el estado y como una forma de restituir y responder al programa de gobierno de la unidad popular que contemplaba dentro de sus medidas acelerar el proceso de reforma agraria con la redistribución  y expropiación de la  tierra en manos de los latifundios.
 
Curiosamente muchas tierras Mapuches principalmente del sur de Chile y con un alto interés  empresarial turístico y/o en condiciones agrícolas muy fértiles como también otras  a orillas  de los lagos y ríos, hoy actualmente están en posesión material de personas no mapuches, todo gracias a este “arriendo” , pese a que este decreto prohibía la enajenación de estas tierras por un periodo de 20 años por el Indap, pero que esto no fue más que una forma oculta legal de enajenar y  traspasar por casi un siglo  las tierras de los mapuche a particulares con un apetito incontrolable de provecho económico.
 
El convenio 169 de la OIT, con rango de ley de la Republica  viene  en señalar en su artículo 14, deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
 
Sin embargo en la práctica vemos muchos mapuches que aun no pueden ocupar estas tierras por permanecer anclados a este irrisorio “arriendo a 99 años” donde los tribunales de justicia  no han sido capaces de resolver estos  temas aun  pendientes, pese a que muchos hermanos mapuches están atados de manos con este tipo de contratos viciados que perduran aun en los registros de propiedades y de los instrumentos públicos notariales  y los conservadores de bienes raíces. Sin embargo en algo se ha avanzado con la actual ley indígena 19.253, que  no permite arriendos a  más de 5 años y solo la venta de tierra entre indígenas.
 
Solo nos queda como único mecanismo e instrumento internacional vinculante el convenio 169 de la OIT  como justicia social a los pueblos originarios donde en este convenio se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a invocar  ante los tribunales y a exigir  al estado que se dé plena implementación a este convenio como derecho internacional como única ley que puede ser utilizada en la  defensa y protección a los indígenas del mundo. Como así también se debe aplicar y tener en consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde el artículo 26 de esta Declaración señala, “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.”

Frente a estos diversos mecanismos e instrumentos jurídicos internacionales en que Chile ha ratificado y se ha hecho parte instamos a que el estado asuma estas  normas internacionales  para proteger y defender los intereses de los pueblos indigenas de Chile, principalmente del Pueblo Mapuche.

Fuente: http://www.diarioeltemucano.cl/ver_not.php?id=MzM5Ng==

Bolivia: Tierra, propiedad y poder


 

 

Bolivia:

Tierra, propiedad y poder

IPDRS(**)

El derecho a la propiedad de la tierra es un tema antiguo en las agendas sociales que, lejos de simplificarse, se ha ido haciendo cada vez más complejo por una intricada trama de correlaciones con intereses económicos en las estructuras de propiedad, los modelos de desarrollo vigentes, las tensiones entre diferentes concepciones culturales de apropiación, manejo y valores simbólicos de la tierra y la enorme, creciente presión de hábitos de consumo y demanda por la expansión de las fronteras agrícolas.

El presente artículo, penúltimo de la oferta anual del IPDRS,  refleja algunas dimensiones de esa complicada trama en Sudamérica, a partir de la reflexión compartida entre expertos de Argentina, Bolivia y Perú, que la debatieron en el marco de tres sucesivos y apasionantes eventos, llegando a la conclusión de que el debate está otra vez en agenda, más urgente y desafiante que nunca.

 

El almuerzo está servido, anuncia una voz aterciopelada y los comensales se acercan a la mesa donde se instalan frente a los platos de elegante cristal que contienen… píldoras de diversos colores…

Desde la década de los años 50 la literatura y el cine de ciencia ficción describían de esa manera el universo catastrófico de un futuro en el que los alimentos naturales y frescos serían los bienes más escasos.

Si bien el mundo aún no cumplió con esas profecías, ya transitando hacia la segunda década del Siglo XXI, en Sudamérica continúan y se incrementan las visiones calamitosas respecto a la escasez de los alimentos causada, entre otros factores, por la expansión de una frontera agrícola destinada principalmente a la producción de combustible, frutas de lujo para la exportación y  forraje para animales destinados al consumo de proteínas.

El motor de ese modelo de producción es impulsado por los hábitos de consumo de un mundo cuya población está en constante crecimiento, mientras sus hilos más poderosos y evidentes se expresan en la concentración de tierras agrícolas en pocas manos con el consiguiente despojo y abandono de tierras agrícolas de la producción campesina, desarrollo de empresas transnacionales y el fenómeno que se ha dado en llamar extranjerización de la tierra.

Derechos urgentes y problemas de siempre

La ola de revoluciones que recorrió Sudamérica en la década de los años 50 incluyó entre sus estrategias procesos de reforma agraria que tuvieron desenlaces diversos según las formaciones y devenirse históricos de cada país. Sin embargo, el derecho a la propiedad de la tierra sigue siendo una demanda insatisfecha de sectores sociales, principalmente campesinos e indígenas. Y esto ocurre casi por igual en todos los países sudamericanos ¿Por qué una aspiración que parece tan básica se encuentra en el medio de una tormenta creciente?

Según la investigadora argentina Lilian Ferro, quien presentó un estudio realizado en colaboración con el IPDRS, una perspectiva panorámica de la construcción histórica de la estructura de propiedad de la tierra en los países de Sudamérica muestra tendencias similares, principalmente a raíz del modelo agro exportador que la mayoría asumió desde hace varias décadas. Esa estructura se entiende mejor analizando la concepción diferenciada que los distintos sectores económicos y sociales tienen sobre la tierra, desde lo simbólico hasta lo financiero. En el origen de los problemas actuales -plantea Ferro- están aspectos de orientación y tendencias del desarrollo concebido como expansión de la producción en escalas crecientes de monocultivo y exportación de oleaginosas, lácteos, frutas y cárnicos.

Desde el análisis del investigador peruano Fernando Eguren, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), el acaparamiento de tierras en la región no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una problemática mundial, que ya está en las agendas de preocupación en esa misma dimensión. Eguren señala que no son problemas nuevos, puesto que parte de sus raíces se encuentran en el período de la Colonia y que, al mismo tiempo, responden a la presión de los patrones y hábitos de consumo a nivel global. Los cultivos “comodines” dijo Eguren, intentan responder a esa presión, un claro ejemplo son las grandes extensiones de maíz, caña, palma y soya, que lo mismo pueden servir para alimentar a la población, producir combustibles o convertirse en forraje de ganado.

Indudablemente hay una tendencia mundial al acaparamiento de tierras (land grabbing) como se conoce a la compra de tierras por parte de Estados ricos de Asia y de Arabia en países latinoamericanos y africanos, para contar con extensiones dedicadas a la producción de alimentos y combustibles para su propia población.

En Bolivia, apuntó Miguel Urioste, investigador de la Fundación TIERRA, hay extranjerización de la tierra, mostrando datos numéricos para el caso boliviano, que ilustran la conclusión de que el flujo de inversiones extranjeras (principalmente brasilera) va dirigido sobre todo a la producción de soya, cuya expansión está produciendo depredación forestal, monocultivo y retraso o impedimento de los procesos de saneamiento de la propiedad.

Juan Carlos Rojas, ex director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a tiempo de mostrar los logros del saneamiento en Bolivia,  alertó sobre un proceso de reversión de los derechos indígenas sobre tierra y territorio, generados por la visión tradicional de desarrollo agroexportador y provocando una corriente de enfrentamientos entre campesinos e indígenas.

 En busca de respuestas

El acceso a la tierra es más que obtener el título y la legalización o, en términos más amplios, contar con lo que se denomina la condición de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra para individuos y comunidades o del territorio cuando se trata de pueblos indígenas. La amplitud incluye valores, simbología, modos de vida, continuidad y sostenibilidad, persiste más allá de procesos históricos de distribución y va más profundamente que la noción de recursos naturales.

Esa complejidad es fundamental para entender la demanda de acceso a la propiedad de la tierra según la perspectiva de distintos sectores y, por ende, la preocupación generalizada respecto a la concentración o acaparamiento de tierras. A eso apunta la campaña Crece de OXFAM, cuyo informe señala que las principales violaciones del land grabbing en Sudamérica son la falta de información transparente, condiciones laborales inseguras en el sector del empleo agrario, inseguridad jurídica, expropiaciones ilegales, desplazamiento de poblaciones rurales y presión sobre el recurso agua, cada vez más escaso. La mayoría de los gobiernos de países sudamericanos no asumen la gravedad del problema, señaló Luis Camacho, miembro de Oxfam en Bolivia.

¿Hay soluciones para enfrentar los diversos aspectos de este panorama desalentador? Los investigadores que participaron en la serie de reflexión sobre tierra, propiedad y poder coincidieron fundamentalmente en que hay problemas de información e interpretación de los datos y de intereses económicos y políticos que involucran tanto a los gobiernos como a la sociedad civil.

En el primer punto, como lo mencionó Camacho, la respuestas de fondo pasan por desafiar los mitos vigentes, como por ejemplo que hay mucha tierra de labranza disponible, que la agro exportación genera empleo y que los impuestos de las empresas compensan el deterioro de la tierra.

En cuanto a los intereses, se trata de acciones de carácter macro orientadas hacia aspectos estructurales, como garantía de los derechos, políticas de desarrollo sostenible, mecanismos de transparencia respecto a las inversiones y al manejo de la información privada y estatal, aplicación y exigibilidad de las leyes y normas que desalienten la concentración.

Los Estados y las diversas expresiones de la sociedad civil, desde organizaciones campesinas e indígenas de base hasta los gremios empresariales, tienen papeles específicos que deben cumplir a veces juntos y a veces diferenciados.

No es falsa alarma

En la mayoría de los países sudamericanos hay procesos económicos, culturales y políticos respecto al desarrollo rural que, si bien tienen tonalidades distintas en cada uno, en realidad se deben estudiar, analizar y enfrentar como procesos regionales. Esto es, justamente, lo que está haciendo el IPDRS. La propiedad de la tierra es un claro ejemplo de esa diversidad y de la necesidad de un enfoque regional.

El contenido de la reflexión que sirvió de base a este artículo nos está alertando al mostrar que, pese a un extendido discurso regional sobre seguridad y soberanía alimentaria, las situaciones de concentración y uso de tierras responden más bien a procesos económicos que a la necesidad de asegurar la alimentación y el uso sostenible de los recursos en Sudamérica.

Por ello, el IDRS insiste en que se debe abrir un nuevo debate subcontinental, que es responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad civil, y tomar las medidas adecuadas para evitar que el capital financiero termine apropiándose del agro.

(*) El contenido de este artículo se basa en una serie de eventos de información y reflexión sobre el tema, el mes de noviembre del año en curso en las ciudades de La Paz y Santa Cruz con la participación de: Luis Camacho, OXFAM Bolivia; Fernando Eguren, CEPES, Perú; Lilian Ferro, Argentina; Juan Carlos Rojas, Bolivia y Miguel Urioste, Fundación TIERRA, Bolivia.

(**) El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) organizó los eventos junto con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), el Centro de Investigación y Desarrollo de Estudios Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES – UMSA), ICCO, OXFAM y la Fundación TIERRA.

Fecha: 05 de diciembre del 2011
Por: IPDRS

Argentina: El problema de la Tierra no está resuelto concluye foro internacional


Argentina: El problema de la Tierra no está resuelto concluye foro internacional

Servindi, 19 de noviembre, 2011.- El Foro de la Tierra realizado del 9 al 11 de noviembre en Salta, Argentina, concluyó que el tema de la propiedad de la tierra “no está resuelto” y en torno a el “persisten los reclamos, los desalojos y conflictos”. “La tierra atañe al conjunto del territorio y los problemas vinculados a este recurso no pueden pensarse de forma aislada”.

El evento fue organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y la Federación Agraria Argentina (FAA).

El foro congregó a más de 250 representantes de organizaciones que trabajan la temática de la tierra y el desarrollo rural a nivel nacional y regional.

Desde la perspectiva indígena el tema de la tierra es un tema de territorios y los pueblos indígenas tienen actualmente diferentes experiencias en relación a la tierra. Por ejemplo, “se observan lógicas distintas a las tradicionales: la tierra vinculada al desarrollo, expectativas para aprovecharla y ponerla en valor”.

La relación entre el Estado y los pueblos indígenas ante la tierra y el territorio “es cambiante, diversa, tensional y central. Los procesos implican aprendizajes de ambos lados, tanto desde los Estados, como de los movimientos indígenas”.

Tras la retirada del Estado registrada en las últimas décadas en los países latinoamericanos, es necesario redefinir cómo se maneja el tema de la tierra y los territorios.

Hay factores a considerar como el cambio en las lógicas de las reformas agrarias anteriores y actuales, cambio de significados de la tierra en el acceso a recursos y no solo de propiedad y tenencia, necesidad de participación de diferentes actores en las políticas públicas y la legitimidad social de las leyes.

Conclusiones del Foro de la Tierra 2011

Del 9 al 11 de noviembre se llevó a cabo el Foro de la Tierra 2011 en Salta, Argentina, evento organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y la Federación Agraria Argentina (FAA). El Foro congregó a más de 250 representantes de organizaciones que trabajan la temática de la tierra y el desarrollo rural a nivel nacional y regional.

1. Los problemas vinculados al tema de la tierra son de largo plazo y provienen de una historia relacionada a procesos de pérdida y expulsión, de luchas por la tierra y procesos de reivindicación. El tema de la propiedad no está resuelto, persisten los reclamos, los desalojos y conflictos.

2. El tema de la tierra atañe a todos en los diferentes países latinoamericanos. Las leyes de tierras tienen historias diferentes, responden a distintas propuestas y son negociadas de distintas formas. Esta situación ocasiona conflictos, los que pueden ser resueltos de forma adecuada o pueden ser largos y complejos de resolver.

3. Necesidad de trabajar en procesos de ordenamiento territorial. La tierra atañe al conjunto del territorio, los problemas vinculados a este recurso no pueden pensarse de forma aislada, las respuestas atañen a múltiples actores, estas pueden ser concertadas o tensas y suelen estar vinculadas a acciones de presión.

4. Los jóvenes que trabajan en el campo no son adolescentes, tienen edad para tener parejas y familias, por lo que tienen mayor facilidad para generar arraigo en su tierra, lo que requiere esfuerzos conjuntos y concertación. Existe una actual preocupación por la formación de las nuevas generaciones en el campo, que son las que dan sostenibilidad a los proyectos, por lo que se debe impulsar la inserción de los jóvenes en los procesos vinculados a la tierra y desarrollo rural.

5. Los observatorios y sistemas de vigilancia de la tierra y recursos naturales brindan una oportunidad única para observar los procesos vinculados a la tierra tal y cómo van pasando. Los observatorios dejan un rastro del problema de la tierra y los diferentes temas y actores involucrados –pueblos indígenas, campesinos, criollos, estados, entre otros. Es importante reflexionar sobre los i) procesos que se observan y monitorean, ii) la tipología de productos que se generan y su utilidad, y iii) la interpretación de datos.

6. Desde la perspectiva indígena el tema de la tierra es un tema de territorios. Los pueblos indígenas actualmente tienen diferentes experiencias en relación a la tierra, se observan lógicas distintas a las tradicionales: la tierra vinculada al desarrollo, expectativas para aprovecharla y ponerla en valor.

El Estado está presente en el tema de la tierra y los problemas de los pueblos indígenas por este recurso, la relación entre estos dos actores es cambiante, diversa, tensional y central. Los procesos implican aprendizajes de ambos lados, tanto desde los Estados, como de los movimientos indígenas.

7. Tras la retirada del Estado registrada en las últimas décadas en los países latinoamericanos, es necesario redefinir cómo se maneja el tema de la tierra y los territorios. Para ello se debe tener en cuenta distintos factores, entre ellos: i) el cambio en las lógicas de las reformas agrarias anteriores y actuales, ii) cambio de significados de la tierra –tema de acceso a recursos y no solo de propiedad y tenencia, iii) necesidad de participación de los diferentes actores en las políticas públicas, no solo importa la calidad de las leyes, sino cómo estas han sido negociadas y su legitimidad social.

8. En la Argentina el manejo de los territorios y la competencia para la resolución de conflictos se trabaja desde la dimensión nacional –gobiernos y leyes nacionales– y local –gobiernos regionales con sus propias legislaciones–, situación que se repite en otros países de la región. En estos contextos complejos se debe revisar cómo se define la propiedad en relación al Estado, las colectividades y los diversos grupos que habitan los territorios, las lógicas de apropiación y propiedad y los procesos de transformación productivos, así como los mecanismos para el desarrollo de los territorios y la propiedad de la tierra teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas poblaciones.

9. Desafíos a futuro: i) necesidad de conceptualizar y establecer un lenguaje común para poder discutir los temas relacionadas a la tierra y los territorios, ii) impulsar soluciones locales de cara a las tensiones globales, iii) promover el diálogo y los procesos de negociación, iii) asegurar y garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra considerando a las diversas poblaciones, iv) plantear soluciones diferenciadas para los problemas de la tierra teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos, v) necesidad de manejar políticas agrarias y medidas a diferentes niveles (nacional, regional y local), vi) conservación de identidad de cara a los procesos actuales de cambio.

 

Fuente:

Wallmapu: El prontuario social -ambiental de CMPC – Forestal Mininco (Grupo Matte)


EL PRONTUARIO SOCIAL – AMBIENTAL DE CMPC – FORESTAL MININCO (GRUPO MATTE)

CMPC – Forestal Mininco, holding y empresa respectivamente dedicado a la industria extractiva forestal y de celulosa – papelería, perteneciente al grupo económico Matte ha sido acusado de generar graves impactos territoriales – ambientales y de mantener bajo su dominio tierras que son consideradas “usurpadas” ante el reclamo de diversas comunidades del Pueblo Mapuche. Asimismo se la he sindicado de ser responsable directo en la criminalización de la protesta social Mapuche.

Al conflicto forestal – celulosa se agrega el conflicto de proyectos de represas hidroeléctricas en algunos territorios a través de Colbún, socia de Endesa.

FORESTAL MININCO – CMPC – GRUPO MATTE

Conflictos territoriales: Muertes y asesinatos en el marco de conflictos de tierras – Decenas de predios bajo el dominio de esta Holding CMPC, Forestal Mininco, que representan a varios miles de hectáreas que se encuentran en conflicto territorial con diversas Comunidades Mapuche que las reclaman como parte del territorio ancestral e incluso en algunos casos como usurpación “legal” directa. Dentro de los espacios territoriales que se reclaman, existen lugares de significación cultural, social, espiritual-religiosa Mapuche.

- En ese marco, un joven Mapuche, Alex Lemún, de 17 años, perteneciente a la comunidad Mapuche Montutui Mapu reclamaba el predio denominado: Fundo Santa Elisa de Forestal Mininco. Lemún fue asesinado por un mayor de Carabineros, quedando mortalmente herido un 7 de noviembre del 2002, agonizando por varios días.

- En mayo del 2005, otro joven Mapuche, Zenén Díaz Necul, de 15 años de edad, fue atropellado por un camión en medio de una protesta en la carretera contra la Empresa Forestal Mininco. La protesta era producto de que la comunidad Ranquilco había sido víctima de un atentado como acto de “amedrentamiento” sindicado a los forestales-seguridad de la empresa Mininco en contra de espacios ceremoniales y simbología religiosa que fue destruida y que era propia de la cultura y espiritualidad Mapuche al interior de predio que reivindican.

Judicialización, persecución y Encarcelamiento

- En ese contexto, existen numerosas personas condenadas incluso a más de 10 años de cárcel, de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categoría de “terrorismo”, en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados. Un claro ejemplo de esto, es lo ocurrido con el denominado caso “Poluco Pidenco”, el que se llevó a cabo ante la quema de 100 hectáreas de plantaciones de monocultivos de pino en la comuna de Ercilla en el año 2001. Por esta quema, a cada uno de los que fueron involucrados se les condenó a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena como autores del delito de incendio terrorista hecho y a pagar solidariamente al demandante civil Forestal Mininco S.A. la suma de cuatrocientos veinticuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos ($ 424.964.798).

- El caso Poluco Pidenco es el reflejo de la criminalización y Judicialización de la Protesta social Mapuche y denota las secuelas del conflicto con Poderosos Grupos Económicos, como los Matte, capaces de someter el aparato Estatal a sus intereses. El juicio ha sido considerado “viciado” en donde en otras instancias, a otro imputado se le absolvió de cargos por las mismas acusaciones. Se utilizaron testigos secretos, imposibilitaron a la defensa para una básica actuación y las penas fueron absolutamente desproporcionadas.

- Por este mismo caso varios Presos Políticos Mapuche han tenido una riesgosa Huelga de hambre durante el 2006. Una de ellas, Patricia Troncoso repitió la protesta desde el 10 de Octubre del 2007 manteniéndola durante enero del 2008, con más de 90 días en huelga exigiendo la libertad de todos los Presos Políticos Mapuches y la desmilitarización de los territorios. A los Matte, se les acusa de ser uno de los principales responsables “políticos” de obstaculizar cualquier iniciativa que permita la obtención de justicia, verdad y libertad para estos prisioneros.

- La situación de represión, judicialización, persecución, se extiende a numerosas personas Mapuche en diferentes localidades en el marco de los conflictos territoriales con Forestal Mininco, como Ercilla, Lumaco, Chol Chol, Collipulli, Purén, Los Sauces, Cañete, Tirúa, entre otros.

Impactos Expansión Plantaciones Industria Forestal

- La expansión de su industria Forestal con monocultivos de especies exóticas de pino y eucaliptos con miles y miles de hectáreas plantadas han generado una serie de impactos a los territorios, ecosistemas y sus poblaciones: Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos y limitaciones al libre tránsito; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal, entre otros.

Impactos Celulosa CMPC

- Las plantas de Celulosa de CMPC, todas, absolutamente todas tienen registros de impactos sociales y ambientales en los lugares de su funcionamiento. Uno de ello, solo a modo de ejemplo, es el derrame ocurrido a mediados del 2005 de petróleo Fuel Oil Nº 6, combustible usado en el proceso productivo, al cause de la Quebrada Sin Nombre y del Estero Tijeral dentro de la comuna de Renaico, sector Mininco en los límtes del norte de la Región de la Araucanía, por la denominada planta “Pacífico”. Después del derrame de petróleo se produjo una lluvia larga y como es tradicional en el sector se desbordó el Estero Tijeral que abarca aproximadamente 300 metros. El petróleo aparentemente ha quedado en las napas hasta la fecha, pues, después de varios días de lluvia en el valle el petróleo vuelve a salir a la superficie, evidenciándose con manchas azulejas en el suelo. Antes del derrame el Valle Huelehueico era considerado uno de los más fértiles de la zona, facilitando una producción agrícola de calidad. Actualmente, el ecosistema se ha visto deteriorado, perjudicando la salud de las familias, afectando la sustentabilidad de la producción agrícola y frutícola que es la principal fuente de ingresos en el lugar, como también a la existencia de la flora y fauna del valle, y calidad de las aguas. A esto se agrega la contaminación social por la serie de iniciativas de “coaptación” que han dividido a las poblaciones. Estos hechos han sido denunciados por propios habitantes de los lugares afectados. Idénticos e incluso antecedentes de mayor gravedad han sido registrado en otros lugares de funcionamiento de celulosas de CMPC. Cabe mencionar, que la empresa tiene las siguientes plantas: Pacífico (sector Mininco – Renaico), Laja (Lugar de confluencia de los ríos Bio Bio y Laja en la VIII Región) y Santa Fe, también en la VIII Región .

Proyectos Hidroeléctricos y sus amenazas

Actualmente, el Grupo Matte lleva adelante iniciativas Hidroeléctricas a través de la empresa COLBÚN, quien ha iniciado una expansión de proyectos que traerían graves impactos en distintos puntos del País. Uno de ellos es el que pretenden instalar en el río San Pedro entre las comunas de Los Lagos y Panguipulli, junto al megaproyecto HidroAysén, que pretende construir cuatro represas en los ríos Baker y Pascua en la XI Región en alianza con la transnacional ENDESA – España, la misma del genocidio a las comunidades Mapuche pewenche en los Altos del Bio Biio (Ralco).

- Estos proyectos hidroeléctricos se pretenden emplazar en desmedro de territorios, ecosistemas y sus poblaciones, los que afectarían la calidad de vida de estos, la cultura, sociedad y diversas actividades de sustento como el Turismo y varias otras sustentables. Los proyectos Hidroeléctricos que aunque se emplazan y se justifican por “La utilidad pública” o bien el “interés nacional” son negocios de unos pocos, en desmedro de las grandes mayorías y sus territorios. Atentan a Derechos fundamentales y generan graves e irreversibles impactos. Inundaciones, desplazamientos de poblaciones, pérdidas sociales, culturales y económicas, desplazamientos de enormes maquinarias, excavaciones profundas y movimientos de tierras, intervención de bosques nativos, pérdida de flora y fauna, la ursurpación de Derechos sobre Recursos naturales (subsuelo, aguas), entre muchas otras consecuencias.

Lugares Sagrados del Pueblo Mapuche en Poder del Grupo Matte

Algunos de ellos:

Alto Bio Bio: Kuel en Territorio Pewenche

Un monte, denominado el Puntiagudo dentro de un predio de Forestal Mininco (Los Notros), es un lugar ceremonial ancestral y que fue recientemente identificado por la antropología viva, con estudios internacionales y locales.

El Kuel, además de estar rodeados de plantaciones de pino que ha instalado la empresa, sufriría impactos debido a las implicancias que tendría el proyecto hidroeléctrico “Angostura (COLBUN)” , del mismo grupo económico propietario de Forestal Minco (CMPC) y socios de la Transnacional ENDESA, la misma que represo el río Bio Bio más arriba construyendo dos centrales: Pangue y Ralco.

La empresa Forestal lo mantiene en su predio “particular” y en su loma se ubicó hace algunas décadas, una Cruz y un monolito a San Sebastián, el que inexplicablemente fue trasladado desde otro lugar a donde se ubica el Kuel.

Meli Newen desde El Alto Bio Bio explicaba en una nota anterior, post ceremonia realizada en dicho Kuel: “La comunicación con los Dueños Gen Mapu de los lugares de importancia espiritual y energética, es una práctica que se retoma en actividades como la realizada este fin de semana en el Kuel establecido en el Cerro Puntiagudo en la Confluencia de los ríos Bío Bío y Huequecura, marcando el inicio del Territorio Histórico Pewenche de Alto Bío Bío. Las voluntades puestas en lucha ante el proyecto Angostura (Colbún – grupo Matte), la información recolectada sobre este Kuel (del mapudungun: que Sostiene la Creación) con los sabios Kimche y videntes Pewmafe de Alto Bío Bío, y la característica de este elemento patrimonial como lugar ceremonial de carácter ancestral, fueron los motivos que convocaron a la realización de esta actividad ceremonial” De esta forma se continúa con las ceremonias en dicho Kuel.

Cabe mencionar que el Longko Antolin Curriao, emblemático dirigente contra el proyecto hidroeléctrico Ralco (Endesa) fue una de las últimas autoridades Pewenche que realizó ceremonia allí. Hoy se continúa, sin embargo, no solo la imposición de la propiedad privada del grupo Matte en su predio Forestal y además su proyecto hidroeléctrico con Colbún en el faldea del Kuel son un impedimento, además, la imposición de figuras religiosas de la Iglesia Católica también se vuelve otro obstáculo que debe resolverse.

El caso de Rupukura: Forestal Mininco y el salto Kelen Kelen

Otro conflicto, que es emblemático en el sector, es el que ocurre en Rupukura, cordón del Nahuelbuta, El conflicto se genera producto de la instalación de la Empresa Forestal Mininco al interior de un espacio ecológico, de bosque nativo y de una salto de agua y de lugar ceremonial que reclama la comunidad Nahuelpi. Actualmente este lugar se encuentra rodeado de pinos de la empresa forestal.

El despojo de estas tierras, se remonta a más de 30 años, donde pasó a manos de un Sr. De apellido Hidalgo, para luego, en los últimos años, trasferirlo a la empresa forestal Mininco.

Para la cosmovisión Mapuche, cada lugar tiene su espíritu, su dueño, están llamados los menoko, los wigkul, los xayenko, que se identifican en este lugar con concentración de fuerzas, más aún ha sido un espacio histórico ceremonial Mapuche en el salto de agua llamado Kelen Kelen, así lo entienden las familias mapuche que habitan el lugar.

La empresa Forestal Mininco cerró el lugar con alambres y cercos y custodia permanentemente el sector con guardias y perros.

El caso se conoció en a fines del 90 y principios del 2000 cuando la comunidad inició un proceso llamado de “Recuperación”. Posteriormente, se señala que también asumieron un proceso de la revitalización del uso religioso del lugar a través de la realización de rogativas con apoyo de autoridades originarias mapuche.

En el lugar se articuló en su momento un comité de pequeños agricultores (todos Mapuche) bajo la Asociación Mapuche Wenteche del sector Rupukura Chol- Chol, la que ha realizado varias acciones para recuperar el lugar, quienes consideran dicho espacio como un lugar sagrado y que actualmente se está destruyendo con los monocultivos de la forestal. Sin embargo, en medio del proceso de recuperación, han existido desalojos por fuerzas policiales, arrojando varios detenidos. Incluso, aún, con varios años del conflicto, existen 3 comuneros mapuche del lugar que mantuvieron situaciones judiciales a causa del conflicto.

En el año 2002 se reorganizó la demanda de recuperación con el apoyo del Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, OLCA, presentando una solicitud formal a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI para un estudio jurídico de las tierras del área y que este organismo ofrezca una solución para acceder al salto de agua y en definitiva recuperar la tierra legalmente. Según información recabada, un funcionario CONADI informó que conversó con la empresa (no hay constancia de esto, es lo que señaló un subdirector) pero hasta la fecha no ha ocurrido ningún cambio.

El conflicto no ha tenido solución y se acusa que forestal Mininco nunca tuvo una disposición a solucionar este problema, por el contrario, mientras para la gente mapuche el problema es la pérdida de un lugar que ancestralmente ha sido cultural, ceremonial, espiritual mapuche, para la forestal el problema es la invasión y ocupación ilegal de su propiedad privada, lo que generó los desalojos y acciones represivas.

Compilación: Alfredo Seguel

INFORMACIÓN RELACIONADA

La Megaindustria Forestal Chilena y el Territorio Mapuche. / Acceder: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=7564

CHILE CONTAMINADO: LOS CRÍMENES SOCIALES – AMBIENTALES DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE ANGELINI / Acceder: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=7520

El prontuario del nuevo “club verde” de Lagos, Luksic y Saieh – Radio U. de Chile / Acceder: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=5563

CARTA de GTDC impugnando proceso certificación Ambiental FSC a Empresas Forestales Chilenas / acceder: http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=5547

Antecedentes públicos de conflictos y disputas de tierras entre Comunidades y Empresas Forestales. / Hacer Clic a Continuación- word :

http://www.mapuexpress.net/images/publications/24_9_2011_0_38_23_3.doc

Ver también más antecedentes de las Empresas Forestales / Radiografía al conflicto Forestal en Chile / http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/informesEspeciales/011_InformesEspeciales_InformeSobreForestacionEnChile.pdf

Modelo forestal chileno y Movimiento autónomo Mapuche: Las posiciones irreconciliables de un conflicto territorial / http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo_forestal_chileno.html

Fuente:
Equipo editorial
MAPUEXPRESS
mapuexpress@gmail.com
http://www.mapuexpress.net
http://twitter.com/Mapuexpress

Publicado con WordPress para BlackBerry.

Bolivia: Marcha del Tipnis parte de Quiquibey rumbo a La Paz


Marcha del Tipnis parte de Quiquibey rumbo a La Paz

LA PAZ |

Los indígenas defensores del Tipnis, reagrupados en la comunidad de Quiquibey tras la represión policial del domingo 25  en Yucumo, reanudaron al promediar las 07.00 de este sábado su marcha rumbo a la ciudad de La Paz.

Procedentes de San Borja y Rurrenabaque, donde fueron trasladados por la policía en buses, después del violento operativo de intervención a la marcha, cientos de indígenas se concentraron desde el viernes en Quiquibey, una pequeña población ubicada a 43 kilómetros de Yucumo, en la frontera de los departamentos de La Paz y Beni.

La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando la marcha de los indígenas para precautelar que se respeten todos sus derechos constitucionales y se eviten nuevas acciones represivas. El delegado del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Edwin Claros afirmó que ante la reanudación de la marcha indígena desde la comunidad de Quiquibey hacia la ciudad de La Paz, seguirán haciendo seguimiento y vigilancia a la movilización.

“La misión constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo es hacer que se respeten los derechos humanos de todos los sectores sociales y habitantes del país, máxime si en este caso defienden derechos consagrados en la propia Constitución”, dijo.

La VIII marcha indígena, luego del reagrupamiento que se desarrolló durante toda la jornada del viernes, atravesó esta mañana el puente del río Quiquibey, traspasando de esta manera el límite regional para ingresar al departamento de La Paz, reportó la Fundación Tierra.

En ese marco, Claros reiteró que proseguirán con su labor de acompañar a los marchistas para que se respeten sus derechos y no vuelvan a ocurrir situaciones de violencia como los del pasado domingo.
“Vamos  a seguir acompañando a los marchistas indígenas, precautelando sus derechos, seguridad física, alimentación y otras necesidades básicas como garantizar la salud de niños, mujeres y ancianos”, agregó.

CONCERTACION

Según Claros, deben agotarse todas las instancias para reinstalar las mesas de diálogo tanto con los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como también con las autoridades de Gobierno.

“Después de los sucesos del pasado domingo, se debe dar un giro de 90 grados en los fines y objetivos del diálogo, toda vez que el presidente Evo Morales ha suspendido la construcción de tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y existen marcadas diferencias entre los sectores en conflicto”, agregó.

El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba dijo que están a la espera de que se den las condiciones para volver a las conversaciones, pese a la suspensión de la  construcción de la carretera, pues lo que queda es valorar todas las alternativas posibles para encontrar soluciones de consenso.

NO HABRA DIÁLOGO

Los dirigentes indígenas declararon a los enviados de los medios de comunicación que no dialogarán con ningún ministro del gobierno en todo su trayecto, pues piensan llegar hasta el Palacio Quemado para plantear sus demandas directamente al presidente Evo Morales.

La llegada de los indígenas a Quiquibey sorprendió a los habitantes de la comunidad. “No sabíamos que venían. Nadie nos dijo nada, no hay problema si se quedan aquí, pero no pudimos preparar nada, hubiéramos organizado bailes y algo para recibirlos”, dijo un habitante de la localidad en declaraciones difundidas por Tierra.

Quiquibey pertenece al municipio de San Borja y agrupa a diez comunidades, dedicadas principalmente a la siembra y cosecha de arroz y plátano.

La reanudación de la marcha indígena se produce en el marco de renovados ataques del presidente Evo Morales a los marchistas y los preparativos para la realización de una contramarcha de colonizadores afines al gobierno.

En un discurso pronunciado el viernes en Arque, Cochabamba, el mandatario acusó a los indígenas de buscar el fracaso de las elecciones judiciales del 16 de octubre.
“Un compañero me dijo: esta marcha desde el primer momento estaba orientada para perjudicar y hacer fracasar las elecciones del 16 de octubre. Yo recién me estoy dando cuenta”, dijo Morales, al tiempo de señalar que “la derechos y los opositores” están detrás del conflictos.

Por su parte, la Confederación de Comunidades Interculturales (colonizadores) anunció para el 12 de octubre una contramarcha de apoyo al gobierno, con Patacamaya como punto de partida y La Paz como destino.

Fuente: http://m.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20111001/marcha-del-tipnis-parte-de-quiquibey-rumbo-a-la_143934_296791.html

Publicado con WordPress para BlackBerry.

Bolivia: CAOI reitera llamado al diálogo en Bolivia a partir del respeto a los derechos indígenas


2011-09-26

CAOI reitera llamado al diálogo en Bolivia a partir del respeto a los derechos indígenas

CAOI
La VIII Gran Marcha Indígena ha sido violentamente reprimida por la policía en la Amazonía boliviana, una respuesta que no se esperaba de un gobierno indígena. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) lamenta profundamente estos hechos y reitera su llamado a la calma y la reflexión, en particular al Presidente Evo Morales, para emprender un diálogo a partir del respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Porque un gobierno que se identifica como indígena no puede reprimir a los pueblos indígenas y sus organizaciones que marchan por un reclamo justo. Que cuestionan la construcción de una carretera porque ésta destruye la naturaleza y viola los derechos constitucionales, las leyes y los tratados internacionales.
Una carretera que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS) y que forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), cuya ejecución es estratégica para el imperialismo y para el expansionismo brasilero.
No es posible que el primer gobierno del Abya Yala que dio rango de ley nacional a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que incorporó estos derechos en su Constitución, que centró las esperanzas del movimiento indígena continental, use la represión al estilo de los gobiernos neoliberales de la región.
Es en nombre de esos derechos, de ese proceso de cambio, que el movimiento indígena boliviano ha brindado su apoyo al Presidente Evo Morales en los momentos más difíciles de su mandato. Como CAOI, apoyamos los procesos de cambio, no megaproyectos destructivos que afianzan el modelo extractivista, el colonialismo y la violación de derechos.
Insistimos en la necesidad de diálogo, no puede imponerse una consulta porque eso es exactamente lo contrario a este derecho. El Coordinador General de la CAOI Miguel Palacín Quispe y el Coordinador General de COICA Eswin Vásquez Campos se reunieron la semana pasada con el Ministro de la Presidencia Carlos Romero, quien se comprometió a iniciar el diálogo con las organizaciones indígenas bolivianas. El Canciller David Choquehuanca llegó el sábado a la zona, los indígenas lo retuvieron unas horas, pero él aun así insistió en mediar con los colonos. Nada justifica la represión.
CAOI siempre ha afirmado que la única garantía para la continuidad del proceso de cambio en Bolivia es profundizarlo, es respetar, cumplir, proteger los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas, los derechos de los pueblos indígenas, su Constitución, sus leyes, los tratados internacionales. Dando participación a todos los sectores.
El diálogo en Bolivia es urgente. Y debe partir por el respeto a los pueblos indígenas y sus organizaciones, a sus derechos reconocidos, a la Constitución, las leyes, los tratados internacionales. Y a un proceso de cambio que corre serio peligro si empieza a ser minado desde adentro.
Lima, 26 de septiembre del 2011,
 
Coordinación General CAOI
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Perù: Calmantes y bolígrafos para apaciguar a indígenas del sudeste de Perú. Actos coinciden con la llegada de los gigantes energéticos que quieren abrir sus territorios a la exploración de gas natural.


Calmantes y bolígrafos para apaciguar a los indígenas de Perú

14 septiembre

Raya, un anciano nahua. Más de la mitad de su pueblo fue aniquilado tras la apertura de su tierra a la exploración petrolífera.
Raya, un anciano nahua. Más de la mitad de su pueblo fue aniquilado tras la apertura de su tierra a la exploración petrolífera.
© Johan Wildhagen/Survival

Los indígenas aislados en el sureste de Perú están siendo “sobornados” con calmantes y bolígrafos coincidiendo con la llegada de los gigantes energéticos que quieren abrir sus territorios a la exploración de gas natural.

Survival International ha sabido que incluso miembros de INDEPA, la agencia gubernamental que debe proteger a los pueblos indígenas de Perú, han presionado a las comunidades para que se pueda investigar en la reserva en la que viven.

Trabajadores del gigante gasístico argentino Pluspetrol han estado en la Reserva Kugapakori-Nahua, donde han llevado a cabo pruebas medioambientales para evaluar si el suelo es adecuado. La reserva se creó en 1990 para proteger los derechos territoriales de los indígenas vulnerables.

Los indígenas aislados nanti viven en lo profundo de la Reserva Kugapakori-Nahua, y se encuentran amenazados por la invasión de sus tierras y las enfermedades.
Los indígenas aislados nanti viven en lo profundo de la Reserva Kugapakori-Nahua, y se encuentran amenazados por la invasión de sus tierras y las enfermedades.
© Survival International

Enrique Dixpopidiba Shocoroa, un líder nahua, ha explicado que han dado a su comunidad material médico, de papelería y promesas de trabajo temporal.

Estos preocupantes hechos coinciden con la aprobación histórica por parte del presidente peruano, Ollanta Humala, de una ley histórica diseñada para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre cualquier proyecto que los afecte a ellos o a sus tierras.

Sin embargo, alrededor de 15 pueblos indígenas han elegido resistirse al contacto en la Amazonia peruana, y varios de ellos se encuentran dentro de la citada reserva. Todos se enfrentan a la extinción si se abren sus territorios.

El director de Survival International ha declarado hoy: “La explotación de hidrocarburos en las reservas para indígenas aislados es una burla a la nueva ley de Perú. También supone poner en riesgo la promesa del Gobierno de proteger a los indígenas no contactados, que son especialmente vulnerables”.

La mitad de los nahuas murieron después de que Shell comenzase a buscar petróleo en sus tierras en la década de los 80. En la actualidad los indígenas aislados que aún viven en la región están en extremo peligro de sucumbir a enfermedades introducidas por los foráneos”.

RELACIONADO

Peru-mascho-piro-hpp-04_widescreen_small

PUEBLO INDÍGENA

Indígenas aislados de Perú

Play-button-overlay

VIDEO CLIP

Mobil busca petróleo

Uncontacted-tribes-notext_widescreen_small

TRANSLATION MISSING: ES, SHARED, CAMPAIGN

Indígenas aislados

NOTICIAS DE LOS INDÍGENAS AISLADOS

  1. Luz verde para un oleoducto amazónico entre sospechas de “encubrimiento”
    18 AGOSTO 2011
  2. El misterio sin resolver de los esclavos de la fiebre del caucho
    1 AGOSTO 2011
  3. Advertencia al nuevo Gobierno de Perú: el progreso puede matar
    28 JULIO 2011

LAS HISTORIAS TOP ACTUALES

  1. Indígenas amazónicos confirman invasión de madereros cerca de los indígenas aislados
    20 SEPTIEMBRE

 

Fuente: http://www.survival.es/noticias/7696

 

Wallmapu (Los Ríos): Comunidades mapuche se movilizan por amenaza industrial.


Miércoles 14 de septiembre 2011 20:10 hrs.

 Comunidades mapuche de la región de Los Ríos se movilizan por amenaza industrial

Paula Correa
mapuches_movilización

Para visibilizar los conflictos de las comunidades mapuche, hulliche y lafkenche de la región de los Ríos se realizó una movilización y se anunció el trabajo conjunto de las distintas comunidades indígenas para recuperar sus territorios ancestrales.

Una gran movilización por la defensa del territorio se realizó en Valdivia ante la amenaza estatal-privada de industrias extractivas y energéticas que afectan a distintas comunidades indígenas de la región de Los Lagos.

Estos conflictos se arrastran hace años y aún no encuentran una solución. Es más, se han ido acrecentando con el paso del tiempo, dejando a las comunidades y sus demandas en el olvido.

Ante esto se conformó la Coordinadora de Territorios en Conflictos a la que pertenecen las comunidades de Rupumeika, Pilamiquén, Mehuín, Trafún y diversas asociaciones urbanas de Valdivia, que buscan dar a conocer lo que está ocurriendo en la zona.

“Hace algún tiempo el intendente de la región de Los Ríos dijo que en esta zona no existían problemas. Las comunidades quieren desmentir eso para dar a conocer a la ciudadanía, a la región y al país que existen conflictos en el territorio mapuche. Hemos apoyado y nos hemos dado cuenta en las condiciones en que están. Hay mucha gente humilde que necesita ayuda”, comentó Carlos Muñoz Huenulef, vocero del hogar y centro cultural Weliwen.

Las comunidades de Mehuín llevan años luchando contra Celulosa Arauco (CELCO), empresa que en 2010 anunció la construcción de un nuevo ducto de desechos en la zona, después del derrame de tóxicos que mató a cientos cisnes en el santuario de la naturaleza del río cruces el año 2005.

Hoy en los alrededores de Osorno las comunidades de Río Bueno se están manifestando contra la construcción de la central Hidroeléctrica Pilmaiquén, la que se pretende instalar en pleno territorio ancestral y que además está en pleno proceso de reivindicación territorial, lo que se suma a las acciones de la comunidad de Rupumeika y Trafún para recuperar la tierra que por años les ha negado el Estado chileno.

Sin embargo, las solicitudes de los comuneros no son escuchadas, tal como indicó la machi Millaray Michalaf, quien ha encabezado la lucha contra la central de Pilmaiquén y los megaproyectos energéticos que se piensan instalar en la zona y para quien el Gobierno debe detener de una vez por todas esta amenaza constante.

“La única solución que dan las autoridades es la represión. Hoy el llamado es a movilizarse en contra de la militarización que hay por la demanda mapuche. Lo que necesitamos no son mesas de diálogo ni llamados a consulta, sino a la liberación del territorio porque estamos amenazados por una serie de industrias y proyectos hidroeléctricos, forestales y muchos latifundios. Entonces estamos exigiendo el control territorial y político de nuestras comunidades”, sostuvo Millaray.

La machi indicó que esta batalla va mucho más allá de un tema netamente mapuche, ya que los recursos naturales se van agotando y más aún cuando el Estado los ve como a un simple bien de consumo y está dispuesto a comercializarlos. En esta línea indicó que ya es hora de que las comunidades y todo ciudadano consciente se movilicen para protegerlas verdaderas riquezas de nuestro país.

Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/123052/

América Latina: Machismo, tierras y paz para el libre comercio.


ALAI, América Latina en Movimiento

2011-09-01

Machismo, tierras y paz para el libre comercio

Manuel Rozental


 

No más guerra: Paz, pero la paz de los pueblos que es sin libre comercio, sin leyes de despojo, sin terror y con verdad, justicia y reparación integral, con Estados que cumplan con sus obligaciones sin importar quienes los gobiernen y, sobre todo, con una agenda de los pueblos que no se puede ni ignorar, ni negar, ni suplantar por la paz de los de arriba. La paz de la Madre Tierra en libertad, de la mujer sin amarras ni silencios, de la vergüenza convertida en espejo que nos mira sin clemencia y con ternura y consigue por fin el nunca más!! Esta agenda estorba, pero es necesaria. Esta mujer sigue amarrada pero es la verdad.
Se ilustra en este video el caso de Montes de María, específicamente, María la Baja. Pero en toda Colombia, se pasa con el modelo Santos de Unidad Nacional, a la fase post-conflicto. Un modelo que avanza en México, Honduras, Guatemala, Afganistán y se expande a otros territorios globales, con adaptaciones locales. La ocupación fascista transnacional en guerra contra los pueblos. Amarrar la Madre Tierra toda para penetrarla, violarla, explotarla y hacerla sonreír en el proceso.
El modelo Colombia de Libre Comercio vía de exterminio y consolidación. Una vez despojados los pueblos, entregados los territorios, a fuerza de terror de fuerzas armadas legales e ilegales, de izquierda o derecha, que contribuyeron al desplazamiento masivo y a brindar el pretexto para la ocupación militar de territorios para transnacionales, entra en vigencia un TLC (Canadá) a través del cual penetran todos los demás. Aprobadas o en curso las reformas legales y constitucionales que blindan el despojo y la entrega de riquezas, recursos y pueblos, llega la hora de la paz. La paz de mujeres encerradas, amarradas, violadas, silenciadas, sin derechos, culpadas de lo que les pasó, rezando y dando gracias a Dios. La paz de Colombia, mujer amarrada y violada. La paz del tormento que cesa a cambio del silencio y de la mentira.
Trabajo en las explotaciones para unos pocos. Procesos jurídicos espectaculares contra unos pocos criminales de cuello blanco y de los otros, para que parezca que se hace justicia mientras las leyes, los acuerdos y los beneficiarios del despojo y del terror son protegidos y encubiertos. Los derrotados, bajo coacción tienen dos opciones (como las mujeres golpeadas, violadas, silenciadas): aceptar los beneficios (Mendrugos) bajo el régimen del despojo y del libre comercio, o permanecer bajo el yugo del terror y la invisibilidad. No es paz lo que viene, sino derrota y silencio. La guerra solamente ha servido, viniera de donde viniera, para implementar este régimen de acumulación ensangrentado. Este país (mujer que ya no llora más) finca-campo de exterminio y mina en explotación en manos privadas.
Primero se define un territorio de interés para gamonales y transnacionales (todo el país). Luego se siembra terror, se masacra, se intimida. Se desplaza, se roba, se desocupan las tierras (guerra contra el narco-tráfico, guerra contra el terrorismo, guerra de la insurgencia…todas guerras contra los pueblos para liberar el comercio a favor de transnacionales y gamonales). La guerra, venga de donde venga, beneficia el proyecto del Libre Comercio. Entrega el país a las transnacionales. Para eso es. No es solamente Colombia sino desde Colombia. Hay otras mujeres amarradas siendo destrozadas.
El gobierno anuncia que las tierras están vacías, libres (lo hace el Presidente) y su Ministro se encarga de venderlas, de regalarlas, de quedarse con ellas para sus amigos y patrones (mineras, petroleras, palmicultura, agro-negocio, turismo, bananeras, narcotráfico, biodiversidad, agua….especulación y confianza inversionista). Como la ley no lo permite, la ley es violada, ignorada, modificada, por los propios congresistas electos gracias al trabajo de escuadrones de la muerte, todos al servicio de transnacionales (lo saben bien Chiquita, Dole, DelMonte y lo saben los paramilitares que fueron extraditados exactamente dos días después de que lo confesaran para el pueblo de los EEUU: http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=5228111n).
Hoy, las tierras son de los grandes empresarios o sus testaferros. Más del 50% del territorio nacional es de las mineras canadienses (1)
 Se especula en todo lo que estas tierras prometen o poseen. Los comandantes paramilitares, extraditados para que no cuenten para quienes trabajaron, quienes en las élites transnacionales, en las grandes corporaciones, bancos, organismos multilaterales, diseñaron esta estrategia del libre comercio a sangre y fuego. A punta de descuartizar, masacrar, mentir, robar y transformar el país en un campo de exterminio y de trabajo forzado (en todas las mujeres vejadas). Los asesinos, o ejecutores, tienen empleos en las empresas que se quedaron con las tierras. Los despojados, bajo amenaza y víctimas de crímenes. El territorio vigilado por las BACRIM, bandas criminales que son los paramilitares con otro nombre y las fuerzas armadas que siempre y ahora son los mismos, con las mismas fuentes de financiación.
Santos era Ministro de Defensa cuando esto se aceleró. Santos hoy es Presidente. Se firmará una Paz que proteja a los empresarios beneficiarios de estos delitos (a esto lo llaman esperanza, buen negocio y prioridad), se pasan leyes aún más agresivas que las que propuso Uribe y que se lograron derogar (Estatuto de Desarrollo Rural), para que todo, absolutamente todo, quede en manos de élites transnacionales de Brasil, de México, de China, de la Unión Europea, de Canadá, de EEUU. O sea que tienen casas y oficinas allá, porque su finca es el planeta entero (violadores especializados. Torturadores de mujeres amarradas. Colombia, el mundo, la Madre Tierra, una mujer amarrada para ser penetrada y gozada por estos señores y quienes les obedecen y sirven). El trabajo sucio está hecho. Colombia es una finca para la explotación de transnacionales y sus socios. Para la especulación de inversionistas, para el enriquecimiento de grupos financieros, para proteger las divisas que se devalúan transformándolas en bienes comunes, ahora que su escasez hace que se valoricen.
Ahora, hay que acumular con esto que se logró. Sacarle la riqueza a la víctima amarrada, penetrada y obligarla a mostrar su cara sonriente y feliz. Esa es la paz que se propone. La guerra, la que han hecho todos a nombre de unos u otros, ya cumplió su cometido. Ahora viene la paz del despojo, del oprobio, de las fosas comunes, del sí patrón, de las mafias, de las banderas blancas, de quienes por unas monedas cambian a su pueblo y entregan las agendas y de la miseria.
Claro que se debe acabar la guerra. Se ha debido acabar hace tiempo, porque es, era y sigue siendo para que se queden con todo los capitalistas y mafiosos, los cobardes violadores que amarran a su Madre, a la nuestra, a la de la vida, para comérsela.
Pero así como eran y son mentira todos los motivos de la guerra, la paz que se propone no es paz mientras haya TLC, despojo, ladrones en el poder y beneficiarios mafiosos y privados (mientras ella esté amarrada y la sigan violando).
No más guerra: Paz, pero la paz de los pueblos que es sin Libre Comercio, sin leyes de despojo, sin terror y con verdad, justicia y reparación integral, con Estados que cumplan con sus obligaciones sin importar quienes los gobiernen y, sobre todo, con una agenda de los pueblos que no se puede ni ignorar, ni negar, ni suplantar por la paz de los de arriba. La paz de la Madre Tierra en libertad, de la mujer sin amarras ni silencios, de la vergüenza convertida en espejo que nos mira sin clemencia y con ternura y consigue por fin el nunca más!!. Esta agenda estorba, pero es necesaria. Esta mujer sigue amarrada pero es la verdad.
Todo lo demás es la derrota firmada como un armisticio entre guerreros. Firmada en fanfarria bajo un marco legal transnacional conocido como Tratado de Libre Comercio, cuya versión con Canadá entró en vigencia y cuyo propósito es blindar legalmente el despojo, la expropiación y la apropiación privada de territorios, riquezas, trabajo, ahorros y consumo para las transnacionales. La paz de los machos que se dan otro abrazo y se ponen de acuerdo a nombre de todas. Es hoy, lo grita la Madre amarrada, la disyuntiva postergada pero real: o Libre Comercio, o la Agenda de los Pueblos, de la mujer liberada y con memoria. A quienes les molesta esta agenda, les incomoda la Paz y la dignidad de la mujer violentada que sale del despojo y del dolor para siempre. La prefieren amarrada y quieren servirse de la guerra, sacarle provecho, cualquier provecho, desde arriba o desde abajo, a nombre de izquierdas o derechas y vengan de donde vengan. La paz es libertad y ternura con fuerza de puebla, no silencio ni complicidad.

Fuente: http://alainet.org/active/49093

 

 

Wallmapu: Hoy 6/09/2011 Foro Mapuche: “Conflicto Comunidades del Río Pilmaiquén”


FORO MAPUCHE: “Conflicto Comunidades del Río Pilmaiquén”

Hoy Martes 18.00 hrs Foro Mapuche: “Conflicto Comunidades del Río Pilmaiquén”

Facultad de Derecho UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

Exponen: Machi Millaray Huichalaf en companía de Autoridades Mapuche de la zona en conflicto.

Convocan e Invitan: Comunidades en Conflicto Río Pilmaiquén

ATENCIÓN!! SE RECOLECTARÁ ALIMENTO NO PERECIBLE PARA LAS COMUNIDADES EN CONFLICTO!!!

******* Trasmisión On Line desde Concepción *******

http://twitcam.livestream.com/6ff0k

Publicado con WordPress para BlackBerry.

Paraguay: 25.08.11 Tierras indígenas paraguayas son amenazadas por pecuaristas brasileros


25.08.11 - Paraguay

Tierras indígenas paraguayas son amenazadas por pecuaristas brasileros
Jeane Freitas
Periodista da Adital
Adital

Tierras indígenas ancestrales del Paraguay están sufriendo amenazas por parte de pecuaristas brasileros que se rehúsan a devolver el territorio perteneciente al pueblo indígena aislado Ayoreos, que recibió su título de propiedad de la tierra en 2010. A menos que el gobierno paraguayo les permita deforestar una gran área de tierra adyacente, los grandes pecuaristas no devolverán la tierra a sus originales dueños. El área está ubicada en el extremo norte de Paraguay en la frontera con Brasil.

Las empresas han causado grandes estragos en la región, situación que ha expulsado a varias tribus de sus lugares de origen. Solamente este año, las empresas brasileras pecuarias BBC S.A. y River Plate S.A. fueron flagradas en dos ocasiones devastando el área. Casi cuatro mil hectáreas de tierra fueron deforestadas en la región que está habitada por tribus indígenas aisladas.

Esta acción sólo fue descubierta a causa de las imágenes vía satélite divulgadas por la organización en favor de los pueblos indígenas ‘Survival Internacional’, lo que dio como resultado la apertura de un proceso contra las empresas acusadas de extraer madera en forma ilegal. Esta semana, se divulgaron nuevas imágenes. La ayuda de las imágenes vía satélite ha permitido la identificación de los delincuentes.

El director de Survival, Stephen Corry, declaró que es una vergüenza que un gobierno nacional se convierta en rehén de un pequeño grupo de empresarios sin escrúpulos. “La administración paraguaya debería reafirmar su autoridad mediante el reconocimiento y la defensa del derecho de los ayoreos a la propiedad de sus tierras y recursos”, enfatizó, pidiendo también que las autoridades actúen preventivamente y no después de las ocupaciones y deforestaciones.

El sufrimiento y persecución de las tribus indígenas en Paraguay no es algo de ahora. Hace un año, el cacique Saturnino González de la tribu de la etnia Mbyá Guaraní, y otras treinta familias que habitaban la tribu asistieron en silencio al accionar de la policía nacional, al mando del pecuarista Alberto Soljancic, que expulsó a las familias y quemó toda su producción.

Sin alternativa de supervivencia, las familias salieron en busca de un pedazo de tierra donde vivir y plantar, sin embargo, la peregrinación terminó por desintegrar a toda la comunidad.

Según informaciones del periódico Nueva Paraguay, algunas familias se unieron a otras comunidades, mientras el cacique Saturnino González con su familia consiguió un lugar para armar el rancho en un pequeño espacio cedido por los Spajin, en la Colonia Manitoba, distrito de Tacuatí, Departamento de San Pedro.

El artículo 64 de la Constitución paraguaya es claro cuando dice que “los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria y a la tierra, en extensión y calidad suficiente para la conservación y desarrollo de sus formas peculiares de vida”, sin embargo, el abandono a que está sometida esa parte de la población paraguaya muestra que la Carta Magna del país está transformándose en letra muerta.

El Instituto Indígena de Paraguay declaró, recientemente, que 34 mil hectáreas de tierra fueron compradas a los pecuaristas para ser entregadas a los Ayoreo, y lo que falta ahora es fijar una fecha para que se realice la entrega de la tierra. De acuerdo con Survival, las negociaciones con algunas empresas brasileras, como la Yaguareté Porã, no evolucionaron porque los grandes propietarios no quieren revender las tierras.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=59624

Puelmapu, Argentina: Derecho al territorio para los Quilmes. La Justicia de Tucumán aplicó la legislación indígena y frenó el desalojo de una comunidad quilmes.


Derecho al territorio para los Quilmes

La Justicia de Tucumán aplicó la legislación indígena y frenó el desalojo de una comunidad quilmes. Marca un precedente para otros casos. En cinco años casi no se utilizó la norma en favor de las comunidades.

Por Dario Aranda.

 

Dos veces desalojaron a la Comunidad India Quilmes (CIQ) de Colalao del Valle (Tucumán), pero dos veces volvió a recuperar el territorio ancestral por el simple ejercicio de la acción directa. Intentaron echarla una tercera vez, pero resistió el avance policial. Pagaron un precio alto: gases lacrimógenos contra niños, mujeres, ancianos y hombres, heridos con balas de goma y detenidos. Pero resistieron en el lugar. Estaba latente un cuarto desalojo (todos ordenados por el mismo juez), pero el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación acaba de frenar cualquier intento de expulsión territorial, instó a respetar el territorio indígena y remarcó la plena vigencia de la Ley 26160, norma clave –pero muy poco implementada por el Poder Judicial– que frena los desalojos y ordena relevar todos los territorios indígenas. “Es un avance importante, sienta un precedente a imitar para que no sea sólo un juez quien aplique la ley, sino que todo el Poder Judicial debe reconocer nuestros derechos”, reclamó la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), conformada por 54 comunidades de cinco provincias.

El juez de los desalojos

La Cédula Real fue emitida por la Corona Española en abril de 1716 y aceptada por el Ministerio Público de Buenos Aires en 1853. Ambos, Corona y Ministerio Público, reconocen la posesión y derecho territorial de las comunidades que hoy habitan el noroeste provincial. “Dar posesión real al cacique (…) y que en ningún tiempo os han de quitar persona alguna”, da cuenta el documento histórico y remarca que se otorga el territorio al cacique “para él, su indiada, herederos y sucesores (…) como dueños legítimos de aquellas tierras para que las posean ellos y sus descendientes”. La Cédula Real es prueba reconocida por el derecho local (provincial y nacional) y también tratados internacionales. No especifica leguas ni hectáreas, pero sí montañas, lagos y arroyos que aún perduran, en base a los cuales la Unión Diaguita estima un piso de 120.000 hectáreas.

En el último siglo les fueron arrebatadas más de la mitad del territorio. Y cada hectárea la defienden como la última. Y cuatro hectáreas, que están en disputa en las afueras del pueblo de Colalalo del Valle, son ejemplo de esa decisión.

A pesar del documento histórico, el juez de paz Adolfo Salazar solicitó el desalojo en 2009. Y contó con el aval del juez Juan Carlos Peral, del Juzgado de Documentos y Locaciones de la Tercera Nominación, que ordenó cuatro veces el desalojo de las cuatro hectáreas. La expulsión de la comunidad indígena siempre fue invocada a partir de un “amparo a la simple tenencia”, una figura legal que protege la tenencia de un inmueble frente a una usurpación, se basa en la acción policial y no pone en debate el fondo de la cuestión: a quién corresponde, en base a derecho, la tierra.

En septiembre de 2009 llegaron hasta la comunidad 120 efectivos policiales, infantería, brigada de investigaciones, policía montada y Gendarmería Nacional. La interpretación del juez fue que los usurpadores era la comunidad originaria.

“Destruyeron nuestras casas. Rompieron nuestro techo, una silla, nuestras puertas, los tachos para lavar ropa, nuestra mesa y mercadería”, reclamó la comunera Luz Vanesa Moya. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la mano del colectivo Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), donde se remarcó el incumplimiento de la Ley 26160, la Constitución Nacional, el Convenio 169 de OIT (de rango supralegal) y la Constitución provincial. La comunidad se reinstaló en el lugar.

En enero de 2010 la policía provincial desalojó violentamente, por segunda vez, a la comunidad. Volvió a destruir las viviendas. Pero los comuneros volvieron y reconstruyeron sus casas.

En abril de 2011 llegaron 50 efectivos y, con gases lacrimógenos y balas de goma, reprimieron a la comunidad. Que, a pesar de heridos y detenidos, permaneció en el lugar.

Pero el juez Peral volvió a ordenar el desalojo el 30 de mayo último. La medida fue denunciada por Amnistía Internacional: “La Ley 26160 y su posterior prorrogación hasta el 2013 prohíben todo tipo de desalojo de las comunidades indígenas. Amnistía Internacional expresa su preocupación por el incremento de los ataques, ya sean desalojos, intimidaciones o amenazas hacia las comunidades que luchan para defender sus tierras ancestrales”. Y elevó urgente pedido de intervención al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, y al gobernador de la provincia de Tucumán, José Jorge Alperovich.

La comunidad quilmes presentó una denuncia formal contra el juez, acusándolo de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo” y por adoptar una resolución arbitraria a favor de la empresa Aráoz Hermanos, a la que definió como “terratenientes de las zonas del valle tucumano organizados bajo la fachada de una asociación civil”.

Vigencia de la ley

Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) realizó una presentación judicial para resolver el fondo de la cuestión, el derecho sobre el territorio, y solicitó que se aplique una cautelar (que la comunidad permanezca en el lugar).

La última semana se hizo público un fallo que sienta precedente y que aplica la Ley 26160. “Dispónese que se abstenga de realizar todo acto que implique lanzamiento de los miembros de la CIQ y de todo territorio que ocupe ancestralmente de forma pacífica e ininterrumpida, desde tiempo preexistente al estado nacional en relación al inmueble ubicado sobre la ruta 40, kilómetros 4306”, determinó el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación, que en lenguaje práctico es evitar el desalojo de la comunidad indígena en base al derecho.

En las dos carillas de fundamentos del juez Carlos Arraya, expediente 1938/11, se resalta la pertinencia del artículo 1 y 2 de la Ley 26160 que ordena la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

La Ley 26160 fue sancionada en 2006. A casi cinco años de su aprobación, se multiplicaron los desalojos y sólo en un puñado de casos se aplicó favorablemente la norma. El reiterado pedido de las comunidades y los abogados especializados en derecho indígena es simple: que se aplique la ley, y así evitar la expulsión de los territorios.

“La resolución en este caso es muy importante si tenemos en cuenta que emana de un Poder Judicial que ha venido negándoles sistemáticamente sus derechos a las comunidades indígenas de la provincia. Aunque resulte increíble, estamos festejando que la Justicia tucumana haya fallado acorde a derecho, que haya receptado una ley nacional de orden público que pese a las numerosas presentaciones en las que se la refiere es la segunda vez en seis años de vigencia que es aplicada en Tucumán”, subrayó la directora ejecutiva de Andhes, Josefina Doz Costa.

Desde la organización de abogados explicaron que el fallo del juez “desarma el artilugio legal” (de quienes pretenden los territorios indígenas) de iniciar acciones contra personas y desconocer la organización comunitaria, para así activar la vía civil y evitar la frondosa legislación indígena actual.

Sonia López es una de las comuneras que resistieron la seguidilla de desalojos, con balazo de goma en la frente incluido. “Luchando se ganan batallas, al ganar batallas se gana la guerra. Nuestra guerra, impuesta por los no indígenas, es por el territorio, y este fallo a favor es una batalla ganada”, analiza López, 46 años, cinco hijos y nueve nietos. “Es un logro importante porque la Justicia no quiere tomar las leyes que tenemos los pueblos indígenas, ahora esperamos que se termine con esa injusticia”, reclama.

La Comunidad India Quilmes (CIQ) forma parte de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), conformada por 54 comunidades de Tucumán, Catamarca, Salta, Santiago y La Rioja. Mario Quinteros es uno de sus dirigentes, e interpreta el fallo en clave histórica y jurídica: “Nos hicieron creer como pueblo originario que algunos territorios nos eran ajenos, pero a medida que nos organizamos y tomamos conciencia de nuestra identidad y derechos no nos quedan dudas de que esas hectáreas de Colalao son parte de la Cédula Real”, afirma y se pregunta es voz alta si se trata de un fallo aislado o el comienzo de un cambio de paradigma en el Poder Judicial.

Subnotas:

Hecha la ley, hecho el desalojo

Juicio tardío por un asesinato

Fuente: http://darioaranda.wordpress.com/2011/08/22/derecho-al-territorio-para-los-quilmes/#more-1195

Wallmapu: Mapuche cortan acceso a faena de Forestal Mininco en Collipulli.


Comuneros mapuche cortan acceso a faena de Forestal Mininco en Collipulli

Lunes 22 agosto 2011 | 16:46

Publicado por Gabriela Ulloa | La Información es de Juvenal Rivera

Imagen:Mininco.clImagen: Mininco.cl


Un grupo cercano a los 20 comuneros mapuche cortaron el acceso a la faena de Forestal Mininco. Esto, en reclamo a lo que catalogan como un incumplimiento por parte de la empresa en relación a la extracción de desechos generados en sus procesos.

Cabe destacar que el grupo de comuneros se encuentra en el sector de La Esperanza, ubicado en la comuna de Collipulli, en dirección hacia la zona cordillerana.

Según la información proporcionada por los afectados, hace un tiempo se llegó a un acuerdo con la compañía para sacar los desechos de madera que quedan de los procesos productivos.

Sin embargo este compromiso no se habría llevado a cabo, lo que provocó la molestia de los comuneros y motivó la posterior acción de estos.

Producto de lo anterior, camiones forestales y maquinaria especializada en cosechas no pudieron cumplir sus labores de manera normal en el recinto.

Finalmente, se indicó que un representante de la empresa dialogó con los comuneros mapuche pero que no se llegó a un acuerdo.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/2011/08/22/comuneros-mapuche-cortan-acceso-a-faena-de-forestal-mininco-en-collipulli.shtml

Canada: Los innus protestan contra la minería en sus territorios de caza


Los innus protestan contra la minería en sus territorios de caza

18 agosto

Campamento innu en el lago Black Fish, a un día de viaje desde Natuashish y en la ruta hacia los territorios de caza del norte y el oeste.

© Dominick Tyler/Survival

Una de las mayores comunidades innus en Quebec, en el este de Canadá, está sumida en una batalla con una empresa de minería de hierro.

La empresa, Cap-Ex Ventures, está buscando hierro en una zona conocida como Labradar Through, una rica veta de minerales que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros en la frontera entre las provincias de Quebec y Labrador, en el corazón del territorio innu.

La larga historia de la minería en esta zona ya se ha cobrado un enorme precio en los ricos territorios de caza. En muchos de los ríos hay presas hidroeléctricas para generar la energía necesaria para fundir el mineral de hierro. En la década de los años 50 se construyó una carretera para transportar el mineral.

Una de las mayores comunidades innus que usa esta zona para la caza y la recolección es la banda innu conocida como uashat mak mani-utenam (también llamada de Sept-Iles). No quieren que Cap-Ex Ventures entre en sus territorios de caza hasta que la empresa se haya comprometido formalmente a permitir un control medioambiental exhaustivo de sus operaciones. Sin embargo, la empresa ha seguido adelante con sus planes.

Armand MacKenzie, portavoz de los innus, ha declarado hoy: “Hemos expresado nuestras graves preocupaciones medioambientales, sociales y culturales a la empresa: están mostrando un actitud nada respetuosa. Estamos abiertos al diálogo constructivo, pero cualquier actividad de exploración o actividad minera en nuestras tierras que afecte a nuestros recursos naturales necesita nuestro consentimiento: es un principio fundamental”.

En un comunicado, Cap-Ex Ventures ha dicho: “La Empresa sigue comprometida con el diálogo con los innus de Sept-Iles. La Empresa seguirá informando a los innus de Sept-Iles de sus actividades”.

Para más información, contactar con Armand MacKenzie

Página web de la comunidad de Uashat mak Mani-Utenam.

Fuente: http://www.survival.es

Publicado con WordPress para BlackBerry.

Australia: Los aborígenes de Australia y los derechos indígenas al agua en el norte de Australia.


Los aborígenes de Australia: los derechos indígenas al agua en el norte de Australia

Un nuevo informe pone de manifiesto la visión global de la inseparabilidad de agua y los derechos indígenas y el cambio jurídico australiano fuera de esta norma.

A continuación se muestra un artículo publicado por los Pueblos Indígenas:

NAILSMA PISTA DEL PROYECTO 6.2 DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN EL AGUA EN EL NORTE DE AUSTRALIA

Principales conclusiones

Introducción

1. La cosmovisión indígena no la tierra en general, por separado y el agua en términos de derechos y responsabilidades. El reconocimiento legal de las relaciones indígenas de países como el agua en los fragmentos de la ley australiana esa visión del mundo.

2. Los derechos e intereses tradicionales de los pueblos indígenas en particular en relación con el agua no son universalmente reconocidos legalmente en la legislación australiana y cuando se reconoce en la ley es de carácter limitado.

3. Derechos indígenas y la legislación de derechos sobre la tierra reconozcan los derechos indígenas en relación con el agua, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, la Ley de Derechos de la tierra NT incluye las tierras y aguas de la zona intermareal en el título de propiedad absoluta. Mientras que la Ley de derechos indígenas de 1993 excluye la zona intermareal de la definición de la tierra. Por lo tanto, no puede haber derecho a controlar el acceso de los titulares nativos de la zona intermareal.

4. Las aguas naturales no son objeto de apropiación por parte del gobierno y los propietarios de la tierra, incluidos los titulares de títulos nativos. Esto incluye la consolidación de la concesión del derecho al uso y control del agua en la Corona, el gobierno o las agencias gubernamentales pertinentes en la legislación de gestión del agua.

5. El control sobre el acceso al agua sobre o en la tierra sujeta a derechos de propiedad o posesión del título nativo exclusiva es significativo y un importante derecho indígena en relación con el agua.

6. El derecho consuetudinario de los propietarios ribereños para el uso del agua como en tierra la legislación de derechos ya no existen pero han sido sustituidos por una forma limitada de los derechos legales de acceso al agua para fines domésticos, riego de las acciones y el mantenimiento de los huertos domésticos de conformidad con locales legislación de aguas de gestión.

7. La abolición de la ley común de derechos ribereños no afecta los derechos de propiedad de los aborígenes a tomar y el uso del agua.

8. Título Nativo y derechos sobre la tierra constituye un derecho sustantivo de propiedad y no sólo el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de uso, como la recolección de agua, la caza y la pesca.

Descargue el  informe completo aquí (pdf).

Fuente: http://www.unpo.org/article/13046

Wallmapu: Comunidades del territorio Pehuenche hablan sobre la ocupación de territorios que realizaron.


Comunidades del territorio Pehuenche hablan sobre la ocupación de territorios que realizaron

Domingo 7 agosto 2011 | 18:52

Publicado por Nicole Villagra | La Información es de Comunicado de Prensa


Hoy, una vez más, miembros de las comunidades organizadas del Territorio Pehuenche hicieron un acto de recuperación y reivindicación de las tierras usurpadas al Lof Tromelafquén, en el sector de CanCan, comuna de Cunco, IX Región.

“Reivindicamos nuestro derecho ancestral, amparado en los Títulos de Merced, de los Fundos Arauco, en manos de la sucesión Ferrari, y el fundo colindante hoy en manos de Forestal Mininco.

Este proceso de reivindicación y recuperación de nuestro territorio ancestral lleva años ya de avance, sin tener de parte de las autoridades de gobierno respuesta alguna a nuestras exigencias. Tanto los encargados de la Gobernación de Cautín como la Conadi, nos han tramitado y desviado repetidamente, sin hacer eco de nuestras demandas.

Por esto, hemos decidido radicalizar la protesta, esta vez cortando la carretera Cunco – Melipeuco, como forma de poner de manifiesto nuestra decisión de seguir luchando por las tierras que ancestralmente nos pertenecen.

Aclaramos a la opinión pública que estas reivindicaciones, así como la lucha que las sustenta, no se detendrán ni ante la indiferencia del gobierno ni ante su represión, ya que defenderemos la tierra que nos pertenece por derecho propio”.

Wallmapu: Interponen querella por daños en fundo de la UFRO ocupado por mapuche en Freire


Interponen querella por daños en fundo de la UFRO ocupado por mapuche en Freire

Viernes 5 agosto 2011 | 18:21

Publicado por Solange Garrido | La Información es de Carlos Martínez

Imagen:Querella | Carlos Martínez (RBB)Imagen: Querella | Carlos Martínez (RBB)


Una querella en contra de quienes resulten responsables de los daños ocasionados en el fundo experimental Maquehue de la Universidad de La Frontera, ocupado por comuneros mapuche, interpuso ante la justicia el Gobernador de Cautín.

El representante del ministro del Interior en la provincia de Cautín, llegó en la jornada matinal de este viernes hasta el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, para ingresar allí la acción legal, luego de los violentos incidentes registrados en el citado predio, aseverando en conversación con La Radio que esperan evitar que se repitan los “hechos de delincuencia”.

Según los antecedentes que consigna la querella, el 3 de agosto pasado aproximadamente a las 17 horas, un grupo de 20 comuneros mapuche encapuchados, del sector Trapilhue –Mahuidanche de Quepe en la comuna de Freire, ingresaron al Fundo Maquehue “Centro Experimental”, de propiedad de la Universidad de la Frontera de Temuco, enmarcado en el proceso de reivindicación territorial.

Se informó además que efectuaron un corte de ruta mediante la quema de árboles talados en la vía interior Maquehue – Quepe, sector puente Pelales de dicha comuna, a uno 50 metros del ingreso principal del Fundo Maquehue.

Una vez al interior del fundo, los comuneros sustrajeron del interior de las dependencias del centro alrededor de 50 fardos de alfalfa y pasto y un carro de arrastre de cuatro metros de largo por dos metros de ancho, con el cual trasladaron el botín hasta el puente Maquehue-Pelales, a uno 50 metros del ingreso principal del Fundo antes citado, lugar donde cortaron el camino e incendiaron los fardos junto a árboles talados del sector.

Url Corta: http://rbb.cl/15f5

 

Fuente: http://www.biobiochile.cl/2011/08/05/interponen-querella-por-danos-en-fundo-de-la-ufro-ocupado-por-mapuche-en-freire.shtml

Wallmapu: Ataque armado de Carabineros contra Mapuche en Chile. Varios heridos Mapuche en Temucuicui.


5 de agosto del 2011

Ataque armado de Carabineros contra Mapuche en Chile. Varios heridos Mapuche en Temucuicui.

http://www.mapuche.nl/espanol/atm110805.html

MÁXIMA URGENCIA: ATAQUE ARMADO CONTRA COMUNIDAD MAPUCHE
Ercilla, viernes 5 de agosto, 18 horas

“Hago un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos
de Derechos Humanos y a la sociedad chilena en su conjunto. Lo que en
este instante ocurre en mi comunidad es un ataque criminal, cobarde y
ordenado por el Gobierno chileno. La policía militarizada esta
atacándonos con todos tipo de armamentos, y personalmente con una
grabadora me he acercado a ellos y me dispararon directamente….aquí los
mapuche prácticamente estamos esquivando las balas, arrancando y
escondiéndonos en canales, árboles y casas mientras nos persiguen. Los
jóvenes tratamos de protegen a los niños y a las mujeres, pero el clima
es asfixiante por los miles de bombas lacrimógenas que nos disparan….”

Estas, son parte de las palabras que, desde Temucuicui emite el werken o
vocero de la comunidad Mijael Carbone Queipul, en medio de los estruendo
de las ráfagas y disparos de la policía de elite, en un flagrante
atentado a la dignidad y los Derechos Humanos de las personas de la
comunidad Ignacio Queipul en Temucuicui, donde el GOPE ha ingresado
persiguiendo a los comuneros que reivindican un Fundo usurpado que
colinda con sus comunidad.

Los comuneros, hacen un llamado desesperado a reasumir la defensa real
de los Derechos Humanos en Chile, y particularmente en su comunidad
donde los niños –dicen- nadie sabe donde están escondidos por el terror
que se vive. Llaman a hacerse presente y a solidarizar y Condenar al
gobierno chileno por este tipo de actos fuera de toda legalidad.

Todo esto, en pleno desarrollo desde el corazón de la represión hacia el
Pueblo Mapuche, donde los comuneros cuentan con material audiovisual que
revelarán a los medios en tanto puedan salir del cerco policial.

PuLofMapuXawün

Comunicaciones ATM desde la zona

PU LOF XAWVN
ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE

Fuente: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/

Publicado con WordPress para BlackBerry.

Wallmapu: Estado chileno no cumple compromisos de compra de tierras y permite violencia contra niños Mapuche


1 August, 2011

Estado no cumple compromisos de compra de tierras y permite violencia contra niños Mapuche

Acusó Lonko que “el nuevo gobierno dice que no comprará este predio que estuvo en esa negociación, por eso es el descontento de hoy. Esa tierra la sentimos nuestra y queremos liberarla, pues todos los otros particulares están sembrando pino y eucaliptus, plantaciones que consumen toda la naturaleza y el agua”….

Estado no cumple compromisos de compra de tierras y permite violencia contra niños Mapuche

(Radio del Mar)— www.radiodelmar.cl

“Les escribo por motivo de mi herida de bala, pues el viernes uno de los colonos que su Estado envió con su ejército a invadir la tierra de mis abuelos, Héctor Urban, me disparó con intención de matarme, mientras yo hacía mi trabajo de cuidar mis animales llevándolos por un camino público”. Este es el primer párrafo de la carta que desde el Hospital de Victoria envió el menor Angelo Marillan Huenchullan, al presidente chileno Sebastián Piñera, y donde se evidencia la responsabilidad estatal en estos violentos actos en que están involucrados policías y latifundistas.

Angelo Marillan, resultó con una herida a bala en una de sus piernas el viernes pasado, lo que fue calificado también por el senador por La Araucanía, Jaime Quintana, como un posible “homicidio frustrado”.

La Comunidad Temucuicui reclama el derecho a sus tierras ancestrales y el lonko (líder) de la comunidad Juan Catrillanca, afirmó que habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Michelle Bachelet para la devolución de esas tierras, pero que el gobierno de Piñera está desconociendo ese pacto.

“El gobierno anterior, la comunidad, el particular René Urban y otro particular, amarramos una negociación donde se tomó acuerdo para comprar esos predios que le faltaban a la comunidad Temucuicui. Son 1800 hectáreas. Eso quedó en agenda y firmado por el ex ministro Jose Viera Gallo y sus asesores”, dijo a Radio del Mar, el Lonko Catrillanca.

Acusó, que “hoy el nuevo gobierno dice que no comprará este predio que estuvo en esa negociación, por eso es el descontento de hoy. Esa tierra la sentimos nuestra y queremos liberarla, pues todos los otros particulares están sembrando pino y eucaliptus, plantaciones que consumen toda la naturaleza y el agua”.

Juan Catrillanca reclamó también que “esas tierras les pertenecen. el Estado trajo a ese particular. El Estado debe resolver el problema”.

VIOLENCIA CONTRA NIÑOS MAPUCHE

El lonco Juan Catrillanca afirmó además que “los niños no quieren ver a los carabineros, no pueden ver un helicoptero que semana a semana dan su vuelta. Esto esta militarizado”. En las últimas semanas 3 menores Mapuche de la comunidad Temucuicui han resultado heridos o violentados física o psicológicamente tanto por las fuerzas policiales como por particulares latifundistas.

Frente a este hecho, la Fundación ANIDE, que monitorea los derechos de la infancia en Chile, mostró su preocupación. Uno de sus directores, José Horacio Wood, afirmó al programa Mapuexpress de Radio del Mar que “la situación actual es especialmente grave y perjudicial para la seguridad de los niños y niñas que se ven directamente afectados por la violencia que han ejercido fuerzas policiales en el contexto de la recuperación de las tierras ancestrales de las comunidades”.

Mientras se mantenga el actuar de las fuerzas policiales cuando hay niños Mapuche involucrados, para nosotros “significa que la actitud del Estado a través del gobierno de turno, tampoco ha cambiado, pues se enfrenta el problema con represión y vulneran los derechos de los niños Mapuche”.

Anide presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reclamo sobre la situación de los niños Mapuche. “El gobierno no dio respuesta y trato de bajarle el perfil a nuestras denuncias”, acusó Wood.

Agregó que, se han reunido con autoridades, “pero no hay una respuesta más global sobre esta situación de violencia, así como no hay una Ley de protección Integral para la niñez que pueda acoger este tipo de situaciones”.

“En Chile no contamos con una institucionalidad acorde con los convenios que ha firmado Chile en relación a DDHH y especial a los Derechos Humanos de niños y niñas”, dijo el director de ANIDE.*****FIN*****

Fuente: http://mapuexpress.net/?act=news&id=7252

Wallmapu: Comunidad mapuche de Budi se toman fundo La Parroquia y talan los árboles en forma de protesta


Comunidad mapuche de Budi se toman fundo La Parroquia y talan los árboles en forma de protesta

Sábado 30 julio 2011 | 14:22

Publicado por Nicole Villagra | La Información es de Susana Gallardo


Comunidades mapuche del Budi se tomaron las dependencias del Fundo La Parroquia propiedad de la iglesia Católica, comenzando a talar los bosques del predio como forma de protesta a la nula respuesta de la entidad religiosa.

Cerca de 20 comuneros pertenecientes a comunidades del Budi se encuentran hace 4 dias en dependencias del fundo La Parroquia en lo que respecta a la reivindicación de las tierras pertenecientes a la Iglesia católica que han demandado desde hace años, donde, según los comuneros se han comenzado a talar los árboles del predio.

Alejandro Curillanca, vocero de las comunidades movilizadas, aseguró que como forma de presión hacia el gobierno y la iglesia, comenzaron a talar los bosques del fundo y así actuar de forma paralela a lo que realiza la Alianza Territorial mapuche en Ercilla.

Las comunidades movilizadas manifestaron esperar que se pronuncie la Iglesia como el protagonista de este conflicto, ya que, es esta institución la que se ha negado a discutir sobre estas tierras que le pertenecen pero que son demandas históricamente por los mapuche.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/2011/07/30/comunidad-mapuche-de-budi-se-toman-fundo-la-parroquia-y-talan-los-arboles-en-forma-de-protesta.shtml

Wallmapu: Huilliches cumplen 16 días reivindicando complejo ceremonial Kintuante.


Huilliches cumplen 16 días reivindicando complejo ceremonial Kintuante

 JULY 25, 2011

El proceso de recuperación iniciado el 12 de Julio en Río Bueno en la propiedad del obispo Evangélico Heriberto Ortiz, donde se encuentra el lugar sagrado denominado complejo ceremonial kintuante tras cumplir hoy 16 movilizados, las comunidades mapuche Huilliche de la zona, sigue la férrea resistencia, pese dos intento de desalojo por parte de fuerzas especiales de Valdivia y continúan con la medida de presión para evitar la tala indiscriminada de árboles nativos y expropiación del ngenkintuante.

Según los comuneros Huilliches la tala de árboles nativos realizada en el complejo ceremonial kintuante fue ilegal, sin previa fiscalización de la Corporación Nacional Forestal, CONAF agregan que, en conversación sostenida con el señor Heriberto Ortiz dueño del predio y quien fue el que ordeno la tala del bosque, este habría reconocido su error, pero señala que fue notificado por abogados de la empresa hidroeléctrica Pilmaiquen S.A, para realizar el roce de los árboles nativos, pues aduce que ese lugar sagrado será inundado por la empresa Hidroeléctrica, cabe señalar también que el señor Ortiz declara que no tiene problema en vender sus tierras a la comunidad Huilliche, mientras estas hagan el trámite correspondiente para el acuerdo de venta, por su parte la Corporación de Desarrollo Indígena CONADI, de la región de los Ríos, ya estaría preparando un completo informe documentado históricamente del lugar Sagrado Mapuche y preparando una pronta mediación al conflicto.

Conflicto con los vecinos del sector de Maihue.

Vecinos del sector de Maihue manifestaron su preocupación por el conflicto mapuche y se reunieron hoy domingo 24 de julio con carabineros del retén Carimallin y voceros de las comunidades en recuperación del complejo Ceremonial kintuante, en una larga reunión los vecinos del lugar expusieron su preocupación por el conflicto al que atribuyen a un hecho violento y que atenta con la convivencia en el tranquilo sector de Maihue, por lo que solicitaron una pronta solución a la medida de presión que llevan las comunidades en recuperación del espacio sagrado, proponen una convivencia pacífica toda vez que estos hechos son perjudiciales según los vecinos para su entorno y diario transitar, según los voceros mapuches expusieron que la medida de presión obedece a la violación de un territorio ancestral mapuche y por ende la movilización continuará hasta tener la seguridad absoluta de que el lugar sagrado no será nuevamente violentado, por lo que de haber un pronta salida del terreno no será posible menos cuando existe pruebas que incriminan y demuestran los hechos de violación del complejo ceremonial, como acuerdo tomado por los comuneros y los vecinos del sector es mantener la movilización pacífica sin entorpecer el cotidiano transitar de los habitantes del sector, los voceros de las comunidades hicieron una invitación a los vecinos a informarse y visitar el lugar ancestral con el objetivo de interiorizarse de lo que allí sucede, dejando claro que la violencia no viene de las comunidades sino más bien de las fuerzas especiales de carabineros de Valdivia quienes han intentado el desalojo dos veces en los últimos días, denuncian que fuerzas especiales habrían hecho un sobrevuelo de helicóptero con bengalas con el fin de desalojar el lugar.

Visitas de Loncos y Autoridades Ancestrales:

Por la tarde de hoy domingo las comunidades movilizadas, recibieron la visita de loncos y autoridades ancestrales realizándose un Trawun o reunión informativa tendientes a canalizar los nuevos trámites y documentos para acompañar el proceso de recuperación del complejo ceremonial, los loncos expusieron que este problema no solo afecta a los mapuches Huilliches de Maihue, sino a todo el pueblo Mapuche Huilliche, es una violación a nuestra creencias, a nuestra cosmovisión, a nuestro patrimonio ancestral, señalaron por la tanto seguiremos apoyando este proceso a asta tener la seguridad que no será nuevamente violentado por empresarios que solo quieren sacar lucro de las tierras mapuche, aquí se levantó un movimiento y este ya transcendió las fronteras y el estado chileno aun no habré los ojos, señalaron las autoridades mapuches.

Para esta tarde se esperaba un nuevo desalojo por parte de las fuerza especiales, según los comuneros atribuyen el desalojo a la gobernación del Ranco, puesto que según en una reunión sostenida con el señor Obispo Evangélico Heriberto Ortiz este habría desmentido que el solicitara el desalojo del lugar y estaría prestando el máximo de su cooperación a los comuneros movilizados en su predio, el trabajador del señor Ortiz realiza sus labores como de costumbre y nunca se le ha entorpecido sus funciones señalaron los comuneros.

Por ultimo las comunidades señalaron No defender a KINTUANTE es traicionar a Ngenechen, a los peñi y lamuen conscientes de la destrucción y atropello del complejo religioso KINTUANTE en las comunidades Maihue-Carimallin hacemos un llamado a responsabilizarnos en la defensa de nuestra espiritualidad, asumiendo la autodefensa como la vía para proteger nuestro espacio sagrado con la fuerza de Kintuante y Wenteyao.

Por Edgardo Collinao Nail

Fuente:

Wallmapu: Restablecen tránsito en ruta Cholchol-Nueva Imperial que fue cortada por comunidades mapuche


Restablecen tránsito en ruta Cholchol-Nueva Imperial que fue cortada por comunidades mapuche

Viernes 22 julio 2011 | 10:25

Publicado por Nicole Villagra | La Información es de Luis Vergara

Imagen:Imagen: ChillanActivo.clImagen: Imagen: ChillanActivo.cl


Comunidades mapuche cortaron en horas del día viernes la ruta que une Cholchol y Nueva Imperial, en la ruta costera de la Provincia de Cautín.

Una barricada fue instalada en la mitad del camino por 20 integrantes de la comunidad Coihue Painemal de Cholchol.

Esta manifestación pretende que el Gobierno les restituya las tierras del fundo Picuta, en el kilómetro 8 de la ruta, las cuales son actualmente de la Conadi y empresas forestales.

Estas tierras constituyen 500 hectáreas de eucaliptus y pinos.

Personal de Carabineros de Nueva Imperial concurrió hasta el lugar para mantener controlada la situación.

Hasta el momento, los hechos se han desarrollado de manera pacífica y sin intervención de uniformados.

Por ahora, se están utilizando rutas vecinales para unir ambas comunas.

ACTUALIZACIÓN (12:46): El tránsito por la ruta se encuentra restablecido.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/2011/07/22/comunidad-mapuche-mantiene-cortada-ruta-intercontinental-que-une-chol-chol-con-nueva-imperial.shtml

Wallmapu: ATM. Nuevas movilizaciones en defensa de los Derechos Mapuche. Llamado a continuar con la resistencia en los predios.


NUEVAS MOVILIZACIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS MAPUCHE: Llamado a continuar con la resistencia en los predios.


COMUNICADO PÚBLICO:

                                                                                                   Meli Xixan Mapu, julio de 2011

 Los territorio ancestrales del pueblo mapuche PuLofmapuXawün reunidos en la Alianza Territorial Mapuche, frente al des-gobierno de la derecha económica que dirige al Estado de Chile, al reforzamiento de la acción represiva y de infiltración policial a los movimientos sociales y poblacionales que sufren la miseria, al proceso organizativo propio que se han dado nuestro jóvenes estudiantes a través de la FEMAE, a la manipulación de los derechos mapuche en la que son arrastradas personas mapuche bajo falsas mesas de diálogos e inexistentes consultas, reafirmamos nuestro proceso de movilización permanente y comunicamos lo siguiente:

 

  1. Dos de nuestros weychafe han sido herido con balas de la policía militar chilena el día de ayer al interior del “fundo La Romana” del latifundista René Urban, los jóvenes permanecen al interior del lof Temucuicui atendidos y evaluados por especialistas mapuche, esto en el marco de los ataques armados del que somos víctimas en nuestro propio territorio. Como siempre lo hemos expresado y bajo el principio de la Unidad en la Acción, hemos retomado esta semana las movilizaciones territoriales en distintas zonas y hemos llamamos a los distintos lof y comunidades a asumir su responsabilidad en la defensa de nuestros derechos mapuche. No recibiendo migajas con la lucha de otros, no aparentando apoyo a las  movilizaciones en declaraciones y paralelamente realizar contratos para funciones y tareas propias del gobierno chileno de derecha que nos maltrata bajo consignas culturales, educativo-bilingüe, o de “emprendimientos” que no son más que distractores folklórico para desinformar y mentir sobre nuestra verdadera realidad.
  2. Apoyamos las demandas generales del movimiento político chileno que lucha hoy -luego de años de letargo- por sus derechos ciudadanos dirigido por el estudiantado. Particularmente saludamos a nuestros jóvenes mapuche agrupado autónomamente en la FEMAE; a quienes ponemos a disposición primero la lucha y luego el mapuche kimeltuwün o la educación mapuche de nuestros mayores, así como experiencias educativas (formales) autónomas y espacios territoriales recuperados como sedes para escuelas o Universidad propia. Expresamos nuestra esperanza de que su camino como jóvenes aporte a la reconstrucción nacional mapuche, la defensa y cultivo de nuestra lengua y sistema de creencia y haga frente a la manipulación política-idiológica y lingüístico-cultural de la que permanentemente somos víctimas.
  3. No nos oponemos a ninguna consulta porque no existe. Sí denunciamos la maquinaria legislativa que el gobierno de derecha intenta validar mediante el mecanismo torcidos que lleva como slogan “consulta indígena”, ello a través de  una serie de Proyectos de Ley ya redactados, y cuyo trasfondo –entre otros aspectos- está orientado a la enajenación y entrada al mercado de nuestras tierras ancestrales como un “bien de consumo” para beneficiar al empresariado. Ninguna organización propia del pueblo mapuche ha sido consultada bajo los estándares de nuestros derechos colectivos. Al nuevo coordinador nacional de este nuevo proceso de negación de los derechos mapuche le decimos que no necesitamos voluntariado, porque si ha tenido mucho éxito en sus “acciones  de voluntariado internacional” aquí este frente a un pueblo que exige sus derechos y no obras de beneficencias o de caridad.
  4. El contexto general de la lucha de defensa de los derechos mapuche, luego de la última huelga de nuestros hermanos encarcelados esta en importantes momentos de definiciones, y por tanto de acciones internas en la dirección que nuestros antepasados nos legaron, valorando la constitución de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, cuya validación debe ser fortalecida en los hechos y territorios en lucha.
  5. Finalmente, solidarizamos fraternalmente con los pobladores chilenos que aún viven bajo la miseria y el duro invierno a partir del terremoto. Tal como lo señalamos claramente cuando concurrimos con 5 toneladas de alimentos a nuestros hermanos afectados en abril de 2010 “mientras la gente de las naciones mapuche y chilena se reconstruye sin ayuda de nadie, el gobierno realiza un show de supuesta ayuda” (http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=5429); aquello se ratifica a los luz de los  hechos que ocurren en la localidad de Dichato (sector en que nuestros ancestros realizaban sus oraciones o Gillatu o billatu a orillas del mar), donde además del olvido gubernamental se hace presente la represión policial con balines percutados contra ancianos, mujeres y niños que protestan legítimamente. Instamos a los pobladores a que resistan y que la ATM está evaluando una visita de solidaridad con una delegación al terreno mismo.
  6. El llamado es a continuar con las movilizaciones y perder el miedo puesto que nuestra vida esta al servicio de la tierra, y no pensamos en entregársela a los que dirigen un Estado que reprime incluso a su propia gente. Esto, en las proximidades de la conmemoración del 2º año del cobarde asesinato a nuestro hermano Jaime Mendoza Collio.

 

 Marichiwew¡¡¡¡

Juan Catrillanca Antin                                  Juan Carlos Curinao Rucal

Gizol Logko                                                                     Logko

Jorge Calfuqueo Lefio                          Mijael Calbone Queipul

Logko                                                             Werken

Javier Reliman

Werken

 

Fuente: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/

Wallmapu: Comunidades mapuche de Pilmaiquen realizan trámites ante Conadi para compra de predio en recuperación y mantienen alerta frente a posibles desalojos


19 July, 2011

Comunidades mapuche de Pilmaiquen realizan trámites ante Conadi para compra de predio en recuperación y mantienen alerta frente a posibles desaloj.os

Hasta las oficinas de Conadi en la ciudad de Valdivia, arribó hoy durante la mañana un grupo de dirigentes mapuche, pertenecientes a las comunidades mapuche huilliche opositoras a la construcción de la Central Hidroeléctrica Osorno en el río Pilmaiquen. Dichas comunidades iniciaron el martes 12 julio recién pasado, un proceso de recuperación territorial al interior del predio, perteneciente al particular Juan Heriberto Ortiz, para detener la tala ilegal de árboles en el espacio sagrado ngen kintuante y la colusión del particular para favorecer la instalación del proyecto hidroeléctrico en la zona.

Comunidades mapuche de Pilmaiquen realizan trámites ante Conadi para compra de predio en recuperación y mantienen alerta frente a posibles desalojos

Por José Luis Vargas, martes 19 de diciembre de 2011 / http://www.observatorio.cl/node/3281

Millaray Huichalaf, vocera de las comunidades mapuche huilliche en conflicto detalló que el tramite realizado hoy ante Conadi, se trata de la entrega de una carta de reivindicación y compra de tierras, dirigida al director regional de Conadi de la región de Los Ríos, Andrés Melinao Rocha. “Esta es una carta que se llama declaración de conflicto contra el estado chileno y la empresa Pilmaiquen sociedad anónima, para iniciar los trámites legales para la compra de este predio de Juan Heriberto Ortiz, donde actualmente se encuentra y habita el espacio sagrado de nuestro ngen mapu kintuante”, informó la dirigente.

Huichalaf dio a conocer que este trámite se realiza luego de una serie visitas en terreno por parte de funcionarios de la Conadi, en el marco del proceso de recuperación territorial que llevan a cabo desde la semana pasada, “por eso hemos venido a realizar esos trámites en la ciudad de Valdivia, pero sin descuidar el proceso de recuperación que hemos iniciado”, sostuvo.

Millaray Huichalaf también dio a conocer que la tala ilegal de árboles efectuada en el Río Pilmaiquen durante las últimas semanas, ha despertado la preoupación de organismos púbicos como Conaf, “este organismo decretó una multa contra el particular Juan Heriberto Ortiz, por tala ilegal de árboles, este es un dato importante porque se acredita la ilegalidad que tuvo esta tala que fue denunciada por las comunidades del Pilmaiquen en su momento”, manifestó Millaray Huichalaf.

Por otro lado, refiriéndose al intento de desalojo ocurrido durante el fin de semana, la vocera indicó que, “este sábado a las cinco de la tarde llegó fuerzas especiales de Valdivia al lugar donde se encuentra nuestro ngen mapu kintuante, un fuerte contingente policial trató de desalojar el predio donde comuneros opositores a la construcción de la central Osorno en el río Pilmaiquén mantienen ocupado un predio para evitar la construcción de este megaproyecto hidroeléctrico”, agregando luego, “hubo enfrententamientos y a las diez de la noche carabineros se retiró sin que hubiera heridos ni personas detenidas”.

En esta misma linea, ante la eventualidad de que ocurrieran situaciones similares durante los próximos días, Millaray Huichalaf aseguró que “continua el proceso de recuperación del predio y mantenemos una posición de alerta ante un posible desalojo en los próximos días, rechazamos además la doble postura del gobierno que por parte de Conadi nos abre las puertas para negociar, pero a través de la gobernación de Ranco envía efectivos policiales para reprimir y desalojar la ocupación pacífica que hemos mantenido”, concluyó.

 

Disponible en: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=7198

Cuidad del Este: Inminente desalojo en Ñacunday en Alto Paraná.


Cuidad del Este

Inminente desalojo en Ñacunday

La Policía espera recibir esta mañana la orden judicial para desalojar a campesinos que ocupan tierras de Tranquilo Favero en Ñacunday, Alto Paraná. Anoche, una fuente policial confirmó el apresto para el operativo.

En las próximas horas los agentes estarían expulsando a los carperos del inmueble que ocupan, de 4 mil hectáreas, que son parte de 12 mil hectáreas de terrenos arrendados del empresario sojero Tranquilo Favero por 37 colonos, en la zona de Ñacunday. Unas 630 familias se instalaron en el lugar.

Anoche, una fuente de la Comandancia Policial de Alto Paraná confirmó que existe información de que el desalojo se llevará a cabo hoy. De concretarse, la desocupación coincidirá con el fin del plazo que los productores habían dado al Gobierno nacional para resolver el problema.

Consultado al respecto, el intendente de Santa Rita, Concepción Rodríguez, no confirmó ni descartó que habrá expulsión. Dijo que es un dato que se está manejando con mucha prudencia y que lo está siguiendo el abogado de los colonos, Alfredo Romero, con quien ayer no pudimos contactar, por lo que no se pudo confirmar quién es el juez que resolvió el desalojo. “No recuerdo el nombre del juez, pero sé que hay una orden de desalojo que tiene más de un mes sin cumplir”, aseguró Rodríguez.

El encargado de Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía del Alto Paraná, Augusto Aníbal Lima, indicó que por el momento la dependencia no tiene orden alguna de expulsión de carperos, pero no descartó que la tenga en las próximas horas.

La seguridad en la zona de Ñacunday ahora está a cargo de la Policía local, pues los efectivos de la Agrupación especializada, dirigidos por el subcomisario Erven Lovera, fueron retirados el viernes.

REUNIÓN CON MINISTRO. El gobernador de Alto Paraná Nelson Aguinagalde y la Asociación de Municipalidades de este departamento, presidida por Concepción Rodríguez, se reúnen esta mañana a las 8.00 con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera.

Los mismos reclamos planteados a los ministros de la Corte Víctor Núñez y Sindulfo Blanco también serán hechos a Benítez Riera, confirmó Rodríguez, jefe comunal de Santa Rita.

Los intendentes municipales pretenden que la promesa realizada el viernes pasado por Núñez y Blanco, de revisar y dar de baja por los medios correspondientes a los títulos falsos que supuestamente obran en el archivo de la Sindicatura de Quiebras, tenga el apoyo de todos los ministros de la máxima instancia judicial.

“Queremos que el Banco Central del Paraguay y la Sindicatura de Quiebras dejen de estar estafando a la gente, llevando a remate títulos que no tienen un centímetro de tierra en Alto Paraná”, indicó.

 

Fuente: http://www.sudamericarural.org/index.php?nw=105&mc=43&d=%C2%BFQu%C3%A9%20pasa?&cod=871&iu=190

Wallmapu: Comuneros mapuche denuncian tala de bosque centenario en región de Los Ríos


Viernes 15 de julio 2011 11:38 hrs.

Comuneros mapuches denuncian tala de bosque centenario en región de Los Ríos

Paula Correa

Las comunidades Mapuche-Huilliche de la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos, iniciaron un proceso de reivindicación territorial, con una recuperación pacifica e indefinida del territorio que consideran ancestral, con lo que buscan también detener la instalación de la Central Hidroeléctrica Pilmaiquén S.A. en Osorno.

Para los comuneros, el obispo evangélico y carabinero jubilado Juan Heriberto Ortiz, en complicidad con la empresa, está destruyendo el lugar sagrado, talando de forma ilícita árboles centenarios, lo que consideran es una agresión a todo el pueblo mapuche. El werkén de las comunidades movilizadas, Esteban Vera, indicó que Ortiz buscaba vender la madera, lucrando con el patrimonio de las comunidades y el medioambiente.

“Esto significa seguir lucrando con nuestra naturaleza y no tener respeto con ningún espacio, ni menos a nuestro espacio sagrado. Por eso aquí también estamos defendiendo el medio ambiente. Nosotros convivimos con nuestra madre naturaleza y ella es un ser vivo igual que todos nosotros, y cuando las transnacionales llegan a nuestros territorios, llegan a destruir a contaminar, están enfermando la tierra, y la tierra en su momento quiere un respiro y se enferma”, explicó el vocero Esteban Vera.

Hoy se realizará una movilización en Santiago para respaldar las demandas de estos comuneros. El encuentro será a las 18.30 horas en la ya tradicional esquina de Ahumada con la Alameda.

Noticias relacionadas

Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/122744/

Wallmapu: Gobernador Mellado sobre comunidades que solicitaban terrenos: “tienen que ponerse a la fila”


Gobernador Mellado sobre comunidades que solicitaban terrenos: “tienen que ponerse a la fila”

Martes 12 julio 2011 | 18:08

Publicado por Nicole Villagra | La Información es de Andres Pino


El Gobernador de la provincia de Cautín, Miguel Mellado, salió al paso de las acusaciones en su contra, que señalaban que él no habría cumplido un compromiso con comunidades indígenas. La autoridad regional señaló que los procedimientos se han ajustado a la norma.

Ayer lunes, un grupo de comunidades indígenas pertenecientes al territorio Pehuenche, comenzaron con la toma en dos fundos exigiéndolos como propios y reclamando un incumplimiento por parte del Gobierno regional al no responder a sus demandas.

Sin embargo, el gobernador Mellado salió al paso de estas acusaciones y señaló que nunca existió el compromiso de entregarles los terrenos en toma a quienes lo exigen como propio, sino que lo que ellos harían era entregar observaciones al gobierno central con algunos requerimientos por parte de las comunidades indígenas.

La autoridad regional aseveró que este compromiso fue cumplido y agregó que Luis Lligaimán, vocero del territorio pehuenche, ahora tiene que “ponerse a la fila”.

Cabe señalar que en la últimas horas, alrededor de 80 funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros, llegaron hasta los dos fundos tomados, Arauco y otro de propiedad de la Forestal Mininco, para llevar a cabo una orden de desalojo.

Ésta se registró sin accidentes, luego que las personas que se encontraban en los predios optaran por retirarse voluntariamente, en lo que ellos llaman una señal al Gobierno de que están dispuestos a dialogar para encontrar respuesta satisfactoria a sus demandas.

Url Corta: http://rbb.cl/10fa

 

Fuente: http://www.biobiochile.cl/2011/07/12/gobernador-mellado-sobre-comunidades-que-solicitaban-terrenos-tienen-que-ponerse-a-la-fila.shtml

Wallmapu: Los ancestros emigrantes I y II. La vida en Suiza de los ancestros de los colonos suizos y los mapuche en Chile. Por Alberto Dufey


Los ancestros emigrantes. La vida en Suiza de los ancestros de los colonos suizos en Chile.

Por Alberto Dufey

Parte 1. http://www.youtube.com/watch?v=qK6Xc-W7SII

 

Parte 2. http://www.youtube.com/watch?v=WbzXMr1mEf4

 

Fuente: http://www.swisslatin.ch/ades/

Wallmapu: Las tierras del Lleu-Lleu: Historia de la usurpación. Por Martín Correa


LAS TIERRAS MAPUCHE DEL LLEU LLEU: HISTORIA DE LA USURPACIÓN.

MARTIN CORREA CABRERA, HISTORIADOR. Enero de 2010

La actual situación territorial y judicial de las familias mapuche de Choque no es nueva. Si hoy en día las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu se encuentran rodeadas por cordones forestales y por fuerzas policiales, ello no constituye sino nuevas formas de ocupación por parte del Estado chileno, y representa una continuidad con un pasado no tan lejano, que se remonta a la Ocupación Militar de la Araucanía, a la llegada de los fundos particulares, al proceso de reducción y radicación, a la represión de los días posteriores al Golpe de Estado, y -más cercanamente- a la defensa que hacen los organismos del Estado desde la llegada al área de las empresas forestales.

EL ANTIGUO TERRITORIO LAFKENCHE Y LA OCUPACION DEL ESTADO CHILENO

Al momento de constituirse la República de Chile, en las tierras al sur del Bio Bio el pueblo mapuche gozaba de autonomía política y jurisdiccional, autonomía que había sido reconocida a través de múltiples Parlamentos entre la Corona Española y las autoridades mapuche.
El primer antecedente que hace referencia a las autoridades mapuche del sector de Lleu Lleu lo encontramos en el Parlamento de Yumbel, de fecha 16 de diciembre de 1692, al que acuden los caciques Pillantur, Amali, Paillante y Caiancura, de Lleu Lleu; Penipillan y Categuaguelen, de Quidico; Amoibueno, Gueracan, Marilebu, Cincomalco, Guentelican y Lleubalican, de Tirúa, entre otras autoridades , lo que da cuenta de la importancia política de los mapuche del área, y de que representan a un gran número de familias.
Lo anterior se replica en el Parlamento de Tapihue, realizado entre el 21 y el 29 de diciembre de 1774, al que acuden los caciques Pedro Huentecol y Jacinto Millanau, de Choque; Agustín Yaupi y Francisco Caniu de Lleu Lleu; Francisco Marileb, de Tranaquepe; Juan Curilabquen, de Quidico; y Martín Curimilla, Francisco Guentelemu, Martín Liencoanti, Pedro Millacaniu, Juan Pilquian, Francisco Huencheu y Lorenzo Tokillanca, de Tirúa, entre muchos otros.
En los inicios de la República chilena la situación se mantiene intacta. Para entonces, en el territorio mapuche de la Provincia de Arauco -a orillas del Pacífico y al sur del río Biobío- existía una división política territorial identificada con las jefaturas mapuche principales. Así, Namunkura fue el Lonko o jefe principal en Tukapel; Antuwen lo fue en Elikura; Antullen en Tromen; Trarupil en Peleko; Kallfulao en Nangalwe; Alkamañ en Llonkao; Payllaw en Tirúa, Waykiñir en Yani y Millan en Alberrada. Así mismo, en esos años se reconocía como cacique principal o Ñizol Longko desde el río Lebu hasta Tirúa, a Porma, de Huentelolen. Por otro lado, a diferencia de lo que se ha hecho creer, el poblamiento mapuche era tan extendido que el Ministro de Interior Antonio Varas plantea, hacia 1849, que
“la subdelegación de Arauco comprendida entre la cordillera de la costa y el mar, y entre el Laraquete y el Cautín, está poblada de indígenas en todas direcciones. Indígenas hay a orillas del mar y en el centro. Sólo el pueblo (Arauco) y sus cercanías están completamente ocupado por españoles; pero por poco que estos límites se salga se encuentran indígenas […] a quienes es preciso sujetar para civilizarlos, a una administración y un régimen especial.”
Ese era –y es- el objetivo principal del estado chileno, ‘civilizar’ al mapuche, es decir obligarlos a dejar de ser mapuche y que se asuman como ‘campesinos’, y sujetarlos a una administración y régimen especial, que se manifestó entonces en todo un aparataje legal para despojarlos de sus tierras y en la actualidad en la aplicación de la ley antiterrorista para mantenerlos encarcelados y estigmatizados ante la sociedad chilena.
En esos mismo años, a mediados del siglo XIX, ha llegado al territorio que se extiende entre el río Bio Bio por el norte y el río Malleco por el sur un gran contingente de chilenos, alrededor de trece mil personas , “individuos de mala fama, que con su conducta perjudican a los habitantes honrados y principalmente a los indígenas de todas sus propiedades”, relata el coronel Cornelio Saavedra, apropiándose de amplias extensiones territoriales de las tierras ancestrales a través de diferentes estratagemas, fraudes y engaños, según se desprende del testimonio de las propias autoridades de la época, como es el caso del Intendente Bascuñán Guerrero, quien envía una carta al Ministro del Interior denunciando que
“los Indígenas, como vendedores, reclamaban ahora que no había venta ninguna, sino sólo un simple arriendo; en otros casos, que el terreno vendido no había pertenecido en realidad al vendedor; también sobre la mayor o menor extensión del terreno enajenado y últimamente reclamando lesión enorme y enormísima en cuanto al precio de la propiedad enajenada”.
Sin embargo, la denuncia de Cornelio Saavedra, el paladín de la ocupación militar del territorio mapuche, no se dirige a la defensa de los derechos mapuche, sino a mejorar la calidad de los usurpadores, a la necesidad de “llevar al territorio indígena personas de mejores costumbres, que tengan hábitos de trabajo e interés en el progreso de la industria. Esta clase de colonos debe ser en su mayor parte extranjeros.” El problema, para el Estado chileno, radica en la ‘calidad’ de los colonos, que deben ser extranjeros, y que una vez que éstos ocupen el territorio mapuche “la existencia de tribus salvajes en la República, sólo aparecería consignada en las páginas de la historia”, señala con desparpajo el propio Cornelio Saavedra.
Es lo que sucede precisamente con el territorio mapuche aledaño al lago Lleu Lleu, como en toda la Araucanía.
El primer paso para ello es crear una legislación acorde al plan, y en virtud de ella el Estado incorpora ‘nominalmente’ al territorio mapuche como una provincia del territorio chileno, integrándolo a su jurisdicción y reglamentando los actos de constitución de la propiedad en el territorio mapuche. En esta apropiación ‘administrativa’, se dicta la Ley de 2 de Julio de 1852, que crea la Provincia de Arauco, que comprende
“… en su demarcación los territorios de indígenas situados al sur del Bío Bío y al norte de la provincia de Valdivia…”, [los cuales] “se sujetarán a las autoridades y al régimen que, atendidas sus circunstancias especiales, determine el Presidente de la República… para el mejor gobierno de la Frontera, para la más eficaz protección de los indígenas, para promover su más pronta civilización y para arreglar los contratos y relaciones de comercio con ellos.”
Del artículo citado se desprenden, al menos, tres elementos: El reconocimiento de la existencia de un ‘territorio de indígenas’ con una extensión y deslindes determinados; el que dicho territorio es anexado ‘en el papel’ al Estado chileno; y el que se le entrega atribuciones específicas al Presidente de la República a fin de proteger a los habitantes, ‘promover su civilización’ y, sobre todo, ‘arreglar los contratos y relaciones de comercio’, sin duda lo más relevante y de mayor importancia para el gobierno central, exigiendo una serie de formalidades en los contratos que se pacten en dicho territorio, lo que en la práctica quedó solo en el papel.
Lo que se esconde detrás de esta ley -que a primera vista parece ‘proteccionista’- es el que se está integrando al mercado un amplio espacio territorial, el territorio mapuche, y la apariencia ‘proteccionista’ quedará solo en eso, en apariencia.
En forma paralela, a la ocupación legal aparece a partir de la década de 1860, la más dura y cruel de las ocupaciones, la militar, la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”.
Como primer paso para la Ocupación Militar de la Araucanía se levantan, en 1862, el fuerte de Lebu y los puestos militares de Quidico y Tirúa, y luego, en 1866, el fuerte de Cañete. Todos en sectores de extendida población mapuche, y en 1869 se complementan con la línea de fuertes y fortines en los pasos de Contulmo, Cayucupil y Elicura, emplazados en la Cordillera de Nahuelbuta, todo un sistema de fortificaciones a fin de“incomunicar las tribus de la costa con las del valle central i proteger las comunicaciones de Cañete con las plazas de Angol y Purén”.
PLANO DE ARAUCO Y VALDIVIA CON LA DESIGNACION DE LA ANTIGUA
Y NUEVA LINEA DE FRONTERA CONTRA LOS INDIOS. 1870
En términos de estrategia militar, en 1869 el Coronel Cornelio Saavedra decía entonces:
“Las tribus de la costa, en la parte comprendida al poniente de la cordillera de Nahuelbuta, al norte del Imperial y el río Lebu por el sur, componen una fuerza de mil lanzas que obedecen a los caciques Mariñan, Porma, Paillao, Hueraman, Cheuquean, Lincognir, Calvulao y otros de menor importancia. No siéndole ya posible a esta población indígena comunicarse con la del valle central, ha quedado sometida a nuestras autoridades”
El resultado práctico de la ocupación del territorio Lafkenche es que se amplía notablemente la disponibilidad de tierras rematables o adjudicables por particulares.
En términos legales, hacia 1866 el reconocido “territorio de indígenas”por la legislación es cambiado por el de “territorio de Colonización”, y el 13 de octubre de 1875 se dicta el decreto que crea las Provincias de BioBio y Arauco y el Territorio de Colonización de Angol. Lo anterior significó que las tierras mapuche ubicadas al norte de Tirúa dejan de tener la protección que hasta entonces tenían, e ingresan en gloria y majestad al mercado inmobiliario, no importando ni haciendo cuestión a sus habitantes ancestrales.
Es en este momento que se forman –en tierras mapuche de antigua data- la Hacienda Lanalhue, de propiedad de la familia Etchepare (1850), en 5.500 hectáreas; la Hacienda Lleu Lleu de Félix Antonio Aguayo (1860), con 4.000 hectáreas; la Hacienda Antiquina de Pedro Etchepare B. (1876), de 8.130 hectáreas; y la Hacienda Tranaquepe, de Francisco Javier Ovalle (1876), con alrededor de 12.000 hectáreas. Es decir, el Estado chilena adjudica 9.630 hectáreas para solo 4 familias, y no sólo eso, mientras a los colonos se les adjudicaba en remate o se les reconocía la validez legal de los títulos de dominio adquiridos sobre los terrenos planos, en grandes extensiones y de mejor calidad, las familias mapuche resistirán en pequeños retazos, la mayor de las veces sin agua, sin terrenos de pastoreo y ramoneo, encerrados por los latifundios, y en las peores tierras.
Coherente con lo descrito, la llegada de extranjeros al área forma parte de la memoria colectiva mapuche, transmitida de generación en generación:
“los primeros winkas que llegaron fueron los gringos, los extranjeros. Porque antes no había fundo, había Lof, entonces cuando llegaron ellos comenzaron a ‘tomar estancias’ como decían ellos. Posteriormente llegaron a los fundos, ¿Quiénes fueron? Casi puros extranjeros, alemanes digamos. Aquí había un tal Ebensperguer, aquí en el fundo Tranaquepe. En Antiquina había Arismendí y más al norte había unos tales Etchepares. Y así poh, aquí no hubo Mapuche que no fueran dueños de sus tierras, sino que llegaron gringos extranjeros a apoderarse de su tierra. Venían grupos de gente, se instalaban y ahí comenzaban a formar sus límites. Decían “esto es mío y a los demás hay que botarlos”, relata el Lonko de Choque, don Juan Carilao.
En contraposición, a las familias mapuche se les entrega ‘Títulos de Merced’, en un proceso de radicación que significó que en la Provincia de Arauco -que posee una superficie de 542.010 hectáreas- se entregue en 77 Títulos de Merced a los mapuche 9.700 hectáreas, un 1,4% del total provincial, para 2.477 personas.
LA HACIENDA TRANAQUEPE Y LA FAMILIA EBENSPERGER
En el espacio territorial que desde antiguo ocupaban -como propio y como herencia de los antepasados- las familias mapuche aledañas al lago Lleu Lleu se formó tempranamente la Hacienda Tranaquepe, la que durante casi un siglo sería propiedad de la familia Ebensperger.
Sin embargo, los títulos originales se remontan a otro propietario, a Francisco Javier Ovalle Olivares, residente en la ciudad de Santiago, diputado por Freirina para el período de 1873 a 1876 y por Lebu para el período de 1876 a 1879, propietario de derechos también en la mina Santa Rita, en la mina San Francisco de San Felipe y en el establecimiento carbonífero de Lebu.
Será el diputado y empresario Ovalle quien realice un trabajo metódico y ordenado para hacerse de los predios, recorriendo cada uno de los vericuetos que le otorgaba la ley, inscribiendo luego los derechos que iba adquiriendo, dando forma de latifundio a un extenso territorio que se emplaza entre el lago Lleu Lleu y el Oceáno Pacífico, precisamente el territorio que conformaba el antiguo Lof mapuche del área.
Así, Francisco Javier Ovalle, el 22 de Julio de 1978 presenta ante la Notaría una escritura pública otorgada en Lebu en virtud de la cual
“es propietario de las acciones y derechos que les corresponde a los indígenas Ignacio Reuca, Mariñan Reuca, Cheuquel Panchilla, Francisco Metrin, Alejo Maniqueo, Benjamín Diaz, José Lepuman, Francisco Huilipan, Agustina Conchi, Juan Tranamil, Juan Millanao, Francisco Ancalao, Manuel Leviqueo, Pablo Nahuelqueo, Panchita Quinturray, Juanito Quintupí, Antonia Chepata i a Lorenza Caucao en el fundo Tranaquepe […] Obtuvo esta propiedad por habérsele adjudicado en parte de pago de una deuda que contenían los citados indígenas cuya suma asciende en intereses i cartas a la cantidad de siete mil ochocientos ochenta pesos ochenta i nueve centavos.”
En la presente escritura es necesario detenerse ya que constituye una estratagema idéntica al utilizado en todo el territorio mapuche, del cual existe una extensa literatura y que consiste en realizar préstamos en condiciones impagables para las condiciones mapuche -y sólo a un determinado grupo de mapuche- quienes habrían contratado con el particular poniendo como aval del pago sus acciones y derechos sobre el territorio comunitario.
Luego, y una vez que se hace efectivo el cobro, los particulares se hacen dueños de la totalidad del predio, no sólo de lo que correspondía a su supuestos deudores, pasando por encima de los derechos de los otros comuneros que no habrían solicitado préstamo alguno y con los cuales no existía ningún contrato o vinculación (Ello si asumimos que los préstamos fueron efectivamente realizados, a las personas que se señalan y en condiciones conocidas por los deudores).
Llama la atención -al menos- que el acto notarial se firme ante el Notario de Lebu, muy lejos entonces de Tranaquepe; y que en el acta notarial se cite personas cuyos apellidos no hay en la zona, también maniobra muy recurrida para hacerse de derechos territoriales mapuche, más aún si la cantidad de mapuche que a esa altura sabían leer y escribir era casi inexistente, lo que pone en duda la manifestación de voluntad libre e informada para contratar, incapacidad que había sido rescatada, al menos ‘en la letra’, por las legislaciones dictadas al efecto.
Al respecto, el propio Coronel Cornelio Saavedra da cuenta del desuso en que quedaban las leyes que se dictaban para precaverse del accionar de particulares y colonos,
“…pues la mala fe encuentra siempre expediente como burlarlas. Entre otros, los más comunes son: ejecuciones por supuestas deudas i por supuestos dueños de la propiedad que tratan de adquirir, daciones en pago, testamentos, reconocimiento de derechos hereditarios a favor de individuos extraños”, los mismos mecanismos que se utilizaron para dar forma a la Hacienda Tranaquepe.
Una vez concentrados los derechos mapuche sobre el extenso territorio en una persona, el paso siguiente no es otro que transferir ya no las ‘acciones y derechos’ sino la propiedad plena, el dominio, sin que hubiere adjudicación previa, sin que se respeten los derechos de aquellos que no se enajenaron de sus acciones, si es que algunos en realidad lo hicieron y no fueron objeto de maquinación fraudulenta de su voluntad, de una acción dolosa.
El hecho es que no hubo de transcurrir mucho tiempo, 5 años exactamente, para que las tierras que se adjudicó Ovalle, la futura ‘Hacienda Tranaquepe’, pase a dominio de la familia Ebensperger, quienes el 31 de Octubre de 1883 inscriben en la Notaría de Cañete la siguiente escritura:
“Los señores Santiago i Jorge G. Ebensperger son dueños por compra que hicieron a la sucesión de doña Josefa Olivares de Ovalle del fundo San Francisco compuesto de los potreros Pelohuenco, Chapo, Carralhue, Llahuenas i Tranaquepe, situado en la subdelegación de Quidico de este departamento. Los límites del potrero Tranaquepe son los siguientes: al Sur con terrenos de Huinca Quintriqueo i otro, separado por la laguna Tranaquepe, estero del mismo nombre hasta su desembocadura en el mar i la quebrada denominada Mollancollan, quedando al lado norte el bosquete en que trabajaba el finado Felipe Reuca i una línea que partiendo de la quebrada se encontrarse en terrenos del indígena Pichuman; al Oriente con terrenos del mismo Pichuman divididos por quebradas; al norte en propiedad de don F. Ovalle Olivares i la quebrada Rucaquilhue, el pajonal de Mulucuicui i de aquí línea recta al mar, pasando como dos cuadras al sur de la casa de Aravena i al Oeste el mar. […] La sucesión vendedora se obliga a la evicción i saneamiento i también a la expulsión de los indígenas que poseen el fundo..”
Ya no se habla de potreros, sino de una totalidad, el fundo San Francisco, antecedente directo de la Hacienda Tranaquepe. Interesante es también en la misma escritura se reconozca la presencia de indígenas, y no solo eso, que los vendedores se obligan “a la expulsión de los indígenas queposeen el fundo”.
Es decir, hasta el momento de la transferencia la Hacienda Tranaquepe se encontraba efectivamente ocupada por las familias mapuche. Los conflictos comenzarán precisamente en el momento en que la familia Ebensperger decida desalojar a sus ancestrales habitantes y ocupar materialmente el predio.
CARTA DE COLONIZACION, 1921-1923. Los terrenos adjudicados a los
Ebensperger se extienden desde la cordillera al mar, mientras las familias
mapuche son arrinconadas entre la montaña y el lago Lleu Lleu.
Para llevar a cabo lo anterior la familia Ebensperger debía recurrir a sus vinculaciones con los poderes locales, por ello es importante saber: ¿Quiénes formaban la familia Ebensperger?, ¿Cuál es su origen?, ¿Cómo llegan a la zona?
La familia Ebensperger tiene su origen en Johan Jacob Ebensperger, jabonero alemán originario de la ciudad de Ditzingen, quien llega ‘enganchado’ como colono por el Estado chileno al puerto de Corral el 5 de octubre de 1852, en el barco hamburgués Alfred, junto a su esposa Rosita Reinert y sus 6 hijos. Entre sus hijos viene Jorge Carlos Ebensperger Reinert, a la sazón con sólo 5 años de edad y luego promisorio agricultor y comerciante en Lebu, y de quien y de su matrimonio con Guillermina Richter descienden sus hijos Jorge Carlos, propietario de los fundos Boldal y San Juan en Talcahuano y diputado por Arauco y Cañete; Theodor; Emilio Karl, Arnoldo y Arturo. Este último, Arturo Ebensperger Richter, fue propietario de los predios Antilhue en Lebu y de la Hacienda Tranaquepe en Quidico, además de ser Alcalde de Quidico, Alcalde de Lebu, Gobernador de Lebu e Intendente de Arauco.
Del párrafo anterior se infiere fácilmente que las familias mapuche se enfrentaban a una familia muy poderosa, que contaba con una extensa red de vinculaciones políticas y sociales, las necesarias para llevar a cabo el desalojo de las familias mapuche.
En este contexto se entienden en su real magnitud las palabras del Lonko de Choque Juan Carilao, quien plantea que los dueños de la Hacienda Tranaquepe:
“Implantaban sus propias leyes, llegaban amparados por el Estado, en ese tiempo nadie tenía derecho ni a decir ni pio. Como ellos tenían su Gobierno, su Parlamento. Entonces ellos hacían lo que querían prácticamente, el Mapuche no tenía ni arte ni parte.”
DE LA RADICACION/REDUCCION DE LAS FAMILIAS MAPUCHE Y LA REFORMA AGRARIA A LA SITUACION ACTUAL
Como se señaló precedentemente, las tierras antiguas de las familias del Lleu Lleu fueron adquiridas tempranamente por Francisco J. Ovalle, y luego transferidas a la familia Ebensperger. ¿Qué sucedió entonces con las familias mapuche? Una vez que los Ebensperger han consolidado su dominio sobre la Hacienda Tranaquepe, son desalojadas y encerradas entre la montaña y el lago, en las peores tierras y en superficies ínfimas.
En la práctica, el Estado chileno, en el año 1904 y a través de la Comisión Radicadora de Indígenas entrega a los mapuche de la cuenca del LLeu LLeu los Títulos de Merced N° 936, a nombre de Esteban Yevilao, en Choque, por 400 hectáreas para 68 personas; N°935, Lorenzo Pilquiman, en 250 hectáreas para 48 personas; N° 957, Lorenzo Lepin Millahual, en 257 hectáreas, en Ranquilhe, para 46 personas; N°914, Juan Lincopan, en Ranquilhue Grande, en 420 hectáreas para 104 personas; y N°922, a nombre de José Maria Calvul, El Malo, con 310 hectáreas para 48 personas.
Según del Lonko Juan Carilao,
“…se va a hacer Título de Merced después cuando ellos se apoderaron de los fundos, cuando vieron que ya no había más, entonces dijeron le entregamos esas tierras a los mapuche para que hagan los que quieran. Ellos sabían que con la propiedad privada uno puede hacer lo que quiera, porque si tengo un par de zapatos lo puedo vender cuando quiera, si tengo un pollo también lo vendo porque es mío. Entonces dijeron ‘le entregamos esto’ para que los mapuche se vayan fácilmente sin perjuicios, y así fue. Entonces disimuladamente se metió, nuevamente el otro particular, de a poquito. Y así fuimos perdiendo de poco a poco las tierras”.
Luego, a partir del año 1931 acudimos al proceso de división al interior de los Títulos de Merced, y con él ingresamos a otro momento en la pérdida territorial mapuche: ya perdidas las tierras antiguas, la pérdida territorial se da ahora al interior de los Títulos de Merced, y es representada por la familia Jorquera, familia con la que se tiene conflictos hasta la actualidad, y que en el año 1934 se hicieron de las hijuelas 1, 2 y 3 del Título de Merced de Esteban Yevilao, Choque, hijuelas que les fueron reconocidas en dominio por el Juzgado de Indios, y que han continuado creciendo a expensas de sus vecinos.
Sin embargo, las familias mapuches no han cejado en sus intentos por recuperar su espacio territorial.
Un momento crucial se produjo durante el proceso de Reforma Agraria, entre 1968 y 1973, momento en que muchas familias mapuche volvieron a ocupar y trabajar las tierras usurpadas. Sin embargo, en el caso de la Hacienda Tranaquepe -no obstante que fue expropiada y participó del proceso de Reforma Agraria- en parte importante se privilegió el trabajo con los inquilinos del fundo, dejando fuera a las familias mapuche, que lo demandaban desde antiguo pero que en el proceso de colonización/radicación/reducción quedaron fuera de sus dominios, vecinos directos pero fuera del predio.
Así, para las familias mapuche significó una tercera etapa de pérdida territorial, y más grave aún porque con el avenimiento del Golpe de Estado se reafirmó una nueva propiedad no mapuche, la de los parceleros CORA, unido además al doloroso y extendido proceso de persecución, tortura y muerte durante la Contra Reforma Agraria, después del Golpe Militar.
Efectivamente, si bien los mapuche de Lleu Lleu no fueron favorecidos por el proceso de Reforma Agraria, sino los inquilinos del predio, con el Golpe Militar de 1973 se presenta a los particulares y a los organismos del Estado una oportunidad para ejercer una brutal represión, en la que en el caso de los mapuche del Lleu Lleu se conjugaron varios aspectos.
El primero tiene que ver, una vez más, con las vinculaciones familiares, ya que Eliana Ebensperger Proessel, hija de Arturo Ebensperger Richter, se casó con el Comandante en Jefe del Ejército (1977-1980) teniente General Carlos Forestier Haensgen, hombre de confianza del General Augusto Pinochet, Ministro, Intendente de la Provincia de Tarapacá, Comandante de la Sexta División del Ejército con asiento en Iquique y Jefe de Zona en Estado de Emergencia designado por la Junta Militar, y en dicho carácter fue sometido a proceso como autor intelectual del homicidio calificado de ocho personas en Pisagua, tras el 11 de septiembre de 1973, como también por el cargo de secuestro calificado de 10 prisioneros políticos en dicho centro de detención del ejército.
De la mano con lo anterior, especialmente grave es lo que sucede en las hijuelas de Santos Jorquera, en el antiguo territorio del Título de Merced de la comunidad de Choque, el que fue ocupado como centro de detención y tortura en la dictadura, y de cuya acción la prensa local señala que:
“…entre los detenidos, desaparecidos y caídos que pasaron por ese centro de detención […] se encuentran: Lorenzo Carilao Tranamil, Octavio Carinao Huichalao, Manuel Carilao Paineo, Juan Jarpa Silva, Elises Flores Gonzalez, José Pilquiman Yevilao, Juan Pilquiman Yevilao, Domingo Millahual Millapi, Segundo Rivera Huenupil, Juan Carilao Paineo, Miguel Ñehuei Carilao, Osvaldo Millahual Nariñan, Leopoldo Millahual Cona. Agregaron que poco se ha escrito sobre la represión “hacia los hermanos mapuche en el lago Lleu – Lleu durante los días del golpe y los años posteriores a éste. Entre los lugares de detención y tortura se cuentan una escuela y el recinto particular de José Santos Jorquera, […] quien delató a una treintena de mapuches que abrazaban la causa popular, encontrándose entre ellos dirigentes emblemáticos como Lorenzo Carilao Tranamil”.
En la memoria colectiva quedó marcado el ingreso de militares a sus comunidades, y como no iba a ser así si la familia Ebenperger estaba emparentada con las máximas autoridades del Ejército. Se recuerda las largas sesiones de tortura a los dirigentes y comuneros mapuche, a quienes “los metían al agua hasta que no pudieran respirar”, como es el caso de, entre otros, Lorenzo Carilao Tranamil.
A esta altura de la historia, el Lov de LLeu LLeu, el territorio antiguo, se comienza a llenar de pinos y eucaliptus, habían ingresado las empresas forestales, se estaba desecando y erosionando el territorio, se estaban contaminando sus aguas.
A partir de la década de 1980 comienza un nuevo proceso de movilizaciones tendientes a recuperar el territorio antiguo de las familias mapuche de Lleu Lleu, ahora las Reservas que quedaron a la familia Ebensperger en la antigua Hacienda Tranaquepe, y que pasaron a formar parte del patrimonio de las empresas forestales, son ocupadas en reiteradas ocasiones por las familias mapuche. Don Juan Carilao recuerda que
“Cuando llego el pinochetismo, aquí conversamos nuevamente, y dijimos vamos a seguir luchando por las reservas que quedaron. Porque estos ricos se quedaron con reservas, los Ebensperger, El mismo fundo Tranaquepe que ahora es de Volterra. Ellos después le vendieron a Forestal Volterra para no entregársela a los Mapuche, eso parece que fue 1986 en adelante. En primer lugar se llevó a toda la gente que estaba organizado, se llevó a la recuperación pero todos conscientes. Porque si alguien caía preso, caía era por derecho propio, nadie iba por ruanda ni nada. ¡Y se fue a la recuperación! Harta gente, cerca de 500 personas, estuvimos tres días. Se hizo nguillatun, rokin. Y taba todo bien poh, y cuando ven que los Mapuche se estaban afirmando llega las Fuerzas Armadas. Milicos, pacos, con aviones con helicópteros, camiones…movieron un ejército casi entero para desalojar a la gente. Con bombas lacrimógenas, palos, agarrones.”
No era para menos, conociendo las vinculaciones políticas y militares de la familia Ebensperger, a la que a esta altura se sumaría además la presencia en la familia del yerno del General Forestier y de Eliana Ebensperger, el futuro Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, casado con Isabel Forestier Ebensperger:
“…llenaron el fundo de milicos, se vino el regimiento completo ahí, el regimiento Chacabuco, ahí se nos presionó también cuando se salía al camino, en cualquier momento llegaba el regimiento a las casas y abría las puertas y se metía a cualquier hora, y esos eran los boinas negras, que andaban en tanques y llegaban a las casas. Eso fue después del 86, fue dura la cosa, mas represión”, relata doña Berta Pilquiman Huenullan.
Con el término del régimen militar y el ingreso a la década de los 90, las movilizaciones continuaron y las demandas territoriales se han mantenido intactas con el tiempo: las ‘tierras antiguas’. Con la Hacienda Tranaquepe ya parcelada la demanda se dirige a partes de ella, pero que vienen del mismo origen: los fundos “El Canelo”, “Puntilla de Tranaquepe”, “La Huella”, colindantes con el Titulo de Merced original, corresponden a reivindicación de tierras ancestrales del lof original y que hoy están en manos de Forestal Volterra y Forestal Mininco, ya no de los Ebensperger. A esa demanda se suma, a partir de la década de 1940, las tierras ocupadas por particulares al interior del Título de Merced, específicamente las hijuelas ocupadas por Ballochi y por Santos Jorquera.
A modo de conclusión, podemos señalar que la actual situación territorial y judicial de las familias de Choque es continuidad con un pasado no tan lejano, y que se ha caracterizado por la vinculación entre poderosos particulares, en un momento, y empresas forestales, actualmente, con el Estado chileno y sus organismos, siempre.

 

Fuente: http://wichaninfoaldia.blogspot.com/p/las-tierras-mapuche-del-lleu-lleu_03.html

Wallmapu: Comunidades mapuche mantienen ocupación de dos fundos forestales en Cunco


Comunidades mapuche mantienen ocupación de dos fundos forestales en Cunco

Lunes 11 julio 2011 | 19:31

Publicado por Erasmo Tauran | La Información es de Andres Pino

Comunidades mapuche de la zona de Cunco, decidieron realizar ingresar a los fundos Arauco y otro de propiedad de la Forestal Mininco, para reactivar su proceso de recuperación territorial. Alegan que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adoptados hace meses.

Luis Lligaimán, vocero de la Comunidad Tromelafquén del territorio pehuenche, señaló que el 9 de mayo habían adoptado la misma medida, sin embargo ésta se depuso luego que al día siguiente llegara hasta el lugar el Gobernador de Cautín, Miguel Mellado y el Subdirector Nacional Sur de la Conadi, Patricio Sáenz.

En la oportunidad, las autoridades regionales se comprometieron en hacer entrega de los predios reclamados a la comunidades del lugar, lo cual se realizaría en un plazo de un mes. Cumplido el tiempo, no hubo resultados, según denunció Lligaimán.

Cabe señalar que el territorio que están reclamando las comunidades, son alrededor de 200 hectáreas y en el lugar se encuentran unas 15 personas que comenzaron la construcción de una ruka y a cultivar la tierra.

Exigen que para terminar la protesta, se haga presente en el lugar el Intendente de La Araucanía, Andrés Molina, para que éste haga un compromiso claro y concreto.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/2011/07/11/comunidades-mapuche-mantienen-recuperacion-de-tierras-en-dos-fundos-de-cunco.shtml

Bolivia: Evo: quieran o no quieran habrá carretera; indígenas: ¿quiere que haya muertos?


30.jun.2011

Evo: quieran o no quieran habrá carretera; indígenas: ¿quiere que haya muertos?

Presidente Morales empeañado en contruir carretera que atraviesa territorio indígena – Foto Erbol

(Erbol, Cochabamba).- El presidente Evo Morales, afirmó este miércoles que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos se construirá “quieran o no quieran” los indígenas del Territorio Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que se lo concluirá este año. Mientras que los dirigentes indígenas advirtieron con ofrendar sus vidas para evitar que se dañe al ecosistema de la región.

“Quieran o no quieran vamos construir este camino y lo vamos a entregar en esta gestión el camino Cochabamba-Beni, Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, aseveró el Primer Mandatario.

La advertencia lo hizo en la inauguración de la Terminal Interprovincial del municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba, con la presencia masiva de sindicatos cocaleros, donde también acusó a los indígenas de servirse de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que se niegan a la ejecución de este tipo de proyectos.

“Tenemos los recursos económicos pero aparecen algunos supuestos defensores del medio ambiente mediante ONG (Organizaciones No Gubernamentales) que usan a nuestro hermanos para que no se construya este camino”, protestó el Jefe de Estado.

En tanto el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, en contacto telefónico con Erbol, lamentó las palabras del Presidente y advirtió que este hecho sólo provocará la muerte de indígenas.

Aseguró que con la ejecución del proyecto carretero dentro del TIPNIS sólo se provocará la desaparición de los indígenas yurakarés, mojeños, trinitarios y chimanes, que habitan en ese extenso territorio.

“Si es sí o sí, eso significa que se tiene que eliminar a algunos hermanos, no. Se va tener que eliminar, va haber muerte, no, no sé, no puedo entender sobre esta cosa”, declaró Chávez consternado.

Sin embargo, indicó que los pueblos de tierras bajas mantienen la esperanza de dialogar con Morales para que el trazo del proyecto carretero se modifique y no necesariamente pase por el TIPNIS.

Anteriormente la CIDOB, en un encuentro nacional en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, resolvió que se movilizarán en defensa del TIPNIS, con una marcha en agosto, desde el municipio de Villa Tunari en el departamento de Cochabamba hasta la ciudad de La Paz.

Mientras que los dirigentes del TIPNIS rompieron toda posibilidad de diálogo con el gobierno si no cambia la ruta del proyecto carretero que de consolidarse, aseguraron, afectará a su habitad y dejará sin hogar a sus hijos, puesto que temen que los cocaleros los avasallen y saquen los recursos naturales que existen ahí a medida que se abra el camino.

Los indígenas del TIPNIS no permiten que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inicie el estudio ambiental en territorio indígena, por lo que el segundo tramo del proyecto carretero hasta la fecha no cuenta con diseño final y pretende unir a los departamentos de Cochabamba y Beni.

ABC, hizo un estudio satelital del proyecto carretero que pasará por el corazón del TIPNIS, con una distancia de 177 kilómetros.

El primer tramo se ejecuta desde inicios de mes, y al igual que el tercero, cuenta con licencia ambiental para su ejecución, que está a cargo de la empresa brasileña OAS, con un presupuesto de 442 millones de dólares, de los cuales 332 millones provienen de un crédito otorgado por Brasil.

 

Fuente:

Argentina: Walter Alancay: “El dia que nos saquen el litio van a desaparecer las salinas ”


30.jun.2011

Argentina: Walter Alancay: “El dia que nos saquen el litio van a desaparecer las salinas ”

Walter Alancay, indígena kolla de Argentina

(Del Origen).- En el marco de la semana del curso para líderes indígenas Walter Alancay conversó con Del Origen de la problemática de las Salinas hoy donde el litio es el nuevo mineral interés de quienes quieren extraer todo y no dejar nada. Walter nos habla del lugar donde vive, del turismo, de la explotación indiscriminada y de esta semana en un curso donde se les muestran herramientas para defenderse habiendo tenido un encuentro con el juez Zaffaroni, entre otras actividades públicas.

Las Salinas

Soy de la comunidad de Aguas Blancas, departamento de Cochinoca del pueblo kolla de la provincia de Jujuy. Yo vivo en Aguas Blancas y trabajo en las Salinas Grandes. En realidad todos los que viven ahí , las comunidades que están alrededor de las salinas trabajan allí. Lo hacen desde hace años, artesanalmente y manualmente. En las salinas no se específicamente cuantos están midiendo pero es una laguna de color blanco donde sacan la sal, la fabrican en pan, sale en granos, para realizar sal fina, sal gruesa, las salinas son una laguna blanca donde se hacen piletones y de ahí van cosechando la sal, para consumo humano y de animales.

Mi comunidad tiene un clima en invierno bastante frio, en verano con lluvias, este año gracias a la Pachamama tuvimos unas buenas lluvias, para las plantas, los animales porque vivimos de las ovejas, las llamas, las cabras y el trabajo diario en las salinas. Es alto estamos a 4 mil metros sobre el nivel de altura. la mayoría de los que van como turistas sienten la altura, yo no tengo problemas cuando bajo al llano.

El Turismo

Las Salinas son un lugar turístico, donde van en verano los turistas a sacarse fotos, visitar las piletas. Las comunidades pueden aprovechar el turismo, pero lo que más les preocupa hoy es trabajar, en la explotación de sal pero artesanalmente, no usando maquinarias grandes sino artesanalmente, manualmente como se hacia antes, no como las grandes empresas que llegan ahi con grandes maquinas y extraen por cantidad. Destruyen el medio ambiente..

La explotación indiscriminada

El año pasado a mediados de setiembre nos juntamos por el tema de que grandes empresas están entrando a las propias salinas y a las lagunas de Guayatayoc para explotar el litio, entonces las comunidades que estamos alrededor de las salinas nos juntamos primeramente y empezamosa hacer saber a los vecinos de las comunidades del tema. Armamos una mesa que se denomina Mesa de los Pueblos Originarios en Defensa del Territorio. Alli sabemos que por experiencia que la minería no nos favorece en nada a nosotros porque lo único que hace es dejar todo contaminado, se les gasta todo el agua, entonces nos pusimos en contra de las empresas, asi que nos organizamos para defender nuestro territorio.

Siempre la estrategia de las empresas es decir que van a dejar trabajo, que van a tener buen sueldo, entonces así entran fácilmente. Como nosotros ya tenemos experiencia de que todas las empresas que han ido dejaron todo contaminado, hoy en día en Abra Pampa hay gente que vive con plomo en la sangre y todo eso, nosotros nos negamos a las empresas porque nosotros estamos bien, consideramos a la Pachamama nuestra madre tierra. Somos parte de ella y no queremos que la destruyan, porque de la tierra vivimos, de ella criamos nuestro ganado, cosechamos nuestra verdura, alimentamos a nuestras llamas, nuestras vacas, cabras, entonces para nosotros es un perjuicio.

Por ese motivo nos juntamos y buscamos abogados que son de Jujuy e hicimos la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Eso fue en este año, nos vinimos directamente aquí porque son dos provincias las involucradas, afectadas en este caso, Salta y Jujuy, en total somos 33 comunidades que estamos luchando. Son 7 comunidades de Salta y 26 de Jujuy que apuntamos a una misma visión. No queremos la minería porque nosotros vivimos bien. Incluso por rumores sabemos que el litio es la madre de la sal, o sea que el día que nos saquen el litio van a desaparecer las salinas y nosotros nos ponemos a pensar ¿y de donde vamos a vivir? .Son años y años de vivir en estas tierras y hoy como si nada regalar las riquezas de nuestra Pachamama no vale la pena digamos. Quizás algunos digan que para esta generación va a servir pero hay que pensar hacia el futuro.

La minera ingresó pero en la parte de Susques, que es un poco más arriba, allí está trabajando y hay también un trabajo que están haciendo en las salinas pero es como que hicieron exploraciones y tocaron unas napas de agua, se empezó a rebalsar el agua y ahí dejaron, pero creo que van a empezar de nuevo, por las lluvias y el mal tiempo dejaron, pero dijeron que iban a empezar de nuevo.

Veo que es posible que entre la minera porque hace poco el gobierno provincial de Jujuy sacó una ley diciendo que la explotación de litio se va a hacer considerada como un plan estratégico económico de la provincia, o sea que la minera va a ir avanzando, y por eso estamos preocupados

Encuentro en la Corte Suprema

Hemos venido hoy acá en la Corte con el juez Zaffaroni para decirle que saque de una vez por toda la resolución a favor de las comunidades. El juez Zaffaroni dijo que iba a apoyarnos, ojala sea así, porque si no es así, es como que nos quitan la vida, porque nosotros siempre vamos a vivir de las salinas, del campo, la agricultura, la ganadería y siempre hemos estado ahí, porque para nosotros la tierra es nuestra madre.

Estoy convencido de defender…porque incluso yo empecé a trabajar sobre el tema indígena a los 15 o 16 años, con las reuniones de las comunidades, y me gusta mucho el tema indigena y me digo a mi mismo si nadie se preocupa por el tema seguro va a venir gente de otras partes que no es de acá y se va a instalar pero el día de mañana vamos a necesitar nuestras propias tierras y va a ser tarde porque ya no va a haber nada y no hay nadie que nos ha defendido o nuestros hijos dirán ¿por qué no han defendido las tierras?, esos territorios donde vivieron y nosotros también queremos vivir.

La vida en la gran ciudad

Es todo distinto porque cuando vengo a las ciudades me siento como encerrado, como que no tengo lugar para ir, mirar, siempre en la ciudad se ven vehículos, casas, edificios, en cambio adonde nosotros vivimos está nuestra naturaleza, nuestros animales, andamos en libertad, un poco más en libertad, totalmente. Nunca me acostumbraré a la ciudad, siempre viviría en el campo.

Fuente: http://www.aininoticias.org/2011/06/argentina-walter-alancay-el-dia-que-nos-saquen-el-litio-van-a-desaparecer-las-salinas/

Colombia: El congreso de tierra oportunidad para la democracia


El congreso de tierra oportunidad para la democracia

Sábado, 25 de Junio de 2011 08:23

“Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías: una oportunidad para profundizar la democracia” La realización del “Congreso Nacional de Tierras, Territorio y soberanías” se concibe en un momento crucial en el que, tanto desde las altas esferas del Gobierno Nacional como desde los movimientos sociales,

se plantea la necesidad de encarar la problemática de la tenencia de la tierra y sus usos,como condición sine qua non para la resolución del conflicto social, político y armado que vive Colombia, para profundizar la democracia y lograr la plena realización de los derechos de las víctimas consagrados y reconocidos en la jurisprudencia nacional y en los tratados internacionales.

El pasado 21 de junio se realizó una reunión en la Corporación Aury Sará Marrugo (organización que toma su nombre del líder sindical y presidente de la Subdirectiva de la USO- Cartagena, asesinado por paramilitares el 5 de diciembre 2005)1, con la asistencia de los representantes y voceros de doce organizaciones sociales del país. El objetivo del encuentro era construir una agenda de actividades común y analizar las temáticas que se abordarán en el “Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías”, que tendrá lugar entre los días 26 y 30  de septiembre del presente año en la ciudad de Cali.

La propuesta de llevar a cabo este Congreso es producto de un largo proceso de resistencia, movilización y debate ciudadano, que incluye la voz de la población campesina e indígena, en el que confluyen gran cantidad de movimientos y procesos organizativos, como los que representan el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Movimiento Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, la Red Colombiana contra la Gran Minería Transnacional (Reclame), La Marcha Patriótica, el Cabildo Abierto por la Independencia, el Congreso Nacional de Los Pueblos, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, entre otras muchas formas de lucha por la tenencia de la tierra, la defensa de los territorios y de la soberanía alimentaria. El objetivo fundamental de convocar a este masivo Congreso Nacional es, además de visibilizar la realidad que actualmente afronta el agro colombiano y las organizaciones que siguen siendo objeto de amenazas, persecuciones, asesinatos, desapariciones forzadas, viciados procesos judiciales y estigmatizaciones, es debatir las diversas propuestas que se vienen recogiendo desde tiempo atrás para dar solución a sus problemas más apremiantes, lograr que las iniciativas que surgen de los análisis colectivos frente a la implementación de las políticas de Estado de su competencia, como la ley de Víctimas y restitución de tierras,  sean escuchadas por otras organizaciones, autoridades y poderes nacionales y se pueda construir un consenso amplio y plural, que precipite la formulación de  mandatos y cabildos con una real incidencia social, política y económica a nivel nacional.

Este largo proceso de luchas sociales, que será  tratado en el Congreso, busca garantizar que los derechos a la tierra, el agua, el territorio, los recursos minerales y naturales y el acceso a servicios sociales esenciales, (como educación, salud, vivienda, seguridad, desarrollo humano, soberanía alimentaria y energética) les sean asegurados a todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Conquistar la autonomía de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, pescadoras, agromineras, trabajadoras y urbanas, y fortalecer sus largos procesos de resistencia significa poder aportar a la construcción de una agenda de gobierno más democrática y garantizar su derecho a participar activamente con la debida legitimidad en  los procesos de implementación de proyectos de Ley, donde se reconozca la justicia de sus demandas, así como la responsabilidad del Estado en la solución efectiva a la crisis actual.

Para los movimientos sociales que intervienen en la realización de esta convocatoria, la formulación de escenarios de unidad popular en aras de lograr una solución política negociada al conflicto armado; garantizar la plena reivindicación de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de las comunidades minoritarias, con la subsiguiente creación de conductos legítimos para la exigibilidad de estos derechos frente al Estado, se constituye en un imperativo histórico. La lucha por la tierra, la vida y la permanencia en los territorios en condiciones de dignidad, por asegurar el deslinde definitivo de las prácticas y lenguajes de la guerra y  una pacífica y productiva convivencia al margen de las acciones violentas de los armados, donde la justicia y la presencia del Estado (reflejada en inversión social y políticas de desarrollo), serán algunas de las apuestas a través de las cuales se focalizarán las dinámicas sociales como la movilización, la elaboración de agendas conjuntas, las acciones judiciales, de resistencia civil y  la temática del Congreso Nacional.

No se puede desconocer que en la problemática de la tierra se ubica privilegiadamente el origen y el sostenimiento del conflicto armado que desde hace seis décadas, o tal vez más, padece Colombia. La inequitativa distribución de la tierra, la pauperización en el campo, la paulatina aplicación de una contrarreforma agraria, la ausencia de incentivos para el desarrollo campesino, las múltiples formas empleadas para el despojo de la tierra, la lucha a muerte por su posesión y explotación, las causas reales y los efectos del destierro, el valor cultural y simbólico de los territorios, el agua como derecho fundamental de todos los seres humanos, el desconocimiento de los derechos constitucionales y valores culturales de muchas comunidades, la sistemática violación a los derechos humanos y la falta de justicia; sumado al deber del Estado de garantizar condiciones de progreso y bienestar y propender por la realización humana con garantías sociales, equidad y libertad, son algunos de los temas que se analizarán en el Congreso.

Para las organizaciones que lo convocan, el actual proceso de exclusión, extranjerización y monopolización del uso de la tierra, es parte de una estrategia criminal de acumulación del capital que se desarrolla a nivel mundial, bajo la implementación de políticas neoliberales  y firmas de tratados de libre comercio desventajosos, con lo que se pretende sumir a los pueblos en el pobreza y el atraso, condenándolos a vivir en permanente dependencia de otras naciones y en competencia salvaje dentro de las reglas del llamado libre mercado.

En las conclusiones del seminario preparatorio para el Congreso, realizado en Bogotá  en el mes de mayo, con la asistencia de más de 200 delegados de procesos sociales, populares y fuerzas políticas, urbanas y rurales provenientes de todas las regiones colombianas,  con el objetivo de seguir forjando nuevos escenarios de articulación regional y nacional, se pudo advertir el profundo malestar que genera el hecho de que buena parte del capital financiero y de las empresas transnacionales se han convertido en sujetos privilegiados por parte del Gobierno Nacional muy por encima de las demandas populares y del reconocimiento de los legítimos derechos que les son vulnerados a muchas comunidades. Esta reflexión llevó a plantear la construcción de nuevas estrategias para reversar este proceso, empezar a formular políticas concertadas que logren trascender los escenarios de denuncia y se constituyan en aportes viables para su realización desde el control y la veeduría ciudadana, pero también, desde la interlocución en las altas esferas del poder nacional y el llamado a un debate ciudadano amplio y participativo.

Las organizaciones que convocan al Congreso, según se desprende de su declaración pública tras el encuentro preparatorio en Bogotá,  han expresado su oposición a algunas de las políticas del Gobierno de Juan Manuel Santos y sus antecesores, al considerar que en ellas se profundiza la dependencia de Colombia a los intereses de gobiernos foráneos, a la banca internacional y a las multinacionales. Para contrarrestar esta situación se propondrán varias acciones y proyectos de carácter legislativo que permitan que la restitución  de tierras, la reparación integral y el resarcimiento de las víctimas del conflicto y la violencia social y política sean garantizados mediante una aplicación efectiva de la ley de Víctimas y el acatamiento de los fallos de las Cortes.

Frente a la militarización de la sociedad colombiana y la continuidad de la guerra en tierras y territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afros, se van a plantear exigencias concretas, sustentadas en la legislación nacional y el bloque de constitucionalidad; resaltando los hechos que se oponen a estas normas y presentando las propuestas lideradas por diversas organizaciones. En este punto será imperativo lograr un amplio consenso y un masivo respaldo a las iniciativas que se planteen; dejando claridad sobre su negativa a participar en el conflicto, pero en la necesidad de intervenir con propuestas viables en su solución.

Frente a la construcción de espacios de interlocución que ofrece el Gobierno Nacional se debe analizar con máximo cuidado el carácter de estos espacios y procurar una unidad conceptual que refleje las voces e inquietudes de amplios sectores sociales, pues es posible detectar detrás de estas iniciativas una intención de cooptación y fragmentación de los movimientos sociales y populares.

Problemas estructurales

La pobreza, el histórico abandono del Estado -reflejado en los recortes a la inversión social- y la violencia son algunos de los principales problemas que afrontan importantes sectores del país, en especial los campesinos.

Las críticas condiciones de vida a la que son sometidos millones de colombianos tanto en el campo como  en  las ciudades, exige la creación de mecanismos viables de incidencia, que permitan que las propuestas gestadas desde las comunidades y los procesos populares organizativos puedan ser asumidas como mandatos y cabildos de amplia representación.

La pauperización de buena parte de la sociedad colombiana, donde según estimativos del gobierno, el 46% de la población es pobre,  8 millones de personas viven en la indigencia y hay un registro de más de 4 millones de desplazados a causa del conflicto y la violencia, golpea con más fuerza a los sectores rurales y campesinos. Esta situación se hace aún más grave cuando a ella se suma la falta de incentivos para su desarrollo y la creciente presencia de poderes mafiosos que han logrado apropiarse, a punta de violencia, de miles de hectáreas de tierra mediante una alianza perversa entre ejércitos paramilitares, miembros de la fuerza pública, políticos y autoridades regionales. Es evidente que las dificultades prácticas para la plena realización de un Estado social democrático de derecho, la inequidad social y la complejidad del conflicto, dónde aún se debate el carácter político de la insurgencia y la evidente existencia de ejércitos paramilitares, que tozudamente algunos insisten en llamar bandas criminales, se constituyen en serios obstáculos para el afianzamiento de valores democráticos y el logro de una verdadera reconciliación con garantías de verdad, justicia, reparación integral y no repetición de los hechos victimizantes.

La falta de seguridad en el campo (seguridad física, social y alimentaria) y  de incentivos para potenciar el agro y garantizar la plena autonomía de los sectores rurales, dificulta enormemente una aplicación exitosa de la ley de restitución de tierras. Pensar en una militarización permanente del país, en destinar más recursos para la guerra y la creación de nuevas  bases de operaciones militares, cuando justamente se ha demostrado que su masiva presencia no garantiza la seguridad ni la disminución de las violaciones a los derechos humanos, y mucho menos el progreso campesino, no es la vía de solución más adecuada. Pues justamente ha sido el recorte en la inversión social y la aplicación de políticas que privilegian las acciones militares sobre la necesidad de fortalecer las vías democráticas, lo que ha llevado a la pauperización y la consolidación de aparatos criminales, en los que la alianza de actores armados con poderes políticos regionales y los llamados baby carteles de la droga, se ha empleado para, a través del testaferrato y la violencia, ahondar el despojo e impedir que las tierras regresen a manos de sus dueños originales. Para las organizaciones sociales, esta realidad se constituye en punto neurálgica de la discusión.

“Convocamos a realizar el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como un momento importante para la confluencia de los movimientos sociales, políticos y populares en Colombia.  Este escenario debe ser amplio y unitario, para que permita la deliberación y construcción de mandatos desde las comunidades frente a la tierra, el territorio y las soberanías de los pueblos. Esta deliberación deberá construir y decidir propuestas alternativas, un mandato de permanencia en nuestras tierras y territorios, y una legislación propia sobre nuestros bienes comunes en armonía con la naturaleza, la vida y la soberanía popular. La construcción del Congreso tendrá una agenda de preparación en escenarios de articulación regional y nacional. En Septiembre nos encontraremos en la ciudad de Cali (departamento del Valle del Cauca) para deliberar, decidir y legislar en torno a nuestras tierras, territorios y soberanías. Marcharemos hacia Cajamarca (Tolima) donde haremos públicos los mandatos”2.

No hay garantías de seguridad

La realidad de la violencia, del masivo despojo y la inviabilidad de una restitución exitosa, será abordada desde los distintos procesos y experiencias de las organizaciones sociales que participarán en este Congreso.

No existen las suficientes garantías de seguridad para los miembros de las organizaciones sociales, movimientos de víctimas, defensores de derechos humanos y mucho menos, para los líderes regionales que reclaman su derecho a restitución de tierras. No hay garantías para reclamar y menos aún, para recibir las tierras que logren ser recuperadas. El caso de Ana Fabricia Córdoba no es una excepción en esta histórica y violenta  lucha por la tierra. El 18 de mayo del 2010 la ardua batalla que lideró Rogelio Martínez, líder social y defensor de derechos humanos, por recuperar la Finca “La Alemana” que había sido robada por los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María bajo el  mando de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena” en el departamento de Córdoba, le costó la vida.

“En noviembre (2010) asesinaron a María Ligia González, representante legal de la Fundación de Autogestión Comunitaria (FACOM). En enero de este año una reunión con todos los integrantes de la organización se vio amenazada por la presencia de un hombre armado. El 6 de mayo fue asesinado José Moreno, desplazado de La Esmeralda (Caquetá). Días después, el 11 de mayo, la víctima fue María Jenny Ospina. Ella era una líder que manejaba un grupo de familias en acción. El 17 de mayo, la líder afrodescendiente Omaira Núñez denunció que un hombre y una mujer estaban tomando fotos a su casa. Al día siguiente, en la noche, fue asesinado su hijo”, cuenta Irma Tulia Escobar Márquez, una desplazada del Valle del Cauca que hoy trabaja en la Asociación Nacional de Restitución de Tierras, integra la Mesa de Víctimas del conflicto armado del Tuluá y ha sido objeto de diversas amenazas3.

En un informe del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa Somos Defensores, se afirma que “durante los primeros cinco meses de 2011, 140 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones. Dieciocho defensores han sido asesinados y 98 amenazados”4. Por su parte, la Corporación Nuevo Arco Iris, asegura que las amenazas y persecuciones que se viven de manera sistemática en varias regiones del país, con énfasis en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Guajira, Sucre, Norte de Santander, Santander y Nariño; el debilitamiento de las organizaciones en regiones como Magdalena, Meta, Casanare, Caquetá  y la penetración de grupos ilegales en la estructura estatal5, serían los principales obstáculos que enfrentaría la Ley de víctimas en su aplicación.

Si  la Ley de Víctimas y restitución de tierras no va a acompañada de propuestas realistas que incluyan la imperiosa necesidad de impulsar una profunda y seria reforma agraria; de fortalecer las medidas de seguridad de los líderes sociales, comunidades expoliadas, defensores de derechos humanos y de las víctimas del despojo y la persecución política, y no se emprenden medidas para desarticular el aparato criminal, político y económico que da sustento a las nuevas estructuras paramilitares, revelando la identidad de sus benefactores y auspiciadores, será ley muerta y, además, a su nombre se cometerán nuevas  infracciones a los derechos humanos.

El Congreso se realizará en un momento oportuno. De este trabajo se recogerán importantes insumos que contribuyan a fortalecer las estrategias y propuestas colectivas de sectores representativos del pueblo colombiano; se confrontará el modelo de desarrollo expresado en la agenda legislativa y política del actual gobierno; se articularán las luchas del movimiento social y popular como una construcción desde la base y se podrá formular una agenda visible que termine por potenciar esas luchas sociales.

Las propuestas que serán presentados en el Congreso no estarán desligadas de las voces de indignación que hoy sacuden las estructuras del poder en varios países del mundo. Desde  Túnez cuando el suicidio de un vendedor de verduras, de uno más, expoliado y humillado, llevó al levantamiento de la ciudadanía, la indignación se extendió a Egipto, Siria, Yemen, Albania, Italia, Grecia, Francia, Bélgica, España y Portugal, con sus respectivas acciones de apoyo en casi todos los países del globo, hasta Colombia, las voces empiezan por fin a unirse en torno a un gran objetivo: desafiar el sistema vigente.

Todos estos levantamientos populares contra la globalización de la miseria, la desregularización de los Estados y la imposición de un sistema neoliberal brutal, que malversa los recursos naturales, desconoce la territorialidad ancestral, los derechos y libertades de los ciudadanos, el deber de los gobiernos de garantizar el desarrollo social y que, además, promueve guerras monetarias, sicológicas, armadas y jurídicas, profundizan la pauperización de las mayorías y privilegia el terrorismo estatal.  Es claro entonces que el modelo imperante, que se sustenta en la acumulación, el despojo masivo, la represión, el recorte a la inversión social y la privatización se ha agotado, y que pretender sostener este sistema es inviable.  La inconformidad aumenta y con ella también aumentan las propuestas de los movimientos de resistencia y su interés por participar activamente en los procesos de transformación de las sociedades.

De la construcción de nuevos espacios de concertación donde se privilegie el desarrollo humano sostenible, las libertades civiles, la justicia y la democracia, dependerá que un proceso de cambio, que parece irreversible, sea en extremo costoso para la humanidad o que logre afianzarse de manera pacífica y concertada, anteponiendo, como deber ser, las demandas e intereses de los ciudadanos del mundo, de las mayorías víctimas de la insensatez y voracidad de los autoproclamados, amos del mundo.

“A nombre del progreso,  la democracia y la libertad, los poderosos del mercado han querido convertir al planeta en la colonia de una Junta Directiva Global de las corporaciones que se han constituido en Imperio en sustituto de los Estados-Nación. “Quieren todos los minerales, toda el agua, toda la energía, toda la biodiversidad, todo el oxígeno, todos los territorios, todas las guerras, todos los mercados de consumo, todos los ahorros, todos los servicios. Los quieren y van ampliando el territorio global del libre comercio para imponer este, el mayor y más perverso y asesino sistema en la historia de la humanidad. En el camino van haciendo aliados de todos los discursos, orígenes y trayectorias. El imperio de la codicia ha declarado la guerra a muerte contra los pueblos y está reclutando en todas partes”6.
Edición N° 00260 – Semana del 24 al 30 de Junio de 2011

1   “Aury Sara… un crimen de estado confirmó Mancuso”. Por Jorge Gamboa Caballero y Daniel Rico Serpa. Presidente y Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO). Según declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, Marrugo fue asesinado para facilitar la venta de la Refinería de Cartagena y garantizar la privatización de ECOPETROL

2 Movimiento de Víctimas; Catastro Alternativo; “Llamamiento a los pueblos de Colombia y el mundo a organizar el Congreso Nacional de Tierras”. Bogotá, mayo 27 de 2011.

3 Revista Semana; “¿Qué hacer para que Irma Tulia no corra la misma suerte de Ana Fabricia?”. Bogotá, junio 17 de 2011. “Hace dos años le marcaron la puerta de su casa con sangre e intentaron entrar. Intentó denunciar. Pero en la Fiscalía le dijeron que si no tenía la identidad de quien lo había hecho, no podían recibirla. Hace un año la sede de la fundación que lidera fue víctima de un atraco. La cámara en donde estaba el registro de los líderes que conforman la organización desapareció. En marzo del año anterior le llegó un mensaje a su celular que decía que debía irse. “Decía que me iban a cortar las alas y que buscara para donde irme, que ellos necesitaban el camino despejado”. Hace ocho meses recibió un panfleto, firmado por las Farc, que anunciaba “muerte a los sapos”.

4 Ídem

5 Ídem. Palabras de Ariel Ávila, coordinador del Observatorio de Conflicto de Nuevo Arco Iris

6 Manuel Rozental; “El Imperio; su Junta Directiva Global y la Indignación desde el Mediterráneo”. Junio 21 de 2011.

 Fuente original: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0260/articulo08.html

Enlace disponible en: http://www.nasaacin.org/component/content/article/1-ultimas-noticias/2308-congreso-nacional-de-tierras-territorios-y-soberanias-una-oportunidad-para-profundizar-la-democracia

Puelmapu: Juez ordenó pericia antropológica en una causa contra mapuches. Derecho y Diversidad Cultural.


SOCIEDAD › UN JUEZ ORDENO UNA PERICIA ANTROPOLOGICA EN UNA CAUSA CONTRA MAPUCHES

Derecho y diversidad cultural

En una causa contra una integrante de una comunidad aborigen por el corte de un camino, un juez de Bariloche pidió una pericia para conocer “el universo simbólico y espiritual de los mapuches” y respetar así la diversidad cultural.

La integrante de una comunidad mapuche corta un camino para proteger un sitio sagrado, y lo hace por mandato de su comunidad. Para la ley, esa conducta podría ser delito. Pero ¿qué pasaría si se toman en cuenta los valores culturales de esa comunidad? Para responder a esa pregunta, en Bariloche, un juez ordenó una pericia antropológica antes de resolver si procesa o no a la imputada. El objetivo es garantizar que tanto él como fiscales y defensores que intervengan en el conflicto penal tengan las herramientas conceptuales y cognitivas para comprender la problemática de esa comunidad con una perspectiva de respeto por su diversidad cultural. El criterio es que Poder Judicial pueda valerse de otros saberes, además de los vinculados con el Derecho, para emitir un fallo. “Así vamos a poder juzgar con conocimiento (sobre la comunidad mapuche) y no desde un paradigma de hegemonía cultural”, aseguró a Página/12 Martín Lozada, magistrado que ordenó la medida.

A partir de la pericia, los operadores que tengan intervención en el conflicto judicial entre la comunidad mapuche Huaytekas y una empresa petrolera poseerán los elementos necesarios para entender la cultura de ese pueblo. El juez consideró que la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”, por mandato constitucional, los obliga a conocer la cosmovisión de los actores enfrentados. “En la cultura occidental poco sabemos del universo simbólico y espiritual de los mapuches. Si nada sabemos, tenemos que apelar a un especialista”, explicó.

La causa penal comenzó debido al corte de un camino vecinal en las afueras de El Bolsón, en Río Negro, adonde en las últimas décadas se registraron conflictos por la posesión de tierras entre comunidades de pueblos originarios y terratenientes. Allí, una mujer mapuche cortó el sendero con una barrera y, de esa forma, impidió a representantes de la empresa pasar a su propiedad, que incluye un bosque de cipreses, que está siendo talado para desarrollar un emprendimiento turístico, según denuncias de la comunidad.

En la declaración indagatoria, la mujer mapuche explicó que cortó ese camino porque fue autorizada, en el marco de una asamblea –llamada trawuan–, a custodiar el ingreso a ese sector, ya que conduce al “cipresal sagrado” de las Huaytekas, informaron las fuentes judiciales. “Tenemos que determinar si esta mujer cometió un delito. Desde una perspectiva legal, lo que hizo está inicialmente prohibido por una norma, pero hay que determinar los factores que incentivaron esa acción”, explicó el magistrado.

La investigadora Claudia Briones, directora de la Escuela de Humanidades y de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), estuvo a cargo de la pericia, que ya se encuentra en los últimos pasos: visitó a la comunidad Huaytekas y habló con sus integrantes, juntos y por separado, para conocer la cosmovisión y tradiciones de ese pueblo. Ahora deberá explicar desde una perspectiva antropológica el significado de un “cipresal sagrado”, la relación del rewe (altar sagrado) con la ocupación tradicional de la zona y la importancia del trawuan, reunión donde se toman las decisiones en comunidad, explicó Briones. Con esos elementos, los operadores judiciales deberán emitir el fallo.

“Se hacen muy pocos peritajes antropológicos, y más cuando son de oficio. Es una práctica inusual, porque para que esto pase el Poder Judicial tiene que reconocer que no hay una única visión”, señaló la antropóloga en diálogo con este diario. Si bien no es la primera vez que se lleva adelante una intervención como esta en el país, la medida llega para romper pautas de la hegemonía cultural y de las perspectivas etnocentristas, que suele haber tanto en los ámbitos judiciales como en otros sectores de la sociedad. Además, la iniciativa avanza en lo establecido por los pactos y tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.

“Así vamos a poder juzgar con conocimiento y no desde un paradigma de hegemonía cultural”, dijo Lozada.
Imagen: Alejandra Bartoliche.

Puelmapu (Argentina): Racismo Multinacional. Benetton pide desalojo y cárcel a Mapuche


27 de junio de 2011

Racismo Multinacional: Benetton pide desalojo y cárcel a Mapuche

benetton_racismo_multinacional.jpgSe trata de una nueva arremetida de los italianos Benetton contra la Comunidad Santa Rosa Leleque. Asi lo confirmó Rosa Nauhelquir, tras conocerse que la multinacional Benetton solicitó el desalojo compulsivo y posterior encarcelamiento de la familia Curiñanco-Nahuelquir por haber realizado mejorashabitacionales en las instalaciones ubicadas en el lote Santa Rosa y que están en litigio desde el 2007. La Multinacional de “los Colores Unidos” y de los “derechos humanos” rechazó las “mejoras” que la familia Mapuche realizó para afrontar las termperaturas bajo cero de la época invernal.

¡Escuchar Audio!

Por Radio Kalewche

El abogado Fernando Kosovsky sostuvo que “se trata de un derecho humano elemental, de estar en una vivienda adecuada”.

Las mejoras se realizaron a través de un programa que propuso el propio el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) y no dudó en señalar que la imputación de los Benetton “es una metodología de exterminio contra el pueblo Mapuche implementado por la compañía”.

———-

“Benetton nos quiere ver presos”, alega la Comunidad Santa Rosa

La comunidad Santa Rosa Leleque apeló una presentación efectuada por el empresario italiano Luciano Benetton, en la que pretendía encarcelar a Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir, como referentes de dicha comunidad, por haber realizado mejoras, con ayuda del Estado, en su vivienda, ubicada en tierras que el magnate reclama como propias.

Por El Patagonico

Integrantes de Santa Rosa Leleque, junto a los abogados,  Edgardo Manosalva y Fernando Kosovsky, se presentaron ante los tribunales de Esquel, para apelar una presentación efectuada por la Compañía de Tierras Sud Argentino,  propiedad de la firma Benetton, por presunta desobediencia a la disposición del juez Omar Magallanes, que ordenó no innovar en el predio que ocupa la comunidad mapuche.

LA DENUNCIA

Según la presentación de los apoderados de Benetton, el incumplimiento se habría dado con la construcción de una vivienda de material. La realización de esa obra, que se levantó con aportes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, habría sido con el objeto de garantizar el derecho de la comunidad a una vivienda adecuada ante la proximidad del invierno.

El delito “desobediencia” contempla como pena la prisión de 15 días a un año para los imputados. A través del apoderado legal de la Compañía de Tierras Sud Argentino, el abogado Martín Iturburu Moneff, se denuncia el presunto incumplimiento de la medida cautelar de no innovar, ya que según esta presentación se habrían verificado “alteraciones de naturaleza material en el predio Santa Rosa de carácter permanente, lo que implicaría una inequívoca desobediencia a la orden judicial dispuesta”.

POR EL FRIO

Sobre la vivienda construida en el sector, Rosa Nahuelquir señaló: “en esa pequeña vivienda que construimos somos 22 integrantes, y también hay niños y necesitamos protegernos del clima. Por eso quisimos venir a decir esto a la justicia pero también a la gente para que sepa cómo son las cosas”, indicó.

Atilio Curiñanco agregó: “aquí venimos a pedir las garantías que debe tener el Estado con los pueblos originarios. Esto que hoy ocurre aquí es la gravedad de lo que tenemos que enfrentar los pueblos originarios”.

La obra que objeta la Compañía de Tierras Sud Argentino sería la ampliación de una vivienda ya existente, la cual se habría realizado con un subsidio del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, para implementar el proyecto de mejoramiento habitacional de la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque.

En este marco la comunidad rechaza la denuncia de Benetton “por carecer la misma del asidero fáctico y legal exigido para el caso”. Asimismo solicitan “se disponga el levantamiento de la medida cautelar, atento no existir los motivos que dieron lugar a su procedencia”.

DERECHO A UNA VIVIENDA

Según lo expresado en la presentación realizada por la comunidad, “considerar la medida de no innovar en los términos absolutos que propone la actora, implicaría lisa y llanamente entenderla como un desalojo encubierto, prohibido expresamente por la legislación vigente”.

Tras efectuar la presentación, Fernando Kosovsky, como uno de los abogados de la comunidad, manifestó: “en un predio de más de 500 hectáreas que haya una vivienda de 60 metros cuadrados en la cual ya está viviendo una familia y se mejoren las condiciones en temperaturas bajo cero como estamos viviendo, es de una crueldad bastante inusitada tener que estar contestando este tipo de planteos, que no son más que la continuidad histórica del exterminio de la compañía de tierras, hoy en manos de Benetton”, concluyó.

NOTA RELACIONADA:

Mapuche rechazan denuncia judicial de Benetton

sta_rosa_leleque_y_abogados_en_esquel.jpgIntegrantes de la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque se concentraron en la mañana de este miercoles 22 de junio, frente a los Tribunales de Esquel a fin demanifestarse en contra de la denuncia judicial que realizó la Compañía de Tierras Sud Argentino del grupo Benetton contra Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco por incumplir la disposición de “no innovar” en torno a la causa por la recuperación del predio Santa Rosa en ruta 40, efectuando mejoras, entre ellas la construcción de una vivienda.

Fuente: http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2697&Itemid=3

Bolivia: Indígenas deciden movilizarse en defensa del TIPNIS


27.jun.2011

Indígenas deciden movilizarse en defensa del TIPNIS

Indigenas del Oriente se alistan para movilizarse contra la contrucción de una carretera. Foto archivo AINI

(Erbol,Trinidad).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) decidió iniciar movilizaciones en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para evitar que el segundo tramos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por ese lugar.

La determinación fue tomada en el reciente encuentro nacional que los pueblos indígenas de tierras bajas realizaron en la ciudad de Trinidad del departamento del Beni, informó a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez.

“Hay preocupación departe de los hermanos indígenas sobre la construcción de esta carretera, por eso han decidió convocar a una movilización”, declaró el principal líder de los indígenas.

Explicó que la marcha está prevista para el mes de agosto desde el municipio de Villa Tunari del departamento de Cochabamba y se estima que llegue a la ciudad de La Paz. Entre tanto, buscarán el diálogo con el gobierno del presidente Evo Morales para plantearles el cambio del trazo del proyecto carretero y que no se construya dentro del TIPNIS.

Así también en el encuentro indigenal se resolvió demandar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) avanzar en el saneamiento de sus tierras. También se observó el rezago en la construcción de las universidades indígenas, la ejecución de proyectos con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y se pedirá mejor apoyo al gobierno en temas de salud y educación.

 

Fuente: http://www.aininoticias.org/2011/06/indigenas-deciden-movilizarse-en-defensa-del-tipnis/

Bolivia: Arranco Encuentro Continental del Agua y Pachamama


2011-06-21

Arranco Encuentro Continental del Agua y Pachamama

Ecuachaski
Con un colorido único en la gran nación Kañari (Azuay), en tiempo del solsticio de verano,  se inauguro el Encuentro Continental por el Agua y la Pachamama, de los Pueblos del Abya Yala en Cuenca del Guanpondélig Ecuador, este martes 21 de junio en el local del Banco Central del Ecuador (Pumapunku).
Delegaciones de Canadá, EEUU, México, Guatemala, Honduras, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay acompañaron en el acto ceremonia de inauguración, donde sobresalió la presencia de los representantes del Ecuador, quienes hicieron una entrada al centro de la mesa ceremonial, para así defender con fuerza y valor decir seguimos en la defensa del agua, pachamama y la vida, así como representantes de la prensa a nivel local e Internacional, quienes llegaron para cubrir el evento.
Dirigentes, autoridades y líderes participaron del acto que las mamas, los sabios y sacerdotes desarrollaron en el lugar escogido para el arranque del encuentro. En compañía del tayta inty, con el aroma del incienso, flores, frutas, agua y la espiritualidad fueron la tónica que pusieron los protagonistas, luego vino la música y la danza para la alegría de todos y todas.
Carlos Pérez, Coordinador del evento, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional, Humberto Cholango, Presidente de la Confederación de  Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE), Delfín Tenesaca , Presidente de ECUARUNARI, Luis Villacís y Gerónimo Yanlalema Asambleístas, Marcelino Chumpi, Prefecto de Morona Santiago, Salvador Quisphie, Prefecto de Zamora Chinchipe, Jorge Duque, Alcalde de Girón, y otros quienes presidieron el acto de inicio del Encuentro.
Pasado el medio día todos y todas desfilaron hacia el centro de Cuenca por las principales calles, gritando consignas en contra de la explotación minera y el gobierno central, poniendo en alerta de la ciudadanía por las consecuencias que puede traer la contaminación de las fuentes de agua ,quienes vieron con agrado el desarrollo del encuentro.

Pueblos de Abya Yala frente a la crisis civilizatoria
El Salón de la Ciudad quedó muy pequeño para los miles de personas que acudieron para participar del Panel Foro “Los Pueblos de la Abya Yala frente a la crisis civilizatoria” donde participaron Raúl Zibechi del Uruguay, Luis Macas de Ecuador, Luis Hernández de Colombia y Alberto Acosta de Ecuador.
Todos coincidieron con el peligro que lleva el extractivismo que recorre en los Pueblos de la Abya Yala que están imponiendo los gobiernos de turno, quienes piensan que la salvación de la economía de los países es la explotación minera a gran escala, sin pensar en las consecuencias que pueden traer cuando las fuentes de agua sean afectadas.
Alberto Acosta, por Ecuador fue quién mas increpo al Gobierno de Correa, al manifestar que no se está cumpliendo con la Constituyente que es de todos los Ecuatorianos, que se dictaminó en Montecristi, al traicionar constantemente. Dijo “La minería a gran escala en nuestro país será la continuación de la colonización y la conquista de hace más de 500 años”. Realizó comparaciones matemáticas del material de los cerros que se moverá para extraer un gramo de oro u otro mineral y la cantidad de agua que se requerirá para purificar los mismos.
Terminó condenando la criminalización por parte del gobierno a los defensores del agua y la pachamama, que sobrepasan el centenar en el país, agregó “aquí no hay el socialismo del siglo XXI, aquí lo que hay es el extrativismo del siglo XXI, un extractivismo reencauchado de terrorismo que hubo anteriormente”.  Por ello pidió unirse para reclamar al gobierno para que se cumplan las normas establecidas en la Constituyente.
No hay futuro si no revelamos y resistimos
Por su parte Raúl Zibechi del Uruguay, con fuerza dijo: los seres humanos somos un obstáculo para la acumulación de la riqueza de la clase dominante. Hay que estar unidos para resistir y no ser serviles del poder, hay dos formas de ser serviles los opuestos y los antagónicos.
Una de ellas también es la especulación, que es la muerte, robo, especulación, capitalización, muerte, robo, destrucción, extractivismo, minería, monocultivo, pobreza, genocidio. La otra es la vida, alimento, crear, las distintas formas de sobrevivir en lo colectivo como la minka, con todo esto seguimos resistiendo a los modelos capitalistas.
Vivimos una segunda fase del neoliberalismo con modelos extarctivistas, los países del centro están en crisis y todos han puesto los ojos en el sur porque resistimos y luchamos en defensa de la vida y la pachamama.
Los seres humanos somos un estorbo para acumulación de capital, si los gobiernos no modifican, van a seguir defendiendo el poder mediante la militarización para así apoyar la explotación  extractivista.
Termino haciendo un llamado a continuar resistiendo y amar proyectos de vida, hay que aprender revelarnos para neutralizar y echar abajo las distintas formas de dominación en cada uno de nuestros países, como ya se hizo en el levantamiento del Inti Raymi en Ecuador, la revuelta en la selva peruana entre otros.

Fuente: http://movimientos.org/madretierra/pachagua/show_text.php3?key=19499

Bolivia: Solución a conflicto por carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos pasa por consulta


Bolivia: Solución a conflicto por carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos pasa por consulta


Foto: Periodistas en español

Servindi, 24 de junio, 2011.- El diputado por los pueblos indígenas del departamento del Beni, Pedro Nuni, denunció que detrás del proyecto de la carretera interdepartamental Villa Tunari-San Ignacio de Moxos existe una intención oculta de expandir el departamento de Cochabamba.

Asimismo sostuvo que la solución al conflicto que enfrenta los indígenas de Cochabamba y Beni pasa por aplicar el derecho constitucional de la consulta a quienes viven en el territorio indígena Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Actualmente el límite entre los departamento de Cochabamba y Beni no está definido y sirve como límite natura el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS).

“La construcción de la carretera que une los departamentos de Beni y Cochabamba debe ser consensuada para que esta incursión vial no implique destrucción del hábitat natural de la flora y fauna que existe en el territorio del TIPNIS”, manifestó el asambleísta.

El diputado exigió a las autoridades nacionales que expliquen el verdadero motivo por el que quieren llevar adelante el proyecto de la carretera en el tramo II, que atraviesa TIPNIS, y que ocasionará daño ecológico en el lugar y para la vida de los indígenas moxeños, yucarés, chimán y tapiete.

Además explicó que las tres organizaciones territoriales: el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, el Territorio Multiétnico Número Uno y el Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano, son las que deben debatir y analizar profundamente la importancia de la carretera para llegar a un acuerdo.

Adelantó que la solución práctica al conflicto es el diálogo directo con el presidente Evo Morales, para iniciar el proyecto con el consentimiento de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Los pobladores de Tipnis, por su parte, advirtieron que se resistirán a la construcción de una carretera por un territorio declarado como Área Protegida y Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

Por su parte, la Subcentral del TIPNIS dijo que existe la posibilidad de rediseñar el tramo II, pero sólo si el Gobierno suspende inmediatamente la construcción de los tramos I y III, iniciada el 3 de junio.

ABC niega violación al derecho de consulta

Antonio Mullisaca, secretario general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) -encargada de la obra-, negó que haya existido una violación del derecho a la consulta a los pueblos, porque “no hubo una consulta ni consenso porque no se llegó a establecer el acceso al lugar y no se hizo un estudio”, reconoció.

“Son tres tramos, en dos podemos proceder porque recibimos una categorización y la licencia ambiental desde 2008, tanto en Villa Tunari como en San Ignacio de Moxos, por parte del Gobierno. Sólo un tramo (II) falta, por lo que estamos en reuniones ahora con la gente del TIPNIS para llegar a acuerdos”, añadió.

Sobre la obra

La construcción de la carretera demandará 415 millones de dólares, de los cuales, 332 millones de dólares provienen de un crédito del Banco de Desarrollo del Brasil.

El tramo II comprende 167 kilómetros que atraviesa el parque nacional. Según el asambleísta indígena, el Gobierno “discrimina” la posición de las comunidades por ser pocos.

Otras noticias:

 

Fuente: http://servindi.org/actualidad/46971

Internacional: Conacami denuncia que ONU prioriza derechos de transnacionales


Internacional: Conacami denuncia que ONU prioriza derechos de transnacionales

Conacami, 23 de junio, 2011.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dado un duro golpe a la defensa de los derechos humanos, al apoyar, a través de la Comisión de Derechos Humanos, los “principios rectores” elaborado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie.

Así lo consideró el consejo directivo nacional de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami Perú) tras conocer que dichos principios rectores ignoran la necesidad de contar con mecanismos vinculantes sobre las operaciones de empresas transnacionales, los cuales servirían para prevenir abusos.

Asimismo, se reafirmó en que las medidas planteadas por el texto de Ruggie no garantizan la protección y respeto de los derechos humanos, pues apela a fórmulas voluntarias que en la práctica no han funcionado.

Conacami recuerda que el Grupo de Trabajo Transnacionales (GT ETN)/Tribunal de la Red Birregional Enlazando Alternativas, del cual es parte, ha señalado en reiteradas ocasiones que “estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva y desviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio”.

Estas observaciones fueron presentadas oportunamente por el GT-ETN/Tribunal a través de una declaración firmada por más de 30 organizaciones y movimientos sociales de América Latina y Europa.

El documento se basa en el trabajo de investigación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en América Latina por parte de empresas transnacionales europeas para la preparación de las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010.

Las sesiones del TPP concluyeron que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados, los cuales se encuentran amparados por un sistema jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones y por arbitrajes internacionales, para la resolución de disputas inversionista-Estado, que generalmente benefician a las corporaciones transnacionales.

El GT-ETN/Tribunal sostiene que esta arquitectura de impunidad, establecida con la complicidad de los Estados y las instituciones financieras internacionales, subordina los derechos de los pueblos a los “derechos” de las empresas y a la obtención de ganancias.

En ese sentido, el consejo directivo nacional de Conacami apoya el pedido del GT-ETN/Tribunal para que en adelante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, elabore y adopte una normativa legal vinculante para las operaciones de las empresas transnacionales.

Asimismo se suma a la exigencia de priorizar las propuestas de las comunidades afectadas por la actuación de empresas transnacionales, garantizando su derecho a ser oídas.

Declaración del Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas

El Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas manifestamos nuestro rechazo al informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales yOtras Empresas, John Ruggie, y exigimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que defina e implemente un proceso para la elaboración y adopción de una normativa legalvinculante sobre las operaciones de las empresas transnacionales, en la cual las comunidades afectadas por los abusos de las empresas y organizaciones sociales tengan voz y también participación efectiva.

Durante el proceso de elaboración de su informe (2005-2011), el Relator Especial se negó a recibir las denuncias de las y los afectados por las violaciones de derechos por parte de las empresas, negando así a las víctimas de dichas violaciones el derecho a ser oídas y reconocidas, tener acceso a la justicia, y excluyéndolas del proceso. Al mismo tiempo, Ruggie optó por privilegiar el acceso y la visión de las empresas multinacionales, como lo demuestra su decisión de aceptar los servicios voluntarios de quince centros jurídicos internacionales especializados en el asesoramiento de grandes empresas en 2009.

En las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010, se escucharon a más de 100 representantes de comunidades afectadas, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, quienes denunciaron graves abusos cometidos por cerca de 70 empresas transnacionales. A partir de estas sesiones, el TPP concluyó que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados (1). También se comprobó la existencia de un entramado jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones y por decisiones en los procesos arbitrales para la resolución de disputas inversionista-Estado, que facilita y protege las operaciones de las empresas y les permite actuar con arbitrariedad. Esta arquitectura de impunidad, establecida con la complicidad de los Estados, subordina los derechos de los pueblos a los “derechos” de las empresas y a la obtención de ganancias.

En este contexto, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, no basta con proponer mecanismos de cumplimiento voluntario –tales como el Global Compact o programas deResponsabilidad Social Corporativa– como recomienda el Relator Especial en su informe final. Estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva ydesviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio.

Más allá de esas aparentes soluciones, es fundamental que se reconozca que:

- “el Estado tiene una responsabilidad indelegable por la vigencia de los DDHH en el ámbito de su jurisdicción y debe impedir que los mismos sean violados, ya sea por el mismo Estado y/o sus propios funcionarios como por los particulares” (2);

- ” las sociedades transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligacion de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional, lo que surge claramente de un examen un poco atento de los instrumentos internacionales vigentes” (3).

Para revertir esta situación y asegurar que la actividad de las empresas cese de violar los derechos humanos, exigimos que:

- el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) no apruebe el informe y las recomendaciones del Relator Especial John Ruggie,- que el CDH defina un proceso para elaborar y adoptar un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales y para establecer un Tribunal Económico Internacional que haga valer los principios de verdad, justicia y reparación, reciba e investigue denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las víctimas -tanto a nivel individual como colectivo- contra empresas, imponga sanciones a los violadores y que garantice el respeto a la Madre Tierra.

1 de junio de 2011

Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas
ACSUR-Las Segovias
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos – AMAP
Alianza Social Continental – ASC
Asociación Entrepueblos
ATTAC Argentina
Collectif Venezuela 13 Avril
Comité pour les droits humains “Daniel Gillard”
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Ecologistas en Acción
France Amérique Latine – FAL
Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco
IEPALA
Instituto Eqüit – Gênero, Economia e Cidadania Global
International Gender and Trade Network – IGTN
Jubileo Sur/Américas
Movimiento Agrario Indígena Zapatista – MAIZ
Movimiento Social Nicaragüense – Otro Mundo Es Posible
Observatorio de la Deuda en la Globalización – ODG
Observatorio de Multinacionales en America Latina – OMAL
Partido de Rifondazione Comunista/Izquierda Europea
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio – RMALC
Red de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio e Inversión SintiTechan
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Solidaridad Suecia -América Latina/Latinamerikagrupperna – SAL
Transnational Institute – TNI
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo – UCIZONI

1) Para ver el Dictamen final de la Sesión de Madrid del Tribunal Permanente de los Pueblos: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article983.

2) Teitelbaum, Alejandro, Observaciones al Informe final del Relator Especial John Ruggie sobre los Derechos Humanos, las empresas Transnacionales y Otras empresas, Alianza Global Jus Semper, Breviario TemáticoLISDINYS, mayo 2011.http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad%20Corporativa/Resources/Obervaciones_Info_Final_Ruggie-2011.pdf

3) Idem.

Otras noticias:

 

Fuente: http://servindi.org/actualidad/46957

Bolivia: CIDOB pide al INRA información y agilidad en los procesos de saneamiento de sus territorios


22.jun.2011

CIDOB pide al INRA información y agilidad en los procesos de saneamiento de sus territorios

(AINI, Cochabamba).- En el marco de la audiencia pública del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) donde rindió un informe general de los procesos de saneamiento de tierras, el secretario de tierra y territorio de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Lucio Ayala pidió que se les socialice un informe especifico por cada uno de los pueblos indígenas para tener con mayor precisión las hectareas tituladas y la que faltan por titular.

“Queremos saber exactamente cuántos Pueblos Indígenas están siendo beneficiados por la dotación, saneamiento y titulación de tierras, porque hasta ahora no tenemos datos suficientes para informarles a nuestras comunidades” manifestó Ayala.

El dirigente indicó que anteriormente solicitaron al INRA que se les entregue la información correspondiente sobre los procesos de saneamiento de territorios indígenas.

“Las comisiones del INRA llegan a las comunidades, pero no hay ningún avance en las demandas por la titulación de las tierras, esperamos que en esta gestión se agilicen estos procesos” demandó Ayala.

la audiencia pública del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se realizó en la ciudad de Cochabamba el pasado 17 de junio.

RRA.

Fuente: http://www.aininoticias.org/2011/06/cidob-pide-al-inra-informacion-y-agilidad-en-los-procesos-de-saneamiento-de-sus-territorios/

América Latina: Plutocracia, nueva derecha y securitización de los recursos naturales estratégicos: Una reflexión necesaria


2011-06-17

AmericaLatina

Plutocracia, nueva derecha y securitización de los recursos naturales estratégicos: Una reflexión necesaria

Robinson Salazar P.


Resumen

La Securitización es un concepto novedoso que ha incursionado en el área económica para dar certidumbre a las transferencias o bonos de inversión a corto, mediano o largo plazo; en el ámbito castrense, a partir de la década de los 80 con la instrumentación de la denominada Guerra de Baja Intensidad, las tareas preventivas de los organismos y cuerpos policiales fueron confiscadas, por decreto o estado de excepción, y puestas bajo vigilancia y control de los cuerpos armados. Actualmente la plutocracia ha exigido a los Estados y gobiernos a introducir la variable securitización en la seguridad pública y de paso incorpora los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y protestas populares a la agenda pública interna, re-direcciona el rol de los militares hacia asuntos y temas de seguridad pública, criminaliza los actos que atentan contra los inversores y explotadores de nuestros recursos naturales estratégicos.
 
Robinson Salazar P. es Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa / México y Director de www.insumisos.com

Fuente: http://alainet.org/active/47408

 

Perú: Aymaras no dan tregua en protestas antimineras


Perú: Aymaras no dan tregua en protestas antimineras

Enviado por ewituri el Lun, 06/20/2011 – 22:06.

Revista Mariátegui, 18 de junio.- Sigue diálogo en Lima. (Video) No llegaron a ningún acuerdo en reunión entre dirigentes aimaras con el Ministro de Energía y Minas
»»Nota de Redacción.- En Lima la delegación de dirigentes aymaras, liderados por Walter Aduviri y con la presencia del Congresista Jhony Lescano se reunieron ayer en la sede del Ministerio de Energía y Minas con el titular del sector, culminada ésta no se llegó a ningún acuerdo.
Los líderes aimaras exigieron más interés del gobierno para solucionar sus problemas. Mientras en la Región Puno continúan las protestas antimineras. Desde tempanas horas de ayer, la carretera que proviene de Juliaca y sirve como acceso a la ciudad de Azángaro fue bloqueada por un piquete de huelguistas.
»»Diálogo entre aymaras y Ejecutivo continua hoy en Lima.- Aymara en Lima luchando por el cese de concesiones mineras. FOTO: Roger Gonzalo. El diálogo iniciado ayer entre los dirigentes aymaras y los miembros del Ejecutivo nacional no rindieron sus frutos por el momento. En conversación telefónica exclusiva con el parlamentario puneño Yonhy Lescano, dijo que ambas partes acordaron brindar un cuarto intermedio.
Por tal razón, la reunión se retomará hoy a partir de las 11:30 horas. Lescano Ancieta dijo que los dirigentes mantienen su posición de pedir la cancelación de las concesiones mineras en la zona sur de la región, mientras que el Ejecutivo representado por el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez realizó una contrapropuesta.
Esta fue evaluada durante la noche de ayer por los dirigentes y recién hoy tomarán la decisión de acoger o rechazar la decisión del Ejecutivo. Lescano Ancieta dijo que acordaron no revelar la propuesta del Ejecutivo para no entrampar el proceso, que lleva ya varias semanas sin solución.“Es importante que se haya abierto el diálogo nuevamente entre el pueblo y los miembros del Poder Ejecutivo, esperamos mañana poder llegar a un acuerdo definitivo”, dijo.
Cerca de las 11:00 horas de ayer se reinició el diálogo entre los miembros del Poder Ejecutivo representando por el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ministro del Interior, Miguel Hidalgo y dos viceministros, uno de Minas y el de la cartera de Agricultura. Mientras que por parte de los dirigentes, alrededor de 40 dirigentes y los parlamentarios por Puno acompañaron la delegación que discutió por más de cinco horas para dar solución al conflicto social en la región Puno.
»»Azangarinos iniciaron huelga indefinida con bloqueos y movilización por las calles.- Desde tempanas horas de ayer, la carretera que proviene de Juliaca y sirve como acceso a la ciudad de Azángaro, fue bloqueada por un piquete de huelguistas, con piedras y vidrios rotos de botellas, para reforzar su medida de lucha en contra de la contaminación de la cuenca del río Ramis, la misma que ayuda a esta provincia en su agricultura, ganadería y consumo humano.
Cabe destacar que, los dirigentes de diferentes bases presidieron la movilización, luego se unieron los estudiantes y profesores del ISTA, hasta el lugar denominado Pancaquia, óvalo de evitamiento; desde allí recorrieron las diferentes instituciones, invitando a unirse a los transeúntes y no quedarse en un solo lugar, terminando su periplo en la plaza de Armas.
Los estudiantes manifestaron la imposibilidad de permitir las concesiones mineras en Puno, justificando sus expresiones con los problemas ecológicos, sociales y culturales, que se ocasionarían de no evitarlo. “Los puneños perdemos nuestra autonomía económica e identidad cultural, debido a que somos netos agricultores y ganaderos; lo que no debemos permitir es que sigan contaminando nuestro río”, dijeron.
En la zona urbana, las instituciones públicas han dejado de laborar. Aunque el Magisterio aún no se ha plegado a la medida de fuerza, gran porcentaje de docentes han decidido suspender las labores en prevención de que los estudiantes puedan ser afectados por los manifestantes, que dieron vueltas por las instituciones lanzando arengas en contra del Gobierno nacional y regional.
De otra parte, se supo que las actividades comerciales se cerraron en los dos mercados; asimismo, las tiendas evitaron abrir para no ser saqueadas, el transporte se paralizó en su totalidad, luego de que en horas de la mañana, algunos hicieron llegar pasajeros en motocicletas hasta el cerro Ccanccari, para que otros transportistas los recojan.
El presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), Eleuterio Sanca Tapara, manifestó que ellos exigen presupuesto para descontaminar la cuenca del río Ramis así como se alzan en contra de las concesiones mineras en el territorio puneño. Del mismo modo, indicó que continuarán su medida de lucha con más fuerza e hizo un llamado a que las cuencas se unan a esta protesta.
Finalmente, cabe precisar que el director de la UGEL, Antonio Laureano Livisi, y otros trabajadores, encabezaron la movilización llevando la pancarta del SITME. De otra parte, se supo que mientras el alcalde se fue a Lima con gestiones del tema “Agua para Todos”, el director de la REDESS prefirió ocultarse y no aparecer en la huelga.
»»Continúa en investigación proceso contra Walter Aduviri.- A pesar de la revocatoria de la orden de captura, las investigaciones contra el dirigente aimara Walter Aduviri continuarán en el Ministerio Publico, según declaró: Rómulo Carcausto Calla, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, tras señalar que la Sala de Apelaciones sólo resolvió el pedido de impugnación de la defensa técnica.
“Aquí todavía no hay proceso judicializado, lo que existe es una investigación preliminar en sede fiscal y dentro de ello la constitución permite para privar la libertad recurrir al poder judicial” puntualizó. Agregó que los actos posteriores de los que requiera el Ministerio Público es de exclusiva decisión de ellos.
*Con información de Los Andes y Agencias.

Disponible en: http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/per%C3%BA-aymaras-no-dan-tregua-en-protestas-antimineras

Bolivia: FASE: Los megaproyectos en Bolivia responden a los intereses de Brasil


20.jun.2011

FASE: Los megaproyectos en Bolivia responden a los intereses de Brasil

(Erbol, Cochabamba).- El representante de la Federación de Organizaciones para Asistencia Social y Educacional (FASE) de Belem, Brasil, Guilherme Carvalho, afirmó que la ejecución de megaproyectos de infraestructura vial e hidroeléctricas en Bolivia, sólo buscan beneficiar a las empresas transnacionales y al capital brasileño.

“Brasil tiene una estrategia muy clara que es el de transformar empresas brasileñas en empresas multinacionales, entonces hay todo un conjunto de medidas que son implementadas por el gobierno brasileño a través de BANDES (Banco de Desarrollo de Brasil) y otras instituciones para garantizar que estas empresas tengan una actuación internacional cada vez mas fuerte”, señaló Carvalho en su intervención en el seminario internacional “Cachuela Esperanza, en la cuenca internacional del río Madera”, realizado en la ciudad de Cochabamba del 14 y 15 de junio.

Asimismo, indicó que “la integración económica sudamericana es un medio utilizado por el Estado brasileño para que estas empresas puedan entrar a controlar los mercados de los países vecinos y al mismo tiempo garantizar que las obras de infraestructura de su interés sean ejecutadas para viabilizar todo el comercio internacional brasileño”.

En el caso de Bolivia, Brasil participa en la construcción de tramos camineros como Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, Potosí – Tarija, Pailón – Puerto Suarez, rehabilitación del tramo El Sillar, entre otros, y en energía, con interés en la construcción de proyectos hidroeléctricos como Cachuela Esperanza, Rositas y el Bala.

“Los gobiernos piden prestamos de Brasil a través de BNDES, aumentan su deuda externa para hacer proyectos que en la mayoría de las veces son concesionadas a empresas privadas, entonces, el país aumenta su deuda externa para beneficiar a grupos económicos privados del propio país como también del Brasil”, aseveró.

Seguidamente denunció que “esta política de integración y desarrollo está profundamente asentado en la explotación intensiva de los recursos naturales, es un modelo que profundiza la desigualdad y crea mucho más problemas”, concluyó.

Todos estos proyectos se planifican y ejecutan como parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA, (hoy denominado Comité Coordinador de la Infraestructura de América del Sur y Planificación COSIPLAN), que surge en la primera Cumbre de Presidentes, realizada en Brasilia, Brasil, el 30 de agosto y 1 de septiembre de 2000, cuya etapa inicial culminó el 2010.

La integración sudamericana tiene en cartera 514 proyectos de Transporte, Energía y Comunicación, con una inversión inicial estimada en 69 mil millones de dólares, de los cuales 51 proyectos fueron concluidos, 196 se encuentran en fase de ejecución, 103 en etapa de estudios, 31 considerados estratégicos y de implementación prioritaria y el resto aún en agenda.

Fuente: http://www.aininoticias.org/2011/06/fase-los-megaproyectos-en-bolivia-responden-a-los-intereses-de-brasil/

Bolivia: Ponen en duda beneficio de construir la hidroeléctrica Cachuela Esperanza


15.jun.2011

Ponen en duda beneficio de construir la hidroeléctrica Cachuela Esperanza

Ingeniero Walter Justiniano que cuestiona el proyeccto Cachuela Esperanza

(AINI – plataforma energética).- En el marco del seminario internacional Cachuela Esperanza ¿otra megarepresa en la cuenca del Río Madera?, el ingeniero ambiental, boliviano, Walter Justiniano, pone en duda la factibilidad y beneficio de la construcción de una hidroeléctrica en la localidad de Cachuela Esperanza, departamento del Beni.

Según el análisis realizado de los documentos de factibilidad del proyecto, presentados por la consultora canadiense Tecsult a ENDE, dicho proyecto no permitiría llevar energía barata hacia las ciudades de Cobija, Guaramerin y Riberalta.

Asimismo Justiniano cuestiona el alto costo social y ambiental que se debe pagar, como muerte de peces, deforestación, inundación, desplazamiento forzado de familias, afectación a ganaderos y agricultores para generar energía.

“Los costos de construcción han ido subiendo desde 1.500 millones a 2.493 millones y siguen subiendo según los estudios que se han realizado. Además la construcción de la represa de Cachuela va necesitar aproximadamente 10.000 obreros, actualmente la población de esta zona es de 1.034 habitantes, donde cuenta con una posta sanitaria con 1 médico y 2 enfermeras, no tienen condiciones de realizar ningún tipo de cirugía” asegura Justiniano

Justiniano señala además que la intención de construir la hidroeléctrica apunta más a la venta de energía para el vecino país de Brasil pues según análisis la energía en Portho Velo, ciudad más cercana a la represas de Cachuela Esperanza, sería más barata que en las ciudades bolivianas.

“La tarifa elegida para la energía entregada en Porto Velho (Brasil) es de 0.065$us/kWh, de esta manera la energía puesta o entregada en Porto Velho resulta más barata que la energía que se destina a Riberalta. Así también la energía puesta en Porto Velho resulta más barata que en Cobija cuyo costo de transporte inviabiliza su trasmisión hasta la capital pandina” manifiesta el ingeniero boliviano

El experto, finalmente, sentencia que es importante dejar claro que la energía hidroeléctrica así como se ha planteado en la amazonia es la más cara del mundo, dado el costo social y ambiental que involucra su generación; además de ser la más contaminante, dado que se ha comprobado científicamente que las represas generan grandes cantidades de metano (CH4), GEI de gran impacto en el cambio climatico.

ROT

Fuente: http://www.aininoticias.org/2011/06/ponen-en-duda-beneficio-de-construir-una-hidroelectrica-en-cachuela-esperanza/

Brasil: Reacción internacional ante decisión de construir Belo Monte sin consulta a PPII


Brasil: Reacción internacional ante decisión de construir Belo Monte sin consulta a PPII


El jefe Raoni de la etnia Kayapó se abate de dolor al enterarse que el Gobierno autorizó la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte

Servindi, 5 de junio, 2011.- Ante la licencia de obras que da luz verde a la hidroeléctrica Belo Monte, el pasado jueves la organización Amnistía Internacional instó al Gobierno de Brasil a suspender el proyecto hasta que los derechos de las poblaciones indígenas estén garantizados.

“Brasil debe acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender la construcción de la represa de Belo Monte hasta que los derechos de las comunidades indígenas locales estén plenamente garantizados”, indicó Guadalupe Marengo, subdirectora de la región Américas de la organización.

“Continuar con la construcción de la represa antes de asegurarse de que los derechos de las comunidades indígenas estén protegidos equivale a sacrificar los derechos humanos por el desarrollo”, agregó a través de un comunicado emitido desde Londres.

Guadalupe Marengo se refiere a la petición que hizo la CIDH, órgano autónomo de la OEA, en abril pasado para que Brasil suspensa de manera inmediato la construcción de la hidroeléctrica y consultara con los pueblos indígenas afectados por el impacto social y ecológico.

La polémica también fue abordada por organizaciones brasileñas que se oponen al proyecto el día de ayer 3 de junio, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las organizaciones Conectas, Sociedad Paranaense de Derechos Humanos (SDHH) en la sesión del consejo celebrada en Ginebra se opusieron tajantemente a la reciente aprobación del proyecto.

“Expresamos nuestra preocupación con la actitud del Gobierno brasileño hacia las medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos en beneficio de las comunidades afectadas por la obra”, expresaron los representantes de los organismos en su presentación en Ginebra.

“La construcción de la usina de Belo Monte amenaza impactar inevitablemente la vida y la integridad de 24 pueblos indígenas, ribereños y agricultores que viven allí teniendo en cuenta el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria e hidrológica con la pérdida de agua potable o el aumento de las enfermedades”, señala el comunicado.

“El gobierno brasileño viene ignorando sistemáticamente alertas de la comunidad científica, de la sociedad civil organizada, ambientalistas, pueblos indígenas, fiscalía y organizaciones de derechos humanos”, aseguró Roberta Amanajás, abogada de SDDH.

Gobierno da luz verde

El pasado 1 de junio, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) dio licencia de construcción a la polémica central hidroeléctrica. Se prevé que la construcción que llevará a cabo el consorcio Norte Energia haya terminado a comienzos del 2015.

Según el Ibama, “la concesión fue marcada por un consistente análisis técnico e incluyó exigencias que garantizan ganancias sociales y ambientales”.

La institución había dado impuesto cuarenta condiciones de tipo económico y socioambientales para la construcción de la represa, condiciones que Ibama considera han sido cumplidas.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Pará se opuso a la concesión alegando que muchas de las condiciones no han sido cumplidas.

Para la presidenta Dilma Rousseff se trata de una victoria, pues desde el gobierno de Felipe Cardoso se había estado tratando de aprobar la concesión.

Detalles de la represa de Belo Monte

De construirse la central hidroeléctrica se tratará de la tercera más grande del mundo, después de la de Tres Gargantas en China, y la brasileño-paraguaya de Itaipú.

Se ha previsto una inversión de 11,000 millones de dólares; para la hidroeléctrica que tendrá una potencia de 11 200 megavatios.

Se inundará un área de 516 Km2 en dos embalses, y provocará 16 000 desplazados, entre ellos comunidades de indígenas de la gran curva del río Xingú, que tendrán que abandonar sus tierras.

Más información acerca del proyecto de Belo Monte:

Otras noticias:

Fuente: http://servindi.org/actualidad/46012

Perú: Suspenden protestas contra minería en Puno y garantizan elecciones del domingo


Perú: Suspenden protestas contra minería en Puno y garantizan elecciones del domingo


Foto: Fuente Conacami

Servindi, 2 de junio, 2011.- Los pueblos originarios aymara y quechua de la región Puno, al sur de Perú, decidieron detener temporalmente sus protestas contra la actividad minera para garantizar las elecciones presidenciales del domingo 5 de junio.

La protesta que conmovió al país se originó por el incremento de licencias de operación a corporaciones mineras sin consulta ni consentimiento de la población afectada por los impactos y la falta de reinversión social en la región de las utilidades mineras.

El dirigente quechua Pablo Salas Charcas, secretario de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), denunció la infiltración de sujetos extraños a las comunidades quienes promovieron acciones vandálicas para desprestigiar la protesta comunal.

En diálogo con el portal de Conacami Salas indicó que tales agentes nocivos fueron al parecer contratados por contrabandistas quienes vieron afectada su economía al cerrarse el pase de frontera con Bolivia.

No descarta tampoco que los actos de violencia hayan sido provocados por elementos que apoyan a la minería, ligados al gobierno de Alan García y, posiblemente, hasta por partidarios de Keiko Fujimori, que quieren desprestigiar a la población puneña que respalda mayoritariamente a Ollanta Humala.

Los pueblos quechua y aymara de Puno no se oponen a la minería completamente, sino que desean ser consultados e incluidos en el proceso de otorgamiento de concesiones a fin de definir en qué zonas conviene extraer minerales para evitar contaminar las cuencas de los ríos que derivan en el lago Titicaca.

El Titicaca, ubicado a 3810 metros sobre el nivel del mar es el lago de agua dulce más grande de América del sur y además un símbolo sagrado de la cosmovisión andina.

El departamento de Puno ubicado al sur del Perú, en la frontera con Bolivia, posee yacimientos de uranio de gran valor económico y de interés para la generación de energía nuclear. Países como Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido poseen especial interés en su extracción.

Salas Charca desmintió la imagen que se ha difundido acerca de los originarios de Puno, que los presenta como “indios revoltosos” azuzados por “intereses políticos”

Los pueblos originarios de Puno quieren participar del proceso a fin de asegurar que la minería no impacte el medio ambiente, contamine las aguas y el aire, que ellos vienen cuidando por siglos.

Tampoco desean que de ninguna manera se vea afectada la agricultura, que es la actividad económica principal que les proporciona el alimento y el sustento para sus hijos.

El gobierno centralista promueve la inversión extranjera sin consultar a los pueblos y comunidades originarios y ocasionando conflictos sociales pero no se cuida de asegurar ningún beneficio económico ni empleos dignos a la población local que se autosostiene hace siglos gracias a la agricultura.

Finalmente, Pablo Salas afirmó que las protestas continuarán hasta que los pueblos originarios sean escuchados y atendidos en sus propuestas.


Con información de CONACAMI.

Otras noticias:

Fuente: http://servindi.org/actualidad/45914

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 568 seguidores

%d bloggers like this: