¡ALERTA EN CHILE! Se agudizan las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche

2 diciembre 2011 15:29


2 December, 2011

¡ALERTA EN CHILE! Se agudizan las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche

Alarmante situación de comunidades mapuche en el sur de Chile. La vulneración a sus derechos, como respuesta a las históricas reclamaciones, en torno a sus demandas por tierras ancestrales y por la defensa de los territorios como espacios de vida, han sido los atropellos y violaciones cometidos por ciertos los agentes del estado chileno, coludidamente con sectores privados y empresariales en el marco de la militarización y criminalización de sus demandas.

El Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos alerta sobre agudización de hechos de represión y militarización en territorios mapuche…

¡ALERTA EN CHILE! Se agudizan las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche

Imagen: Militarización territorio Mapuche – chequenco / Foto: Felipe Durán.-

 

FUENTE: Mapuexpress

En este último tiempo hemos vuelto a ver una escalada de violencia, represión, criminalización y militarización de varios territorios Mapuche. Son los casos en el territorio de Temucuicui; el territorio de Chequenco; el territorio de Lleu Lleu, los territorios de Makewe – Trapilwe, entre otros, viviendo un clima de violencia policial extrema, en el marco de la represión estatal a las reclamaciones por tierras ancestrales o ante la resistencia de la imposición de proyectos de expansión forestal y minera o en el caso particular de un proyecto de aeropuerto.

Existen denuncian graves que deben ser atendidas, que involucran hechos de lesa humanidad, que ética y moralmente no pueden omitirse, con testimonios que son alarmantes. Esto se incrementa aún más, al considerarse que el Pueblo Mapuche ha sido víctima del despojo de su territorio ancestral, reducción y empobrecimiento, lo que ha causado un masivo éxodo de la población rural a zonas urbanas y que en el presente, muestra, además, una serie de proyectos invasivos y atentatorios en las pocas tierras que quedan.

Preocupante es en ese sentido, los graves daños sociales, algunos casi irreparables, que se ha venido haciendo en territorios mapuche donde se quiere imponer, a modo de ejemplo, un contaminante ducto tóxico de la celulosa Arauco Celco en la zona de Mehuin, territorio Lafkenche; o las amenazas a los territorio Pewenche y Huilliche cordillerana de Curarrehue, Neltume, Pilmaiquén, Alto Bio Bio con Proyectos de Represas hidroeléctricas, siendo un ejemplo paradigmático la inundación de un cementerio mapuche en Ralco Lepoy en los Altos del Bío Bío y el evidente etnocidio cultural, social que se realizó; o como viene ocurriendo sobre prospección minera, en varias zonas, como el Lleu Lleu; O en Quepe, con los intentos de imposición de un aeropuerto internacional.

Asimismo, es vergonzoso para Chile no haber modificado su legislación militar. El Estado continúa llevando a tribunales militares causas que involucren crímenes o violaciones cometidos por agentes policiales y/o militares en contra de civiles, en absoluta impunidad y estos casos debieran ser competencia de los tribunales civiles, como se ha establecido en la sentencia Palamara versus Estado chileno, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005).

Se trata de prioridades que se debe asumir en pro de los avances democráticos y respetuosos de los derechos humanos, sin embargo, solo queda demostrado que se sigue anclado a instituciones fácticas y cómplices de crímenes. Casos como los asesinatos de Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún y Matías Catrileo en el Pueblo Mapuche o Rodrigo Cisternas y Manuel Gutiérrez del Pueblo chileno, son un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo: impunidad ante los abusos cometidos por agentes, en actos evidentemente repudiables y condenables por cualquier sistema que se diga de justicia.

 

Derechos Colectivos de los Pueblos

Es primordial que el Estado chileno atienda y asuma las diversas recomendaciones que los organismos internacionales de Derechos Humanos que le obligan a reformar su legislación, en conformidad a las normas internacionales de Derechos y que les son vinculantes:

- Todos los Pueblos tienen derecho a ser reparados cuando se les ha violentado, como ocurre con las tierras ancestrales del Pueblo Mapuche (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2007), es urgente que se asuma una política de reparación y/o compensación conforme a los intereses y necesidades Mapuche, atendiendo cada una de sus partes, se trata de demandas públicas que desde hace años se han instalado y que la institucionalidad del estado conoce perfectamente.

- Todos los Pueblos y sus comunidades tienen derecho a definir su propio desarrollo, atendiendo aspectos sociales, culturales, espirituales, ambientales, económicos y no a recibir imposiciones de industrias que solo han demostrado impactos, depredación y destrucción en todos estos aspectos (Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 y Convenio 169 de la OIT, asimismo la declaración ONU sobre el derecho al desarrollo y los diversos pactos de DDHH).

- El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Asimismo, la defensa de los territorios y las recuperaciones de tierras, es un derecho humano inalienables e irrenunciable, son temas prioritarios y que a esta altura, con todos los años de conflicto y crisis, bueno sería que el Estado chileno comience a garantizar la paz social asumiendo políticamente las medidas de reparación y compensación que corresponden sobre los daños causados, atendiendo la proporcionalidad de los derechos atropellados en el Pueblo Mapuche, considerando los estándares internacionales al respecto.

Lo mismo, sin que el orden presentado signifique ideas de prioridad, las reclamaciones por JUSTICIA frente a los cobardes asesinatos a jóvenes Mapuche por reclamar tierras ancestrales, son a la vez, temas irrenunciables y aparentemente el Estado chileno no tiene interés de garantizar procesos y procedimientos justos para castigar a aquellos agentes estatales policiales y militarizados que se descontrolan y actúan como criminales y matones, reflejando lo indigno e ilegitimo de sus instituciones.

El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos (Pacto Derechos Civiles y Políticos y Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

 

Los hechos: Se agudizan las violaciones a los derechos humanos

Lo único que se ha demostrado y evidenciado con las últimas acciones del Estado chileno y sus agentes policiales es que en este país continúan plenamente vigentes políticas aberrantes de diversas formas de colonialismo, el apartheid, las diversas formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjera como las transnacionales, y de corporaciones o particulares chilenos, la agresión y amenazas contra la soberanía de los pueblos chileno e indígenas y contra la integridad social y territorial, y los constantes actos o amenazas de militarización, que han atentado, vulnerando los derechos humanos.

Persisten los actos abusivos e insensatos promovidos por parte de ciertos sectores con poder, y de un Estado chileno sin interés de respetar y reparar los derechos humanos, ni de proporcionar soluciones eficientes y garantizar la paz social de las comunidades, el que, por el contario, ejecuta a través de sus aparatos de inteligencia y policiales constantes asedios, allanamientos, aplicación de la fuerza bruta, irrupción de hogares, bombas lacrimógenas, disparos, existiendo ahí niños, niñas y ancian@s indefensos, existiendo amplio material público que lo verifica.

Nos sumamos de esta forma a los distintos pedidos que se han venido haciendo para la solidaridad y atención inmediata a la situación de los Derechos Humanos, en este caso, del Pueblo Mapuche, y, particularmente, ante la violenta persecución que diversas personas de la dirigencia y la representación tradicional mapuche, como el reciente caso del werken Mijael Carbone Queipul de la Alianza Territorial Mapuche, perseguido y amenazado de muerte por agentes estatales, y de muchos otros y otras, en diversos territorios que son perseguidos y criminalizados, como ocurre en la Comunidad Juan Paillalef, en Temulemu, en Temucuicui autónoma, en Winkul Mapu en Ercilla, las comunidades Lafkenche de Mehuin, en Rofúe, Makewe y Quepe, en el territorio de Lleu Lleu, entre otras, que vienen recibiendo desde el Estado chileno agresión y violencia sistemática, por el solo hecho de manifestar el ejercicio, la defensa y reclamación de sus derechos individuales y colectivos.

Extendemos este alerta a las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, solidarias y conscientes frente a estos graves hechos que vienen ocurriendo, para informarse y actuar y no guardar silencio.

 

GRUPO DE TRABAJO MAPUCHE POR LOS DERECHOS COLECTIVOS

(GTDC MAPUCHE)

En Representación: Eugenia Calquín, Sergio Millamán, Ronny Leiva S., Alfredo Seguel

 

Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=7902

Mapuche denuncian persistencia del Gobierno chileno en transgredir derechos en materia de consulta

2 diciembre 2011 15:21


2 December, 2011

Denuncian persistencia del Gobierno chileno en transgredir derechos en materia de consulta

Autoridades, organizaciones, representaciones territoriales de Pueblos indígenas señalan: “Alertamos que el estado de Chile y el gobierno de Sebastián Piñera persisten en continuar imponiendo su propia consulta, a pesar de haberla suspendido. Transgrede los estándares internacionales del convenio 169 y aplica el Decreto 124 que los Pueblos Indígenas rechazan y que todos los actores involucrados reconocen que no reúne la calidad necesaria para implementar consultas de buena fe”.

Denuncian persistencia del Gobierno chileno en transgredir derechos en materia de consulta

Queda en evidencia que el gobierno de Sebastián Piñera ha montado un espectáculo de la improvisación. En buena hora se devela el engaño. Mientras que por un lado manifiestan públicamente que desean realizar procesos bienintencionados con los Pueblos Indígenas y, por otro, arremeten con iniciativas de abierta violación a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

 

1.- EL CONSEJO NACIONAL DE LA CONADI AUTORIZA AL SEIA QUE REALICE SU PROPIA CONSULTA.

El Consejo Nacional de la Conadi presidido por Rafael Tuki, sin información y consulta a los pueblos indígenas, han autorizado al SEIA que realice una consulta autónoma a los pueblos indígenas acerca del reglamento del SEIA, procedimiento especial de consulta y participación indígena como parte del proceso de evaluación ambiental de proyectos de inversión sometidos al Sistema de evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de la nueva institucionalidad medio ambiental en que la perspectiva de los pueblos indígenas no se incluye. Esta iniciativa pretende solicitar la opinión a grupos minoritarios para dar cumplimiento a un simple trámite.

Damos a conocer que en Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente, envió invitaciones a participantes de las Mesas Regionales a un Evento para debatir acerca de la nueva institucionalidad medio ambiental. La Coordinación que suscribe el presente documento, publicó la invitación el día anterior al encuentro a través del Facebook de la organización, por considerar que la participación de los pueblos indígenas es fundamental, puesto que somos los principales afectados. Insólitamente a las pocas horas el Ministerio de medioambiente suspende la actividad programada ¿De esto se trata la buena fe?

Estimamos que esta es una situación grave, puesto que se está aplicando el ilegitimo Decreto 124, realizando propuestas unilaterales acerca de la participación de los pueblos en el RSEIA, que vulnera abiertamente el principio de la consulta previa, libre e informada. En la propuesta se limita la consulta a los pueblos indígenas a la consulta ciudadana (que tiene bastantes falencias). Han declarado que en Diciembre 2011 estaría terminado el reglamento del SEIA y todo a espaldas de los pueblos.

 

2.- EL CONSEJO NACIONAL DE LA CONADI SIGUE AVANZANDO CON SU PLAN DE CONSULTA DE LA CONSULTA.

No respeta ni reconoce los procesos organizativos legítimos de los Pueblos Indígenas siendo incapaz de facilitar la constitución de asambleas autónomas por pueblos, para avanzar en el trabajo deliberativo de los pueblos en cuanto a representatividad y niveles de participación y decisión. ¿Cuál es el temor al debate público?, ¿Cuál es el temor a la participación real de los Pueblos Indígenas?, ¿Tienen temor a perder sus privilegios y su micropoder?

En forma temeraria han señalado que el 16 de Diciembre tendrán terminado los procedimientos y mecanismos para consultar a los Pueblos Indígenas en Chile, que lo certificarán en un gran encuentro de pueblos indígenas junto a sus autoridades representativas. ¿Cuáles serán esas autoridades? ¿El Gobierno?

Afirman que los procedimientos y mecanismos para consultar a los Pueblos Indígenas serán definitivos y derogará el decreto 124, siempre y cuando exista otro decreto que ya parece estar diseñado, incumpliendo con los principios del Consentimiento, Libre, Previo e Informado. ¿Estarán esperando concretar más medidas como la denunciada?, ¿Estarán ganando tiempo para aprobar más proyectos de ley e inversiones en territorios de los Pueblos Indígenas?

En su nuevo plan de consulta el Gobierno, conserva y reafirma la misma “Gran institucionalidad” y que ha señalando como óptima para los pueblos indígenas. Institucionalidad indígena que ha sido seriamente cuestionada. Si ya es una decisión, ¿Para qué consultar? ¿Consulta para los informes internacionales?. Esto es el Gatopardismmo de las Políticas Públicas. Hacer que cambie para que no cambie nada.

Por último, felicitamos a los dos hermanos Consejeros Indígenas Mapuches, que renunciaron ser parte de este plan de trabajo. Esta decisión cuestiona a un más la representatividad de este Consejo Nacional de la Conadi, que está elaborando el procedimiento de la consulta de la consulta a espaldas de los Pueblos Indígenas.

 

3.- ORGANIZACIONES DE RAPA NUI INCIAN SU ASAMBLEA PARA DEBATIR ACERCA DE SU AUTODETERMINACION

Queremos destacar la labor que varios hermanos y hermanas del pueblo RapaNui, han venido desarrollado para enfrentar estas políticas de gobierno, siendo consistentes con los acuerdos tomados como pueblos indígenas a nivel nacional, no prestando su firma para sellar consultas inconsultas.

Hoy día el pueblo Rapa Nui se ha autoconvocado para debatir acerca de la forma de ejercer su autogobierno, estamos seguros que su trabajo será altamente productivo.

Seguir haciéndose los sordos y creer que no somos capaces de ver el engaño, usando la amenaza con promesas de más o menos recursos, constituye la peor forma de gobernar.

 

Organizaciones y Comunidades Indígenas

de los Pueblos Indígenas en Chile;

“ Autoridades Tradicionales y Dirigentes de

Los Pueblos Indígenas Autoconvocados”

Equipo Coordinador:

Juan Valeria Quilapan

Asociación de profesionales Indígenas

Sandra Huentemilla

Asociación de profesionales Indígenas

encuentroppii@gmail.com

8 73 021 15

 

ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS AUTOCONVOCADAS:

 

Asociación Mapuche Wuñelfe

Asociación Mapuche Wilkunche

MakenuRe`o Rapa Nui-Grupo de Mujeres

Asociación Indígena Katriwuala

Asociación Mapuche Kiñe Pu Liwen

Asociación Mapuche Inaleufuche

Asociación Mapuche QuitralMapu

Asociación Mapuche AdkimTulem

Asociación Mapuche Calaucan

Asociación Mapuche PetuMongueleiñ

Asociación Indígena Tren TrenWinkului

Asociación Mapuche Antumapu

Asociación Mapuche We Rayen Lof

Asociación Mapuche Maypun

Asociación Comunitaria de Salud Integral de Desarrollo

Consejo Autónomo Aymara

Organización AymaraJichaPiniwa

Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T’allas

Agrupación Social Indígena

Organización Mapuche Wepeuntun

Organización Mapuche Trawunmapu

Organización Mapuche KilaLof

Organización Mapuche WerkenMapu

Organización Mapuche RelmuAntu

Organización Mapuche Newenpeñi

Organización Mapuche MeliNewenMapu

Organización Mapuche Trepei Pu Lamngen

Organización Mapuche PetuMongozein

Asociación Indígena Likan -Mapu

Organización LululMawidha

Asociación Consejo Mapuche Pudahuel

Comunidad Indígena Quechua Miñi-miñi

Comunidad Indígena Francisco Trecan

Comunidad Indígena Venancio Ñeguey

Comunidad Indígena Salto Lorcura

Comunidad Indígena Aymara de Parca

Comunidad AymaraChiapa

Comunidad Atacameña de Toconao

Comunidad Indígena Butalelbun

Organización Indígena Ad Zulen

Comunidad Indígena Callaki

Asociación Weichafe Domo

Asociación Mapuche MeliRewe

Consejo Regional Diaguita Atacama

Asociación Indígena Diaguita Rio Huasco de Vallenar

Asociación Indígena Mapuche Renca Wichanlof

Asociación de Mujeres Indígenas Taihuel, Quinta Región

Pastoral Mapuche de Santiago

Comunidad Indígena Puwapi

CorporacionLehue-Coihe – Tirua

Comunidad Indígena Trapa Trapa

Amuleaimi Programa Radial Mapuche

Asociación Regional QuitralMapu

Ilustre Municipalidad de Lumaco

Comunidad NewenPuyi – Tirúa.

Grupo de Comunicación y Estudio “LululMawida”.

Consejo ADIS – Eco zona de Cariquima – Matilla comuna Colchane

Consejo autónomo mujer indígena “INALENFUCHE”.

Unión Comunidades de Lumaco.

Comunidad Mateo Huenchuman

Coordinadora AMAPEI NACIONAL-WICHAN LOF

Territorio de la Futawillimapu.

Dirigentes de Comunidades del sector rural. Comuna Padre Las Casas.

Comunidad Indígena Diaguita ” Paytepen ” de Chanchoquín Grande.

Coordinación de Comunidades y Organizaciones del Pueblo Mapuche de la IX Región- CCOM.

Comunidad CalviuMillan de Aillinko.

WALLMAPU FUTA TRAWUN

ComunidadWeFolil

Comunidad Rayen Pehuen

ComunidadFolilZomo

Asociación Wetxipantu

ComunidadNewenMapu

ComunidadWe Rayen Mapu

ComunidadEpuNewen

Comunidad Juan Paillalef

GvbamlongkoPikunwijimapu

Comunidad Indígena Yámana

Comunidad Indígena Kawésqar – Puerto Edén

Comunidad San Bartolomé de Livilcar

Comunidad Autónoma Antinao Los Ángeles

Comunidad AlanawueCollileufu

Comunidad Pehuenche Akoncagua

Comunidad Huillimapuakunkawua

Asociación Mari Mapuche San Felipe

Corp. Nahuelbuta Cañete

Consejo de Longkos Arauco. LAFKENMAPU

Kinel Wueichan Mapu Chol Chol

Comunidad AT Manqueo

ONG Rapa Nui Nehe- Nehe

Asociación Indígena Rapa NuiPakarati

Lafken Mapuche Hualaihue

Comunidad Pehuenche

Comunidad ÑukeMapuNewen

Asociación de Emprendedoras Indígenas Leftraru – IV Región

Comunidad HuillichePailahueque

LofMapu y Organizaciones de Chol chol

Organización Colla Rio Jonquera y sus Afluentes

Movimiento Salud de los PueblosIndigenas

Asociación Rayen Mapu

Asamblea Nacional Mapuche Izquierda (ANMI)

Mapuches Iglesia Evangélica

Rayen Quitral. Pastoral Mapuche

Comunidad Juan Dionisio Millapan – Panguipulli

RukaMapu

Consejo de Río Negro

Comunidad Purranque

Consejo San Pablo

Red por los Derecho educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Asociación Indígena LongkoKatrinrayen

AsocaciónAntumapuQuilpue

Centro Cultural Mapuche Ayekan

Comunidad KiñeWeixanMapu

Pura WeichanMapu

Comunidad Territorial Rayenko

HuilliLagkencheMelipulliCayenelMapu

Organización Amotuyin

Asociación indígena Talkawuano

Comunidad Indigena San Pedro de Atacama

Asociación Antu-MapuQuilpue

Pastoral Indígena San Antonio

AsociacionindigenaCalaucan, San Antonio

Comunidad Juan de la CruzPinchumilla

Asociación Indígena kompu che ñiLof

AsociacionindigenaWitrapuran

Territorio Mapuche Lofkollim

Asociación de mujeres indígenas “Taihuel”

Comunidad IndigenaPurrailla.Lago de Todos los Santos

Asoc. Indigena Rayen Foye

Asociación Mapuche kayenel

Asociación IndigenakurraWenu

CONSEJO PUEBLO LICKANANTAY-ATACAMEÑO

COMUNIDAD INDÍGENA COLLA WAYRA MANTA TUJ’SI TRECAN

Asociación Indígena AmotuyinMelipilla

Organización Mapuche TravunMapu

Asociación Rapa NuiPakarati

Asociacion Regional Leufu-Lafquen

CacicadokuincoLof Chol Chol

Comunidad Pedro Lincoñir

comunidad juan huehuentro

comunidadavelino torres

asociaciónayelen domo

territorio mapuche quepe

comunidad juan huenchual

comunidadantoniolepian

asociación de comunidades de lumaco

asociación de comunidades de loncoche

comunidadchaura

asociación de comunidades de lautaro

asociación urbana newenmapu

asociación urbana trepelpulamgien

comunidadmahuidanche

comunidad mapuche lonkomaikillahue

comunidad nación newenche

Agrupación Indígena kalfilican

comunidadmanuelquintunahuel

comunidad camilo coñuecar

comunidadmanuelmarillancapalguin bajo

lofpullinque asociación de comunidades de victoria

Agrupación de comunidades de Lonquimay

Agrupación de Comunidades Tricauco

Agrupación de comunidades de TemucuicuiHuañacoMillao

Agrupación de Comunidades de Cunco

Agrupación de Comunidades de los Sauces

Agrupación de Comunidades de Teodoro Schmidt

Agrupación Antumapu,

Esperanza de Vida Comunidad “WE FOLILCHE AMULEAIÑ”

Area de Desarrollo IndigenaJiwasa Oraje

Consejero ADI ecozonaTarapaca Alto. AsociacionJichaPiniwa

AsociacionJichaPiniwa – Iquique

Comunidad de Lirima, Region del Tamarugal

Presidente Consejo AutonomoAymara Arica

FûtaRepû, Calle Larga

ASOCIACION REGIONAL LEUFU-LAFQUEN

Asociación Indígena AmotuyinMelipilla

Territorio Mapuche Los Álamos

Asoc. Indígena Urbano Prov. Arauco

KOLAWEN Comunidad Francisca Calfin

Centro Ceremonial Relmu Rayen ChofLafken

Programa de Derechos Indígenas – Fundación Chile XXI

Asociación Indígena ”Antu-mapu”,Quilpue

Comunidad San Bartolomé de Livilcar

Asociación Mapuche Pewma Pu Domo

TERRITORIO CAYUPIL MAPU

NEHUENCHE MAPU

Asociación Indígena TalcahueñuñiFolil de Talcahuano

Asociación de Comunidades de Galvarimo

Asociación de Comunidades de Freire

Asociación de Comunidades de Puren

Asociación de Comunidades de Villarica

Asociación de Comunidades de Temuco

Asociación de Comunidades de Panguipulli

Asociación de Comunidades de Lonquimay

Asociación de Comunidades de Mafil

Asociación de Comunidades de Chol chol

Asociación de Comunidades de Collipulli

Asociación de Comunidades de Puerto Saavedra

Asociación de Comunidades de Imperial

Asociación de Comunidades de Tolten

Asociación de Comunidades de Tirua

Asociación de Comunidades de Osorno

Asociación de Comunidades de Arauco

Asociación de Comunidades de Puerto Montt

Asociación de Comunidades de Hualpen

Asociación de Comunidades de Pucon

Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje

Comunidad Indígena Aymara de Limaxiña

CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA

Asociación Indígena Mapuche Huilliche de Trab. Indepen. HuilliRelmu

Asociación Indígena de Productores Agrícolas Waywen de Punta Arenas

Comunidad Mapuche WE FOLIL

Consejo de Educación Mapuche AZELUWAM

Comunidad RudecindoAncalef

CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA KAYENEL

Asociación Antumapu Quilpué

COMUNIDAD INDIGENA COLLA SERRANIA POBLETE

Comunidad Indígena Diaguita Serrania

Longko Mayor del consejo de Comunidades de Quellon

Longko mayor del cacicado de cohinco de Osorno

Coordinadora de Mapuche Urbanos de la Provincia de Cautín

WARRIACHE Asociación indígena Rayen Mapu

Agrupación Indígena ÑukeMapu

ASOCIACION INDIGENA ADEPO

Organización mapuche trepeylamngen Comunidad Choin

CONSEJO DE LONCO Comunidad Indígena. MARIA TRANCITA CANIO

TRAGUN NEHUEN PULLI MUNICIPALIDAD TIRUA

Comunidad Indígena CARRIPAN HUERAMAN

Comunidad Indígena KELLGKO

Comunidad Indígena LORENZO PILQUIMAN DE MIQUIHUE

Comunidad Indígena LORCURA FOLIL MAPU

ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE

Hogar Mapuche PELONTUWE

Federación de Estudiantes Mapuches FEMAE

Colectivo de Estudiantes Mapuche Universitarios CODEMU

IDENTIDAD TERRITORIAL LAFKENCHE

Fuente: http://www.mapuexpress.net con informacion de Equipo Coordinador de Pueblos Indigenas Autoconvocados.

PERÚ: Proyectos REDD+ violan derechos de PPII y agudizarán conflictos por tierras

2 diciembre 2011 10:14


PERÚ: Proyectos REDD+ violan derechos de PPII y agudizarán conflictos por tierras

Servindi, 1 de diciembre, 2011.- Los proyectos pilotos REDD+ que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y empresas privadas promueven en el país ya afectan los derechos de los pueblos indígenas, conducen a la expansión de la piratería de carbono, y se prevé que agudicen los conflictos por la tierra y los recursos naturales.

Así, lo reveló el estudio “La realidad de REDD+ en Perú: Entre el dicho y el hecho… Análisis y alternativas de los Pueblos Indígenas Amazónicos”, que fue publicado el miércoles 30 de noviembre por las organizaciones indígenas AIDESEP, FENAMAD y CARE, junto a Forest Peoples Programme (FPP).

“Proyectos de REDD no regulados convierten al Perú en un centro internacional de la piratería de carbono y propician el acaparamiento de tierras de pueblos indígenas sin precedentes. Se necesitan medidas urgentes para proteger los territorios y derechos de los pueblos indígenas”, dice Conrad Feather, coordinador de proyecto de FPP.

Piratería de carbono

El informe destaca cómo los promotores de proyectos REDD tratan de convencer a los pueblos indígenas y comunidades de la amazonía para que acepten acuerdos. Ello, con la promesa de obtener millones de dólares a cambio de firmar el control por terceros de sus derechos a la tierra y el carbono de los bosques.

Muchos de estos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad y se negocian sin supervisión ni asesoramiento legal para las comunidades vulnerables. Además de ser complejos, algunos contratos comerciales están escritos en inglés y sujetos a leyes inglesas.

“Nos presentaron un fideicomiso donde se obliga a la comunidad a entregar la administración [del territorio comunal] y acatar las decisiones del promotor por treinta años, sin permitir desarrollarnos como personas, ni ejercer la libertad de decidir sobre nuestro territorio. Ni siquiera planificar el futuro de nuestros hijos”, refiere un nativo de la comunidad Bélgica, en Madre de Dios.

Acaparamiento de tierras

Actualmente, unos 20 millones de hectáreas de territorios indígenas en la Amazonía peruana carecen de reconocimiento legal, incluidos los pueblos autónomos o en aislamiento voluntario. Esto viola las obligaciones internacionales del Estado peruano a reconocer y asegurar las tierras y bosques bajo posesión indígena tradicional.

Asimismo, solicitudes formales de “concesiones de conservación” –con la intención de establecer proyectos de REDD–presentados por particulares y ONG ambientales, se superponen a territorios indígenas con reconocimiento pendiente. Todo lo anterior, crea condiciones para un acaparamiento masivo de tierras legitimado por el Estado.

Si bien la incidencia de organizaciones indígenas logró algunos compromisos gubernamentales para modificar los planes nacionales de REDD en los programas estatales financiados por el Banco Mundial, aún no existen garantías sólidas para el respeto los derechos de estos pueblos.

“Los compromisos del gobierno anterior no fueron pasajeros, sino que fueron asumidos por el Estado, y avalados en la reunión global del FCPF del Banco Mundial”, señala Roberto Espinoza, coordinador del programa de cambio climático de AIDESEP y uno de los autores del informe.

“Por lo tanto, esperamos que el actual gobierno y los actores internacionales, como el banco mundial cumplan sus compromisos para respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Para eso el monitoreo continuo será fundamental”, agrega Espinoza.

Alternativas indígenas a REDD+

Ante la problemática señalada, los pueblos indígenas exigen al gobierno actual que reformule los planes del gobierno anterior sobre los bosques y el clima. Proponen que deben utilizar los fondos de REDD con el fin de asegurar los bosques en territorios indígenas y apoyar soluciones comunitarias para combatir el cambio climático.

El informe concluye que en lugar de despilfarrar el dinero en dudosos e inestables mercados de carbono, con una financiación modesta se podrían asegurar los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y apoyar el manejo comunitario sustentable de los bosques.

Los enfoques basados en el respeto a los derechos de estos pueblos son formas accesibles para la protección efectiva de los bosques. Ello, reducirá las emisiones causadas por la deforestación y mantendrán el bosque en pie, y contribuirá a reducir la pobreza, asegurar la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

“Sólo de esta forma REDD será una verdadera oportunidad, en lugar de una amenaza para los pueblos indígenas”, explica Alberto Pizango, presidente de AIDESEP en el informe, que reúne diversas experiencias de organizaciones de pueblos indígenas con políticas y proyectos de REDD+ en el Perú.

La publicación analiza también las políticas y estrategias del gobierno peruano, el papel de las agencias internacionales y las iniciativas piloto en marcha actualmente en territorios indígenas.

Descargue el informe completo en el siguiente enlace:

 

Perú: Pacto de Unidad indígena plantea principios mínimos para aplicación de derechos indígenas… sobre consulta, participación y CLPI

2 diciembre 2011 10:11


Perú: Pacto de Unidad indígena plantea principios mínimos para aplicación de derechos


Luego de tres días de trabajo culminó con júbilo el primer encuentro del Pacto de Unidad indígena y campesino

Servindi, 1 de diciembre, 2011.- El primer encuentro del Pacto de Unidad de organizaciones indígenas y campesinas del país culminó hoy con la adopción de un documento de principios mínimos para la aplicación de los derechos de participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.

El evento que congregó alrededor de ciento ochenta delegados indígenas también decidió interponer una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto minero Conga.

Principios mínimos

Los principios mínimos para la elaboración, interpretación y aplicación de los derechos indígenas están constituidos por los derechos establecidos en la Constitución Política y el derecho internacional, así como por los derechos intrínsecos y visión de desarrollo de los pueblos indígenas.

Constituyen la base para interpretar y aplicar los derechos de participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.

Las organizaciones sostienen que tales principios mínimos deben aplicarse en la elaboración del Reglamento de la Ley de Consulta pues el reglamento “no puede estar por debajo de los derechos y principios que fija el derecho constitucional e internacional”.

El fundamento de dicha exigencia se encuentra en cuarta disposición de la Constitución Política que dispone que las normas relativas a los derechos y libertades “se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

En consecuencia, tanto la Ley de Consulta y el proceso de elaboración del reglamento deberá considerar el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la doctrina y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, entre otras fuentes del derecho internacional.

 
Las organizaciones del Pacto de Unidad se han visto una vez más hermanados y fortalecidas

Visión y prioridades de desarrollo

Además, las organizaciones afirman que debe respetarse la visión y prioridades de desarrollo de los pueblos, así como sus derechos intrínsecos, amparados en ambos instrumentos de derecho internacional.

En tal sentido reivindican el principio pro hominis o pro indígena “por el cual priman las normas que otorgan más derechos o ventajas a los pueblos indígenas, no importando la fuente”.


Delegados de costa, andes y amazonía trabajaron hermanados en la defensa de sus derechos colectivos

Sujetos indígenas

Otra de las propuestas indígenas es que para la definición de los sujetos a quienes se aplican los derechos de consulta previa el reglamento considere solo los dos criterios objetivos que define el Convenio 169 de la OIT. En esta virtud los “cuatro criterios objetivos” del artículo 7 de la ley deben tomarse como criterios indicativos pero no acumulativos.

En consecuencia, el reglamento no debe exigir titulación o reconocimiento jurídico pues el derecho de consulta se aplica a los colectivos que cumplen los criterios fijados en el Convenio “cualquiera sea su situación jurídica”.

Participación efectiva

La propuesta del Pacto de Unidad recalca que el reglamento debe asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas no solo en los procesos de consulta previa sino en la formulación, aplicación y evaluación de los planes, proyectos y programas de desarrollo, al amparo del art. 7.1 del Convenio 169 de la OIT y la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Saramaka vs. Surinam.

Mínimos respecto a planes o proyectos de desarrollo

El documento del Pacto de Unidad también propone que la entidad estatal que apruebe una medida relativa a una concesión, plan o proyecto de desarrollo o infraestructura garantice un conjunto de condiciones mínimas amparadas por el derecho internacional.

Entre esas condiciones está el asegurar las prioridades de desarrollo de los pueblos; el mejoramiento de sus condiciones básicas de vida; estudios sobre la incidencia social, espiritual, cultural y ambiental; la protección ambiental; indemnizaciones en caso de daños y perjuicios, y participación en las utilidades o ganancias.

Consentimiento

Mediante un documento sustentado con citas a fuentes precisas del derecho internacional el Pacto de Unidad demanda el respeto a los casos mínimos en los que el consentimiento previo, libre e informado es requerido para aprobar una medida.

Tal es el caso del riesgo a la subsistencia; traslados poblacionales; megaproyectos o planes que afecten condiciones de subsistencia; almacenamiento de materiales peligrosos o tóxicos; decisiones que afecten los derechos de propiedad indígena; actividades militares en territorios indigenas y la adopción de salvaguardas de personas, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente.

El Pacto de Unidad pone de relieve que la Corte Interamericana distingue la diferencia entre “consulta” y “consentimiento” y que el requisito del consentimiento debe interpretarse como una “salvaguarda reforzada” dada su conexión directa con el derecho a la vida, a la identidad cultural y a otros derechos humanos esenciales.

El documento también identifica siete casos en los que el Estado debe abstenerse de adoptar una medida. Estos son cuando se va a dañar el patrimonio histórico-cultural, afectar la vida o integridad de un pueblo, cuando implique empleo de fuerza o coerción, afecte condiciones de subsistencia o implique discriminación para el ejercicio de derechos.

También cuando vaya a dañar la integridad cultural, de valores, prácticas e instituciones, y por último en el caso de pueblos de alta vulnerabilidad como los pueblos en aislamiento o contacto inicial.


La especialista Raquel Yrigoyen contribuyó de manera importante demostrando capacidad pedagógica y dominio del derecho internacional


El Foro Público congregó a representantes de instituciones aliadas que fueron convocadas por las organizaciones

 
Voceros del Pacto de Unidad expresaron que no es una articulación cerrada sino abierta a organizaciones representativas con comunidades de base.

Otras noticias:

 

Fuente: http://servindi.org/actualidad/55365

Perú: ¡Gran Foro Público sobre el Derecho a la Consulta en camino a la libre determinación!

- Luego de dos días y medio de trabajo interno las principales organizaciones indígenas y campesinas nacionales del Perú harán público las conclusiones de su análisis frente a la implementación de la Ley de Consulta Previa. La cita es a las 2:30 p.m. en el auditorio de la Confederación Nacional Agraria (CNA).

Servindi, 30 de noviembre, 2011.- Luego de dos dias y medio de intenso trabajo alrededor de doscientos líderes indígenas de costa, andes y amazonía del Perú harán conocimiento público de las conclusiones a las que han arribado luego de analizar el proceso de implementación de la Ley de Consulta Previa.

Las cinco organizaciones nacionales articuladas en el Pacto de Unidad convocan a los medios de prensa y público interesado a concurrir al Foro Público “Pacto de Unidad, en el Camino a la Libre Determinación de Nuestros Pueblos” que se iniciará a las 2:30 de la tarde en el auditorio de la Confederación Nacional Agraria (ex ONA), situado en el noveno piso del Jr. Antonio Miró Quesada 372, Cercado de Lima.

El evento que tiene como finalidad promover un espacio de diálogo intercultural entre los diversos actores de la sociedad civil, y establecer alianzas estratégicas que coadyuven al cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios, reconocidos en el derecho nacional e internacional.

La expectativa por las conclusiones del certamen es muy grande, tanto a nivel nacional como internacional, debido a que se conocerá la posición adoptada de manera autónoma por las organizaciones indígenas frente al proceso de implementación del derecho a la consulta.

Como se recuerda, el 7 de setiembre de 2011 se publicó la Ley 29785 o Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El martes 22 de noviembre se instaló la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el reglamento de la Ley de Consulta, que preside Víctor Caballero, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e Iván Lanegra, secretario técnico de la comisión y viceministro de Interculturalidad.

En dicha ocasión los integrantes del Pacto de Unidad que integran la comisión recibieron una propuesta de reglamento de la Ley de Consulta Previa para los Pueblos Indígenas u Originarios, en cuya redacción no participaron.

También se les concedió un plazo de sesenta días para consensuar la propuesta de reglamento, plazo que la representación indígena consideró insuficiente para discutirla con las bases, como es su costumbre.

El Pacto de Unidad congrega a las principales organizaciones indígenas nacionales como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Las citadas y otras organizaciones del país participan del primer Encuentro Nacional del Pacto de Unidad “En el Camino a la Libre Determinación de Nuestros Pueblos” que se inició el martes 29 y culmina el 1 de diciembre con el foro público.


Como lo indican sus voceros el Pacto de Unidad es un proceso en construcción abierto a organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas con representación comunal de base


El primer encuentro tuvo un componente de capacitación intenso en el dominio de instrumentos de derecho internacional


Alberto Pizango Chota, presidente de la AIDESEP, la organización representativa de los pueblos amazónicos del Perú


Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), actual vocero de turno del Pacto de Unidad


Julián Páucar, Secretario colegiado de la histórica Confederación Campesina del Perú (CCP)

Gladis Vila Pihue, presidenta de la ONAMIAP, garantizando la participación seria y comprometida de las mujeres indígenas

Magdiel Carrión Pintado, lider comunero de la sierra norte del Perú, preside la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami)

Otras noticias:

Perú: Mujeres de ONAMIAP exigen participación de mujeres y no sean dejadas de lado en el proceso de consulta previa

2 diciembre 2011 10:04


Perú: Alejadas de la consulta


La organización de mujeres indígenas ONAMIAP brega por que la mujer participe y no sea dejada de lado en el proceso de consulta previa

Por Rosa Montalvo Reinoso

2 de diciembre, 2011.- El proyecto Conga de Minera Yanacocha y su infructuoso intento por iniciar la explotación pese a la oposición de miles de hombres y mujeres de Cajamarca que se movilizaron hasta las lagunas que pretendían “tumbarse” con el proyecto fue parte de la parrilla central de noticias durante varios días en los principales medios del país.

El rechazo de la población movilizada que se iba juntando desde los diferentes caseríos, cada vez más y más llegando hasta las lagunas para custodiarlas, era presentado en los medios como producto de la confusión y la desinformación, dando continuidad de esta forma a la percepción que se tiene en las ciudades, especialmente en Lima, de que campesinos y campesinas y la población indígena en general son permanentemente manipulados, confundidos, desinformados, sin criterio propio.

Mientras la población de Cajamarca se movilizaba por estos justos reclamos contra un proyecto que de implementarse afectará su vida, en Lima se instalaba la Comisión Multisectorial para la elaboración del reglamento de la Ley 28975 del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.

Esta comisión está conformada por catorce viceministros, representantes de igual número de ministerios, de los cuales sólo dos son mujeres, y seis organizaciones indígenas, de las cuales sólo una está representada por una mujer, al ser una organización de mujeres.

Al indagar un poco más sobre cuáles son los sectores representados en esta instancia, nos damos con la sorpresa de que no está el Ministerio de la Mujer y en lugar de lamentar que el ente rector de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no esté representado en un proceso como éste, tan importante para hombres y mujeres indígenas en un país en que las brechas étnicas y de género son enormes, en lugar de señalar que se hará lo posible, que se trabajará para que este ministerio esté presente, o de señalar que es un descuido por decirlo menos, el viceministro de Interculturalidad, Dr. Iván La Negra, cuando se le pregunta quiénes están en la comisión, señala que: “Es una ley que involucra a Salud, Educación, Justicia, Relaciones Exteriores, se toca un convenio internacional, Comercio Exterior pidió incorporarse, Energía y Minas, Ambiente, Agricultura, Producción, Economía, Transporte, Inclusión Social.”

Y sobre quiénes no están dice: “Sectores alejados del tema, como Mujer.”(1) Cuesta procesar que se piense que en un proceso tan importante como la reglamentación de la ley de consulta previa se considere que el ente encargado de garantizar los derechos de las mujeres está alejado del tema.

Creemos que en general este proceso, tal como se señala en la ley, tiene como principio la “Buena Fe” y si bien esta omisión es un error, se valora no sólo la posición de los pueblos indígenas y de las mujeres como parte de ese colectivo, sino también las propuestas que una instancia como el Ministerio de la Mujer puede aportar en este trascendental proceso, para garantizar la visibilización de las mujeres en todos los espacios en que se discutan medidas o programas y proyectos que las afectarán. Pero también este hecho y las declaraciones del Viceministro son un llamado de atención sobre cómo en estos procesos que son técnicos y políticos, las mujeres siguen aparentemente sin ser importantes, invisibilizadas, alejadas de estos temas.

Por otro lado, si nos tomamos el trabajo de revisar línea por línea el reglamento y la misma ley, nos vamos a dar cuenta de que la palabra mujer no aparece ni una sola vez en todo el texto, a diferencia del Convenio 169 de la OIT, del cual dicen es inspirada dicha ley.

En el artículo 3 de dicho Convenio, que se refiere a la discriminación, se establece que: “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.” (2)

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala en su artículo 21, numeral 2:

“Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.” Y en el artículo 22, numeral 2, estipula que: “Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.”(3)

Es necesario también subrayar que en el documento elaborado por el Pacto de Unidad de las organizaciones nacionales indígenas titulado “Principios mínimos para la aplicación de los derechos de participación, consulta previa y consentimiento previo libre e informado”(4), en donde se hace un importante análisis de los elementos claves y no negociables que debe tener el reglamento, tampoco aparece la palabra mujer ni se menciona la participación de las mujeres como un factor clave del proceso.

Muy posiblemente se pensará que en realidad utilizar o no la palabra mujer no es importante mientras se garanticen sus derechos. En general, podríamos estar de acuerdo con esta apreciación, pero no podemos olvidar que en el lenguaje se plasma los valores existentes en la sociedad, que el lenguaje construye pensamiento y crea realidades, refuerza, limita, condiciona formas de pensar y de sentir. En este sentido, la ausencia del Ministerio de la Mujer, por omisión u olvido, es una manifestación patente de la invisibilización de las mujeres. Si ya es así de partida, ¿qué garantía hay de que siempre que se consulte sobre un proyecto o una medida estén presentes las mujeres y estén en escena sus derechos?

No podemos dejar de proyectarnos y de volver a conectarnos con imágenes que hemos vivido en muchas comunidades, en las cuales las mujeres de todas las edades permanecían afuera o atrás de las asambleas, en silencio o comentando entre ellas, mientras los varones, sentados en sillas delante de los invitados y de los dirigentes, hablaban y tomaban decisiones. ¿Cómo tanto el Estado como las mismas organizaciones indígenas van a garantizar que los procesos de consulta no estén poblados de estas imágenes?

Por otra parte, entendemos que en cualquier proceso de consulta sobre proyectos o medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas, tiene que considerarse los impactos diferenciados por género que se van a dar debido a la diferente socialización de hombres y mujeres, a sus distintas expectativas y experiencias, a los roles y responsabilidades que unos y otras asumen en diferentes etapas de su vida.

Así tenemos, por ejemplo, que el hecho de que las mujeres indígenas sufran violencia y discriminación tanto por ser mujeres como por ser indígenas y que los problemas que pueden derivar de la presencia de un proyecto extractivo en sus localidades, por ejemplo, serán distintos a los que vivirán los varones influye en que su percepción de un determinado proyecto sea distinta. Quizá tengan mayor temor, quizá sientan que sus conocimientos y lo que les da sentido de vida se pierde y de hecho puede perderse, quizá pone en peligro la superviviencia misma de los pueblos si es que tienen que trasladarse, quizá ellas van a llevar la carga de los impactos en sus cuerpos y en sus vidas, toda la vida.

Una pobladora en Anchihuay, en la selva Ayacuchana, población que sufrió el impacto de la explosión del ducto del gas de Camisea en el 2005, nos decía 5 años después: “hasta ahora nos sentimos mal, prácticamente dañados, por esa causa, digamos por el derrame del gas.”(5)

Son muchos los cambios que se generan con la implementación de proyectos y de medidas legislativas y administrativas, cambios en todos los niveles de la vida, en las condiciones, en los sistemas de creencias, en las posiciones. Por lo tanto, en los procesos de consulta debe garantizarse tanto desde el Estado como desde las organizaciones la participación equitativa de las mujeres.

Es imprescindible que en la etapa de información de la que nos habla el articulo 18 del reglamento, se incluyan estudios e información sobre el impacto de género que tendrá un proyecto o medida, que permita conocer las consecuencias que tendrían estos proyectos o medidas tanto para mujeres como para hombres.

Además, estos informes de impacto de género deben acompañar los procesos de consulta y ser un instrumento clave que posibilite la toma de decisiones de modo que se cuente con información para que, en caso de consentirse un proyecto o medida, se pueda desarrollar los mecanismos y estrategias de prevención o mitigación del impacto y garantizar los derechos de las personas y los pueblos, porque finalmente se trata de derechos.

Notas:

(1) El Comercio, “La Ley de Consulta Previa tendrá varios reglamentos”, 28 de noviembre del 2011. http://elcomercio.pe/politica/1340480/noticia-ley-consulta-previa-tendra…

(2) Organización Internacional del Trabajo, Convenio OIT N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, 2007.http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf

(3) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007.http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html

(4) Elaborado por CCP, CONACAMI, CNA, AIDESEP Y ONAMIAP.

(5) Rosa Montalvo, La huella de Camisea: Reportaje sobre los impactos sociales y ambientales del ducto de Camisea en Ayacucho, SER, 2011.

—-
Fuente: Noticias SER, una publicación de Servicios Educativos Rurales:http://www.noticiasser.pe/30/11/2011/teleidoscopio/alejadas-de-la-consulta

Otras noticias:

 

Fuente: http://servindi.org/actualidad/55330

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Agreden a comunidad mapuche que acompañaba a un diplomático de ONU

En el marco de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para Pueblos Indígenas (James Anaya), agredieron en Villa la Angostura (Neuquén) a dirigentes indígenas que acompañaban al diplomático de la ONU. El hecho sucedió a las 9.10 de hoy (1 de diciembre de 2011) en la comunidad Paichil Antriao, que en la actualidad resiste el avance de especuladores inmobiliarios de la zona. El agresor fue el ciudadano
estadounidense William Henry Fisher, que pretende parte del territorio comunitario.

“Ingresamos al rewe (sitio sagrado) para hacer una ceremonia y Fisher se nos vino encima. Nadie quería responderle a sus agresiones verbales, seguimos caminando, pero luego golpeó a un hermano, lo tiró al piso y lo golpeó hasta que intervinimos”, explicó Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI).

El propio Fischer llamó a la Policía y exigió a los gritos que la comunidad abandone el rewe. Los efectivos se limitaron a evitar nuevas agresiones del ciudadano estadounidense. La comunidad finalizó la
ceremonia y se retiró para explicar al diplomático la vulneración de derechos que se producen en Neuquén.

James Anaya es Relator Especial para la Situación de los Derechos y las
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la más alta autoridad de Naciones Unidas en la materia. Es la primera vez que visita el país y las primeras comunidades en visitar fueron las ubicadas en Neuquén. Focalizó su visita en la zona centro, donde las comunidades enfrentan el acoso de la industrias petrolera, y luego viajó a Villa la Angostura para escuchar a la comunidad Paichil Antriao, caso paradigmático de despojo territorial producto de la especulación inmobiliaria.

La comunidad mapuche vive en la actual localidad de Villa la Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos históricos del propio Estado Nacional. La ciudad de Villa la Angostura creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial.
En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y
la destrucción de tres viviendas.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de más de dos años de proceso, el 6 de abril último, la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada. Instó al Gobierno Nacional tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de
la comunidad” y le solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión, que también protegió el rewe, se dio en un contexto de creciente violencia y criminalización contra el Pueblo Mapuche.

Fuente: http://odhpi.org/2011/12/agreden-a-comunidad-mapuche-que-acompanaba-a-un-diplomatico-de-naciones-unidas/

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Autor |  Genaro Bautista | 30 noviembre 2011 13:01

Pueblos Indigenas demandan a la COP17 en Durban, un 2º período del Protocolo de Kioto

“Los pueblos indígenas del mundo que arribaron a Durban, abogaron por la extensión de un 2º periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, por lo que llamaron a los Estados a concretar esfuerzos para ello.”

La COP 17 puede hablar de acuerdos ni convenios sin que se escuchen las voces de los Pueblos Indígenas
Las negociaciones de la CMNUCC, deben ser vinculantes, reconociendo Tierras y Territorios indígenas.

Los pueblos indígenas del mundo que arribaron a Durban, abogaron por la extensión de un 2º periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, por lo que llamaron a los Estados a concretar esfuerzos para ello. En este sentido demandaron a la Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unida (ONU) sobre Cambio Climático (COP 17), respeto y asegurar la implementación de instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, entre los que se encuentra en Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El cónclave indígena se instaló bajo la presidencia compartida de Stanley Kimaren Riamit, indígena de Kenia y representante de Mainyoto Pastoralists Integrated Development Organisation (MPIDO), y Miguel Palacín Quispe, indígena quechua de Perú y Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Con muchas expectativas, más de un centenar de indígenas de distintos puntos del planeta, buscan conciliar posiciones para su participación en las negociaciones de la Conferencia de las Partes que se inicia este lunes 29 de noviembre, con la asistencia de delegados de 194 Estados.
Para ello, el caucus indígena internacional conformó cinco grupos de trabajo que abordarán las preocupaciones y propuestas con relación a la visión compartida, adaptación, mitigación, transferencia de tecnología y finanzas, el protocolo de Kioto y REDD.

Durante las intervenciones que antecedieron a la organización de los grupos de trabajo, los delegados indígenas informaron de las reuniones preparatorias en diversas regiones del mundo a lo largo del año.

La COICA detalló los acuerdos de la reunión de Manaos (Brasil); el Foro Indígena del Abya Yala sobre Cambio Climático y la Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad compartieron los acuerdos arribados en las recientes reuniones de Guatemala.

De igual manera se informó de las recomendaciones de la reunión de Oaxaca, entre delegados de Estados y pueblos indígenas.

Así mismo, la Mesa Nacional Indígena sobre Cambio Climático, reportó los acuerdos suscritos en Apulco, Zacapoaxtla, Puebla, México, el 17 de Noviembre del 2011.
En su Declaración, la Mesa, conclave impulsado por la Red Indígena de Turismo (RITA), expuso que en Apulco, se concluyó que en la COP 17 no se puede hablar de acuerdos ni convenios sin que se escuchen las voces de los Pueblos Indígenas.
De ahí, que la Mesa Nacional Indígena sobre Cambio Climático, exija el reconocimiento y respeto de sus derechos colectivos en todos los procesos de toma de decisiones y actividades relacionadas con el tema.

Para los representantes, es necesario que las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) sean vinculantes para las Partes con consecuencias jurídicas, reconociendo específicamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, de conformidad con estándares jurídicos internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Exigen además, el reconocer el derecho a las tierras y territorios indígenas, de acuerdo a la posesión legítima, histórica y ancestral de los mismos, en todos los procesos, programas y actividades de la Conferencia Marco de Nacionales Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Los delegados indígenas hicieron énfasis en la necesidad de fortalecer su vocería propia en los espacios de la Conferencia de Partes.
En este sentido, el conclave acordó la nominación de sus voceros en las diversas reuniones oficiales de la COP17.

Esta designación recayó en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

La COICA será la responsable de abrir la participación indígena en las negociaciones con una intervención durante la sesión de apertura de la conferencia.

El cónclave finalizará una sesión previa este domingo, con la lectura de una declaración que resumirá los principales puntos de la posición indígena con relación a los temas que se negocian desde el lunes en Durban.
Fu
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Demandan_indigenas_a_la_COP17_en_Durban_un_21_periodo_del_Protocolo_de_Kioto

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