Mapuches en Chile: espionaje y represión

Mapuches en Chile: espionaje y represión

Año 7. Edición número 307. Domingo 6 de Abril de 2014
Arriba: Hombres de la tierra. El campesinado mapuche tiene una larga tradición de lucha en Chile.// Abajo: condenado. Celestino Córdova, una víctima del acoso represivo.
La democracia chilena mantiene, como una de sus grandes deudas sociales, una inercia represiva sobre las comunidades mapuches, heredada de las prácticas dictatoriales.

A pesar de las imágenes de violencia y represión, Carabineros sigue proyectándose como la institución más confiable para un amplio segmento de la población chilena. Desde que se activara el movimiento estudiantil, particularmente en los años 2006 y 2011 (estando en el gobierno Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, respectivamente), las imágenes de estudiantes apaleados, objeto de la represión policial, han circulado masivamente tanto por las redes sociales como por los principales medios de comunicación de nuestra región. A pesar de la amplia exposición mediática de la que es objeto la violencia institucional, los chilenos consideran a las fuerzas policiales del Estado como la institución más confiable del país, tal como lo reveló la última encuesta CERC de enero de este año con un 56% de aprobación.

Pero no es en este único ámbito que la violencia ejercida por las fuerzas policiales está ampliamente registrada y que, paradójicamente, la sociedad en general parece avalar dichas prácticas. En la zona sur del país sus habitantes conviven en una ambigua situación de represión jurídica y policial, que divide el territorio de la región de la Araucanía entre grupos indigenistas altamente politizados por un lado y terratenientes, grandes empresas agroexportadoras y medianos agricultores amparados por instituciones cuyas funciones se acercan cada vez más a un estado de tipo policial. Lo cierto es que las posiciones se han antagonizado en el último tiempo y los bandos enfrentados van siendo cada vez más fáciles de identificar, lo que habla de una politización del problema mapuche.

En enero de 2013, Miradas al Sur publicó una nota en la que daba cuenta de la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay, cuya casa patronal fue incendiada. Como se describía en la nota, el machi Celestino Córdova fue el único procesado por dicha acción, con cargos por delito de incendio amparados bajo la ley antiterrorista. A la autoridad mapuche se le encontró herido de bala en la cercanía de los hechos, lo que a juicio de la fiscalía lo comprometía como el principal sospechoso del asesinato del matrimonio de Vilcún.

Un año después, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictaminó una sentencia de 18 años de presidio para Celestino Córdova, “en su grado máximo, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos de derechos políticos, por ser considerado autor del delito de incendio con resultado de muerte”, consignaba radio Biobío en febrero. La sentencia, que fue dictada bajo fuerte custodia policial, finalmente rechazó la solicitud de los querellantes, quienes pedían presidio perpetuo calificado, lo que hubiera significado 40 años de presidio para el machi, sin derecho a beneficios carcelarios.

Sin embargo, el fiscal regional del Ministerio Publico, Cristián Paredes, comentó en la ocasión que el fallo se condecía con la gravedad de los cargos, aunque sentenció que iba a ser revisado en su totalidad, pues se necesitaba revisitar “el tenor de la sentencia”. Asimismo, Carlos Tenorio, abogado de la familia Luchsinger-MacKay, celebró que hubo un voto de minoría de los jueces que aceptaron que “en la Araucanía existe terrorismo”. De esta manera, el sistema judicial y por tanto el Estado, tanto en la práctica como en el derecho, reconoce la existencia de expresiones terroristas en la zona. Claro que persiste la duda, por un lado, de qué se entiende por terrorismo y más grave aún, quiénes cometen actos de este tipo.

Terrorista, ¿quién? El juicio contra Celestino Córdova, como el de muchos otros mapuches cercanos a organizaciones políticas, da cuenta de un accionar sistemático e integral por parte de las fuerzas del orden que organizan tanto el modelo de desarrollo agroexportador centrado en el procesamiento de la celulosa como de los resabios de colonización estatal en tierras independientes hasta casi el fin del siglo XIX, por medio de los sistemas judicial y policial.

Pues a pesar de la alta popularidad con que las encuestas muestran que cuenta Carabineros de Chile, lo cierto es que el enfoque represivo adoptado contra pequeñas comunidades de origen mapuche no expresa a aquel carabinero más cercano al barrio que se ve reflejado en las encuestas, sino ese otro aparato represivo organizado en las fuerzas especiales del GOPE, y que cuenta con instrumentos y procedimientos altamente militarizados.

Mientras los medios de comunicación del duopolio Copesa-El Mercurio centraban sus escritos en la violencia desatada tanto por estudiantes “extremistas” como por mapuches “radicalizados”, una realidad paralela, oculta y singular iba apareciendo lentamente. Pues si bien es cierto que las organizaciones represivas creadas por Pinochet en plena dictadura no fueron desmanteladas sino aggiornadas, y algunas de sus peores practicas continuaron siendo utilizadas, los jóvenes movimientos sociales surgidos al calor de la expansión de la desigualdad iban dándose cuenta de que ciertos “violentistas”, al decir de los medios, no se identificaban con ninguna organización. Ni estudiante, ni mapuche, ni ecologista, ni militante barrial. El encapuchado que llamaba a realizar destrozos y lanzaba piedras contra carabineros, tanto en las marchas de estudiantes como en los juicios contra mapuches, no era reconocido por ninguno de los múltiples colectivos asistentes en aquellas ocasiones.

Hasta que el descaro de las fuerzas represivas y la mayor organización del colectivo social fue mostrando la verdadera faceta de estos sujetos. Sin ser la primera ocasión, en la última conmemoración del asesinato de los hermanos Vergara por parte de la dictadura, fue descubierto por estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) un infiltrado de las fuerzas especiales de Carabineros que “comenzó a quemar una bandera”, desarrollando “acciones de inu­sitada violencia, algo que extrañó a los estudiantes presentes” (El Desconcierto, 28/03/2014). Frente al hecho de verse descubierto, el sujeto identificado como Héctor Cerda Burgos rompió una Tablet arrojándola al piso para posteriormente huir por las dependencias interiores de la universidad. En la carrera, olvidó un bolso donde los estudiantes encontraron “documentos asociados a Carabineros de Chile. Entre ellos, un vale del casino de la institución, algunos instructivos, una máscara, su carnet de identidad y una receta del hospital que atiende a los policías”.

Así, a juicio del abogado Rodrigo Román, “se ha sabido de muchos casos en donde la policía desarrolla prácticas ilegales e inconstitucionales. Lo vimos hace poco en el Wallmapu con el descubrimiento de Castro Antipán”.

Y es que al igual que en el caso del movimiento estudiantil, las prácticas represivas llevadas a cabo por carabineros tienen un correlato de infiltración y delación en la actual situación mapuche. Muchos de los juicios consignados contra mapuches por medio de la ley antiterrorista han contado con “testigos protegidos”, lo que se traduce en la práctica en testimonios de sujetos encubiertos detrás de amplios biombos, imposibilitando su individualización y dejando sin capacidad de careo a la defensa. Sumando la militarización del proceso –pues muchos juicios son llevados a cabo en cortes militares–, este tipo de prácticas amparan la infiltración policial en situaciones de violencia que después son estipuladas a militantes mapuches. En este contexto, Pedro Cayuqueo, periodista y director de Azkintuwe, periódico “del país mapuche”, ha demostrado en una larga serie de artículos cómo Raúl Castro Antipan, testigo protegido de la fiscalía y delincuente confeso, habría participado en una serie de acciones de tipo terrorista. La gravedad del caso estriba en que Antipan se ha convertido en la punta del iceberg de un sistema de inculpación e inoculación de la violencia por parte de fuerzas especiales de Carabineros, quienes por orden de las distintas fiscalías o en conocimiento de ellas, realizan actos de violencia (fácilmente catalogables como terroristas), que después son inculpadas a mapuches militantes de organizaciones locales.

Así, el caso Antipan serviría como punta de lanza en la demostración de un sistema integral de represión y criminalización del movimiento social heredado de la dictadura y ampliamente utilizado por la Concertación, que después de más de dos décadas de democracia no ha sido desarticulado. Lo que surge como duda es la real capacidad del poder político para controlar y dirigir al poder policial.

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OTRAS NOTAS

  • El viernes, Celestino Córdova Tránsito fue procesado por el juzgado de Garantías de Temuco como el único autor del incendio en la casa patronal que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger. Los cargos: “Incendio terrorista con resultado de muerte”, lo que implica una investigación de seis meses en que el machi –autoridad religiosa mapuche– imputado permanecerá bajo prisión preventiva. En las afueras del tribunal, un grupo de mapuches se manifestaban en contra de la aplicación de la ley antiterrorista. Los abogados defensores adujeron graves irregularidades en la detención.

  • La violencia volvió a ser parte de la vida cotidiana en La Araucanía. En el histórico cerro Chiguaihue, la sangre mapuche, esta vez la del joven Rodrigo Melican Linao, fue una vez más derramada en una guerra sin fin que desde el Estado se mantiene contra un pueblo desarmado desde finales del siglo XIX.

  • En el contexto de un año electoral marcado por la movilización social, ciertos grupos de estudiantes decidieron, como una acción estratégica para visibilizar aún más sus demandas, llevar a cabo lo que en otros tiempos se habría denominado “agudizar las contradicciones”.

  • En Chile les están dando muy fuerte a los estudiantes y a los mapuches”, asegura Pablo García, director de programación del canal CN23, que trabajó durante muchos años con Pascual Pichún Collonao, un joven mapuche chileno que fue encarcelado en su país de origen. Pichún Collonao fue acusado de incendiar, en 2002, un camión en la localidad de Traiguén. Ese día, una manifestación reivindicaba los derechos políticos y la recuperación de tierras mapuches usurpadas por el Estado chileno y empresarios forestales. El joven fue condenado a cinco años de prisión y al pago de 12 mil dólares.

  • Mientras en Argentina se llevaba a cabo la Conquista del Desierto, en Chile se realizaba un proceso de conquista paralelo, la Pacificación de la Araucanía (1861-1883), conflicto que encontró su clímax después de superada la Guerra del Pacifico con Bolivia y Perú, luego de 1883. Efectivamente, el ejército chileno, una vez destruido el ejército peruano, destinó tropas de veteranos al sur de su territorio para terminar de “pacificar” a los “indios” que no acababan de chilenizarse.

  • Mientras todo Chile reza porque los mineros de Copiapó salgan del socavón antes de Navidad, nadie sabe si los mapuches presos y en huelga de hambre lograran ver la luz del Sol.
    Dos meses después del inicio de la protesta que mantienen los 34 comuneros, Sebastián Piñera anunció que se constituiría una mesa de diálogo en la que además de integrarla representantes del gobierno chileno, también lo harían miembros de las iglesias católicas y evangélicas, las organizaciones civiles de las regiones de la Araucanía y del Biobío, y los representantes de las comunidades del pueblo mapuche.

    FUENTE: http://sur.infonews.com