Perú, 2014: Corte Suprema dice que “Comunidades indígenas que retienen personas en defensa de su territorio, no cometen delito de secuestro”

Comunidades indígenas que retienen personas en defensa de su territorio, no cometen delito de secuestro

Autor(a): Juan José Quispe Capacyachi

Perú
19-06-2014

Hace pocos días hemos sido notificados de la ejecutoria suprema de fecha 11 de Marzo del 2014. En ella, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia emitida por la Sala Penal de Bagua, que absolvió a Zebelio Kayap Jempekit y otros del delito de secuestro en agravio de trabajadores de la compañía minera “Afrodita”.                                                                                          

Esta sentencia es de trascendental importancia porque no solo ratifica el derecho constitucional de los miembros de las comunidades indígenas a ejercer función jurisdiccional dentro de su territorio; sino también, porque pone las cosas en su real dimensión sobre un tema controversial y persistente: ¿constituye delito de secuestro que pobladores indígenas retengan a personas que ingresan a sus comunidades, sin permiso o autorización previa? Ahora podemos decir que NO.
 

 

Los hechos

 

 

Siendo aproximadamente las 15.00 horas del 15 de enero del 2009, sin motivo alguno, Zebelio Kayap Jempekit y otros pobladores retuvieron a Alfonso Enrique Vigil Meseth y otros trabajadores de la compañía minera Afrodita, cuando éstos se encontraban por inmediaciones de la Municipalidad distrital de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, y entregaban al alcalde una invitación para una reunión en la ciudad de Lima, por expreso encargo de la compañía minera.
Se imputó a los procesados que éstos habrían agredido con palos, lanzas y ortigas a dichos trabajadores. Que posteriormente los condujeron al local comunal de “Huampami”, repartiéndolos en diversos ambientes con la finalidad de ser interrogados.
Fueron retenidos por espacio de ocho días y a dos de ellos, que son parte de las comunidades indígenas, les cortaron el cabello.
Veamos por qué la Sala Penal Suprema considera que los hechos no constituyen delito
 
1.- El lugar donde ocurrieron los hechos y el reconocimiento de las tierras indígenas
El tribunal hace una importante precisión para su valoración final. Los hechos sucedieron en territorio de las comunidades indígenas. Sostiene que: “… importante resaltar la ubicación geográfica del distrito de El Cenepa (donde acaecieron los hechos), se trata de una zona ubicada en la selva (…), es una zona de frontera donde se llevaron a cabo acciones bélicas en el contexto de la guerra del Cenepa y que pertenece a la comunidad nativa awajúm”.
 
2.- El motivo de la intervención de los trabajadores
Se determina que el motivo de la retención de los trabajadores por parte de los pobladores de El Cenepa, se debe a que aquéllos venían realizando gestiones dentro de su territorio sin contar con autorización expresa para ello.
Así. señala el tribunal: “… la carta de invitación de catorce de enero de 2009 (folios 41), con lo que se explica el motivo de la intervención a los agraviados cuando acudieron a la Municipalidad distrital de El Cenepa…”.
 
3.- Está acreditado que las organizaciones nativas mantenían controversias con la compañía minera “Afrodita”

 

En efecto, para el tribunal, queda claro que con: “… el memorial suscrito por dirigentes y líderes asociados a ODECOFROC, el memorial suscrito por los presidentes de bases de ODECOAC, ODECINAC y ODECOFROC, el acta de Acuerdo entre las organizaciones de Base, el Pronunciamiento del Presidente de Comité de Lucha distrital de El Cenepa y el Oficio Múltiple remitido por el Alcalde de la Provincia de Condorcanqui (…) se desprende que la comunidad rechazaba la presencia de la empresa Minera Afrodita en el distrito de El Cenepa”.

 

 

4.- La particular importancia del Peritaje Antropológico dentro del proceso penal 

 

La figura del Peritaje Antropológico resulta conducente, pertinente y útil cuando se realiza el juzgamiento de inculpados que pertenecen a comunidades distintas a las occidentales.

 

En ese contexto, el Tribunal Supremo considera relevante que: “Por la naturaleza de los hechos, su apreciación debe tener en cuenta el contenido del Informe Pericial Antropológico y el examen a escala del juicio oral a la perito doña antropóloga Federica María Pía Barclay Rey de Castro en el que sostuvo que: (…) ii) La sociedad awajúm es guerrera, iii) Históricamente se han caracterizado por la defensa de sus territorio e independencia. iv) Los apus y otras autoridades ejercen un mandato puntual, que es temporal y representa el interés de la comunidad nativa, si la autoridad se aparta del mandato conferido, son sancionados por la colectividad, v)Conciben al Estado como garante de la ley “que perciben”, el cual está para velar por los derechos de los ciudadanos indígenas, vi) Hay una tradición para poder ingresar a su territorio y consiste en pedirles autorización (…) viii) saben que fuera de su territorio hay un ordenamiento, pero en éste hacen prevalecer sus leyes y sus costumbres”.

 

 

 

 

Agrega el tribunal que, conforme lo refiere la citada antropóloga, “la población “awajúm” tenía preocupación por el futuro del territorio y protección de los ríos de la cuenca”.
 
5.- Los líderes procesados no azuzaron a la población para retener a los intervenidos
En efecto, si bien se procesó a Zebelio Kayap Jempekit y otros como presuntos autores directos de los hechos, ha quedado demostrado que no tuvieron ninguna clase de participación del delito de secuestro, que no ordenaron retener a los trabajadores, sino que actuaron como una especie de “…portavoces elegidos democráticamente por los miembros de la población awajúm, quienes en conjunto decidieron retener a los agraviados”.

 

 
6.- Los líderes actuaron en defensa de los intervenidos
Si bien, la población awajúm decidió la retención de los foráneos, el papel que desempeñan los líderes de la comunidad es el de preservar la integridad física de los intervenidos, como una suerte de mediadores entre ambas partes.
Así lo advierte el Tribunal cuando sostiene que: “… por tratarse de una población guerrera, los resultados de la retención pudieron ser sumamente adversos para los afectados, de no haber mediado el actuar prudente de sus líderes, lo que en todo caso, demuestra la materialización de fenómeno de interculturalidad”.
 
7.- No se maltrataron a los intervenidos. Se aplicó la justicia comunal

Es un hecho probado que la retención de personas que ingresan al territorio de las comunidades nativas, es con la única finalidad de conocer y determinar las motivaciones que tuvieron estas personas (trabajadores de la compañía minera) para ingresar a territorio awajúm sin previamente haber sido autorizados.
Para el colegiado, ha quedado claro que hubo un pleno respeto por la integridad física de los trabajadores de la compañía minera. En donde a:“… los agraviados foráneos (trabajadores de la mina) e indígenas (de origen selvático como ellos) fueron tratados de forma distinta a los nativos. A los primeros les brindaron las garantías adecuadas para preservar su integridad (…) y a los segundos les aplicaron medidas de escarmiento, al estimar que el reproche por exponer a su territorio a la empresa minera Afrodita debería exteriorizarse públicamente, puesto que como se señaló, históricamente defienden su territorio…”.
 
Conclusión

No se configura el delito de secuestro cuando se retiene a personas que ingresaron a territorio awajúm sin permiso de la comunidad. Por el contrario, constituye la defensa legítima de su territorio. Por ello, se debe aplicar el derecho consuetudinario, la cosmovisión indígena y el ejercicio de la función jurisdiccional.
En ese contexto, el colegiado sostiene que: “… la privación de la libertad de los agraviados fue el resultado de la ejecución de la cosmovisión del pueblo nativo awajúm, motivado por la defensa ante la amenaza potencial a su territorio que anteriormente fue mutilado, acción generada por el derecho consuetudinario –ejercicio de la función jurisdiccional, conferido por la Constitución, con lo cual no cabe imputar el delito de secuestro. Por lo tanto, la conducta atribuida a los encausados resulta atendible y justificada”.