CHILE: RESOLUCIONES TERCER CONGRESO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS, 15 y 16 de enero 2015


RESOLUCIONES TERCER CONGRESO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS,

15 y 16 de enero 2015

Foto de Redeib Chile.
Foto de Redeib Chile.
Los pueblos originarios de Chile, reunidos en Santiago de Chile en el Tercer Congreso de las Lenguas Indígenas de Chile “Muestra tu lengua al mundo”, los días 15 y 16 de enero (2015), nos convocamos para reafirmar nuestra lucha por la recuperación de los Derechos Lingüísticos, Culturales y Educativos de nuestros pueblos a la par de la recuperación de las tierras, las aguas y el avance en el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación. Manifestamos nuestra postura crítica frente a la indiferencia social que existe respecto a la pérdida de los idiomas indígenas, considerando que la recuperación de territorios lingüísticos ha experimentado un insuficiente avance. Un pueblo sin lengua, es un pueblo sin alma, colonizado profundamente, sin proyección futura.

Si bien el Tercer Congreso se desarrolló en el marco del debate interno de los pueblos del Proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos y en el escenario nacional de discusión de la Reforma Educativa, nos preocupa que ambas temáticas no tengan la interlocución formal entre el Estado y los Pueblos Indígenas: un proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos requiere del involucramiento de los políticos chilenos y del Ejecutivo y una Reforma Educativa exige la participación de todos los sectores del país y el diálogo con los pueblos indígenas no debiera ser la excepción. En este sentido, lamentamos el debate excluyente que ha existido hasta la fecha y reiteramos nuestro interés para contribuir en la definición de la calidad educativa desde la mirada y derechos de nuestros pueblos.

Cabe destacar la participación organizada de comunidades y familias. Se valora el compromiso de padres que, conscientes del valor de la lengua originaria, están enseñando y traspasando su idioma a las nuevas generaciones. El esfuerzo de participar en el Congreso con sus respectivos hijos permite pensar en la posibilidad de continuar impulsando la revitalización de nuestras lenguas, puesto que niños ávidos de aprender la lengua de sus padres y abuelos contribuirán –sin duda- a revertir la situación de retroceso que experimentan las lenguas indígenas.

Luego de dos días debate, análisis y deliberación respecto a la situación en que se encuentran las lenguas de nuestros pueblos en diferentes mesas de trabajo, y de haber escuchado las opiniones de diversos invitados especiales, entre ellos: el Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika; Jokin Azku, Responsable de Promoción del Euskera; el Director de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad de PERU, José Antonio Vásquez; la Ministra de Cultura del Chile, Claudia Barattini, el Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, Alberto Pizarro, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf; el director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, el Vicedecano de docencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Jorge Rueda; la encargada del Programa de Educación intercultural Bilingüe, Alejandra Carimán; las organizaciones indígenas como al Consejo territorial Mapuche de Galvarino, el Bloque de Educación Mapuche e Interculturalidad y los representantes de la Academia de la Lengua Aymara, y todos los pueblos originarios y los participantes del Tercer Congreso, resolvimos lo siguiente:

1. En el trabajo por la revitalización de las lenguas, es fundamental la incorporación de las nuevas generaciones (niños y jóvenes); en consecuencia, se señala que en el próximo IV Congreso, será necesario generar espacios exclusivos para niños y niñas con el objetivo que puedan compartir y participar en actividades referentes a temáticas de la cultura y las lenguas indígenas de acuerdo a su edad y motivaciones.

2. Se plantea la necesidad de la estandarización de las lenguas indígenas para ampliar sus funciones públicas y avanzar en el desarrollo escrito de las mismas, sin descuidar la oralidad, por cuanto se debe incentivar la escritura y la lectura en las diferentes lenguas

3. En el ámbito de la investigación lingüística y-sobre todo- cuando existen posiciones o enfoques distintos entre investigadores y comunidad lingüística, se sugiere la imperiosa necesidad de considerar -en primer término- las demandas de los pueblos en cuanto a la revitalización del idioma y su realidad, pues se necesitan estudios, lingüistas e investigadores de diversas disciplinas comprometidos con las necesidades de las comunidades y sus lenguas. También se sugiere a los investigadores ser conscientes de la colonización cultural y lingüística con la que se analizan las realidades indígenas, sin siquiera cuestionar la posición de dominación en que se encuentra el investigador. La investigación lingüística se debe hacer en y con los pueblos en posiciones de respeto y de igualdad de los sujetos. En este punto, cabe destacar la incorporación de nuevas metodologías de investigación

4. En el trabajo de la recuperación del idioma, se reafirma una vez más impulsar y estimular las iniciativas tendientes a la enseñanza de las lenguas a niños, jóvenes y adultos; con cursos diseñados a partir de competencias lingüísticas dosificadas, según el conocimiento del idioma de los participantes a fin de evitar que la gente se mantenga y repita un solo nivel de enseñanza.

5. Apoyamos al Internado lingüístico de Mapuzugun convocado por la FEMAE, por su relevancia y por el compromiso concreto que los jóvenes mapuche asumen en la revitalización de su lengua. Invitamos a que más comunidades articulen la voluntad de sus hablantes de los idiomas, se organicen con los jóvenes y otorguen la posibilidad de recibirlos, enseñar su lengua materna a las nuevas generaciones; así juntos avanzar en el aprendizaje y difusión de la belleza de nuestra lengua y cultura.

6. En el ámbito de la educación escolar, se plantea la necesidad de presentar contenidos pertinentes a cada realidad y contexto escolar (tanto urbano como rural) en los que se trabaje e incluir en el currículo temáticas y saberes relacionados con los pueblos indígenas; en otras palabras, además de la lengua, deben considerarse los saberes culturales, el conocimiento y espiritualidad de nuestros pueblos. En este sentido, se señala la necesidad de elaborar material didáctico pertinente para pueblos indígenas. Asimismo se señala la necesidad de participación de las comunidades en la definición de los contenidos curriculares a abordar en la educación intercultural bilingüe

7. De la misma manera, se plantea la urgencia de posicionar simbólica y laboralmente en el lugar que efectivamente debe ocupar el educador tradicional respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con el profesor titular. Dignificar su función, también implica una remuneración que valore el rol fundamental que este ejerce en la revitalización del idioma.

8. Se plantea la urgencia de una resignificación del concepto de interculturalidad, entendiéndose que la noción que en la actualidad impera resulta funcional al sistema educativo dominante. Margina los derechos lingüísticos, la participación indígena y los conocimientos de los pueblos en el currículo, dado que la interculturalidad solo se limita a la asignatura de lengua indígena. En este contexto, se instala la necesidad de una educación intercultural pertinente que permita la revitalización de las culturas y las lenguas indígenas según la situación sociolingüística de los pueblos; así en comunidades monolingües de lenguas indígenas toda la educación debe ser en su idioma, no solo la asignatura de lengua; y donde el bilingüismo es incipiente se debe dar opciones progresivas de inmersión en la lengua indígena conforme aumente dicho bilingüismo. De igual modo, es necesaria e ineludible la promoción de un currículo intercultural para todos y para la descolonización, desde y por los pueblos, con la participación del movimiento social y pueblos indígenas.

9. La exigencia de un cambio de Constitución Política del Estado chileno aparece como una demanda clave, ya que actualmente la Carta Magna que rige todos los decretos y todas las normas no reconoce ni considera a los pueblos indígenas, a diferencia de lo que sucede en otras regiones del continente en materia constitucional. Un cambio de esta índole debe realizarse con el protagonismo y la participación de los pueblos originarios, derivando así en un Chile como un Estado Plurinacional y Plurilingüe.

10. Se acuerda no consultar a las comunidades indígenas el Proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos ni la oficialización de las lenguas por fundarse estas reivindicaciones en los Derechos Humanos fundamentales; el proyecto de ley DDLL surgió por el ejercicio de libre determinación de los pueblos por defender sus lenguas, afecta positivamente a los pueblos indígenas, y estas las demandas cuentan con el consentimiento de los pueblos.

Conforme a ello, estas iniciativas cumplen con lo exigido por el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta indígena para que los pueblos otorguen consentimiento al Estado u otro externo para la aplicación de políticas o medidas que les afecten directamente. En este caso, las medidas lingüísticas afectan positivamente a los pueblos; por consiguiente, al Estado le corresponde respetar y garantizar los Derechos Humanos en los que se basan y sustentan estas demandas.

Lo anterior aclara que no todas las medidas destinadas a los pueblos indígenas se consultan; en el caso particular de los Derechos Lingüísticos, por tratarse del reconocimiento de un Derecho Humano fundamental y que el Estado debe garantizar y porque su restablecimiento afecta positivamente a los pueblos, no se requiere un proceso de consulta.

11. Los pueblos indígenas estamos de acuerdo con el término de la selección en la educación, tal cual lo plantea la Reforma Educativa; en este sentido, consideramos que la educación es un derecho que debe ser garantizado a todos los chilenos e indígenas. Sin embargo, discrepamos con la exclusión indígena en el debate sobre la calidad educativa, porque el sistema de educación ha sido responsable de la pérdida de las lenguas y de las culturas originarias; nuestros pueblos indígenas han sido forzadamente expuestos a este sistema, sin ser nunca consultados respecto a qué entendemos por calidad, desarrollo o en qué lengua deseamos que sean educados nuestros hijos. Por tanto, resolvemos que los pueblos deben participar del debate de la Reforma Educativa con la finalidad de incorporar contenidos orientados a la revitalización y genuina valoración de nuestras lenguas y culturas.

La Reforma Educativa afecta directamente los intereses de nuestros pueblos y esta incidencia será positiva en la medida en que decidamos qué educación queremos para nuestros hijos y futuras generaciones, y se respeten nuestros derechos educativos y culturales. Por cuanto se propone realizar consulta indígena respecto a la calidad educativa a los pueblos indígenas y sobre todo consultar qué contenidos curriculares proponen los pueblos sean estudiados en un sistema bilingüe e intercultural. Esta consulta debe ser dirigida y aplicada por los propios pueblos y sus especialistas organizados en una instancia nacional como Red DELPICH, con una propuesta elaborada por las mismas organizaciones en coordinación en el Ministerio de Educación.

12. El Tercer Congreso logró articular diversas organizaciones territoriales por pueblos, ello demuestra que las reivindicaciones por los Derechos Lingüísticos sobrepasan las diferencias y que requieren unidad de los pueblos y de las comunidades para fortalecer sus demandas.
13. Finalmente, toda política lingüística educativa, cultural, comunicacional destinada a los pueblos indígenas, debe considerar los Derechos Indígenas, además de ser pertinente con la realidad sea esta urbana o rural.

Se Acuerda, entonces:

1. Impulsar gestiones institucionales para avanzar en el apoyo al proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos, a nivel del ejecutivo, para su trámite de urgencia.

2. El Proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos y la oficialización de las lenguas no deben ser consultados (salvo que se introduzcan indicaciones en el parlamento en que debe consultar), por fundarse estas reivindicaciones en: a) son derechos humanos que el Estado debe reconocer, respetar y garantizar; b) ambas iniciativas surgieron del ejercicio de libre determinación de los pueblos por defender sus lenguas; c) el proyecto de ley DDLL fue elaborado con una amplia participación de los Pueblos Indígenas; d) ambos son proyectos de reconocimiento de las lenguas indígenas que afecta positivamente a los pueblos indígenas; y, e) las demandas ya cuentan con el consentimiento de los pueblos.

3. Se resuelve solicitar la Presidenta de la República, la revisión de los decretos 66 y 40 y hacerlos compatibles con los estándares internacionales de consulta previa en el más breve plazo.

4. Incorporar los temas sobre Derechos Lingüísticos y consulta de la calidad educativa en la Reforma Educativa, a través de la entrega de un documento al Ministerio de Educación y a las distintas bancadas de educación.

5. Solicitar consulta indígena en el tema del significado de la calidad educativa para los pueblos indígenas. Elaborar metodología de trabajo y participar en la conducción de la implementación de la consulta.

6. Fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), a nivel de todo el currículo escolar, compartiendo la transversalización de la interculturalidad anunciada por el Programa de EIB-Ministerio de Educación.

7. Realizar un próximo Congreso de Lenguas Indígenas donde la participación de niños y adolescentes sea significativa y se visibilicen sus preocupaciones y demandas respecto a proceso educativo (básico, medio, universitario)

8. Generar recursos para realizar reuniones y seminarios de normalización y estandarización lingüística, en los cuales también consensuar un alfabeto para el mapuzugun.

9. Coordinar con las universidades un programa de formación continua para la EIB y de formación de capital humano en las distintas lenguas indígenas, priorizando las lenguas que están en riesgo de extinción; como también programas de formación de profesores en general, como también incidir o demandar la interculturalidad en la educación superior, sobre todo, para la creación de carreras que formen profesores en lenguas indígenas.

10. Ajustar el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación conforme a los Derechos Lingüísticos de los pueblos, para ampliar la cobertura del programa de lengua indígena y permitir educación bilingüe intercultural en lengua materna, educación bilingüe de inmersión parcial en la lengua, pero más allá de una asignatura aislada, y Educación Intercultural Bilingüe en espacios urbanos, considerando además que el Decreto 280 reconoce parcialmente los Derechos Lingüísticos siendo necesaria su modificación.

11. Aumentar la presencia del uso de las lenguas indígenas en eventos púbicos y de la misma manera, dar continuidad temática a las mesas de trabajo constituidas en el Tercer Congreso a través de talleres, seminarios, foros; convocando a las organizaciones territoriales de los pueblos o a la inversa para apoyar su convocatoria y coordinación en torno a programas y actividades de revitalización de las lenguas indígenas que las organizaciones realicen en sus territorios.

Finalmente destacamos el apoyo de la Ministra Barattini al proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos, valoramos la generosidad de su Ministerio con la lucha por la revitalización de nuestras lenguas y culturas e instamos a los otros ministerios a manifestarse por los Derechos Lingüísticos, pues la lengua es un derecho básico para ejercer otros derechos. También valoramos el apoyo institucional de CONADI, de la Municipalidad de Santiago, de la Universidad de Santiago, de la Universidad Alberto Hurtado que han respaldado a los pueblos indígenas a través de este Congreso. Solo el apoyo institucional en condiciones de horizontalidad conducen a que los pueblos se sientan parte del proceso, y no se sigan imponiendo medidas unilaterales.

Wallmapu, 2014: Comunicado Mapuche Consejo de Lonko de Arauco


 

Comunicado Mapuche Consejo de Lonko de Arauco

12 de diciembre 2014

 

El Consejo de Lonkos del territorio Labkenche, provincia de Arauko, por este intermedio comunica a nuestras comunidades y a la opinión pública en general lo siguiente:
Quiñe: Hemos convocado a una movilización general de Lobches y territorios de la provincia de Arauko, guiados por la espiritualidad de nuestra Ñuke Mapu -madre tierra- , esta marcha que hemos llamado; “marcha por nuestros derechos territoriales, espiritualidad y vida”, la efectuamos el día lunes 15 de diciembre desde las 10 de la mañana, teniendo como lugar de reunión la Plaza Caupolicán de Cañete.
Epu: marcharemos por las calles de Cañete hasta el Hospital Intercultural “Kalvu Llanka”, por los siguientes objetivos:
– Porque la historia nos convoca en este mes de diciembre 2014, de manera que recordemos la gran victoria militar de la batalla de Tucapel, momento en que nuestro pueblo derroto al invasor español.
– Nuestros sitios sagrados siguen ocupados y violentados por empresas y particulares, hoy debemos profesar nuestra fe en lugares que jamás han sido destinados para ellos.
– Queremos decir basta a la persecución y ocupación militar de nuestro territorio, hoy grandes contingentes de fuerzas policiales cuadrillan nuestras comunidades, otras ramas policiales resguardan y cuidan intereses privados de forestales y particulares.
– Esta situación represiva a construido un estigma hacia nuestro pueblo y ante cualquier situación de conflictividad, las mismas autoridades de gobierno hacen declaraciones que denigran nuestra existencia.
Quila: Como autoridades tradicionales del Labkenmapu de Arauko, manifestamos nuestra firme convicción de seguir luchando por el respeto de nuestros derechos y defendiendo para las generaciones futuras nuestro sagrado territorio.
Marrichiweu


CONSEJO DE LONKOS DE ARAUKO
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14 de diciembre de 2014

 

La justicia ordenó el despojo de tierras ancestrales de los Wichí. Violación de la Constitución Nacional…por Doc.Cecilia Jufré


 

La justicia ordenó el despojo de tierras ancestrales de los Wichí.
Violación de la Constitución Nacional…por Doc.Cecilia Jufré

Vamos a entregar la vida para defender nuestras tierras ancestrales. Si vienen a desalojarnos con la fuerza pública, va a haber muertos de los dos lados. Va a haber muertos policías y va a haber muertos wichí, porque solamente muertos nos van a sacar de acá.” Abel Saravia, dueño de estas palabras, es el representante y vocero de la comunidad wichí de Campo del 20, ubicada en el centro geográfico de la provincia de Formosa. Hace pocos días, la comunidad recibió un oficio del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, a cargo del juez subrogante Francisco Orella, que ordena el desalojo de sus tierras para el 27 de octubre a partir de las 7 de la mañana, “debiendo finalizar –dice– antes de las 19”. “Nos estamos organizando para resistir. Le hemos preguntado al ministro de Seguridad, Jorge Abel González, si va a mandar la policía, pero todavía no nos ha contestado. Mientras tanto nosotros organizamos la defensa de las tierras, con otras ocho comunidades que forman parte de la Coordinadora Interwichí. No queremos que pase lo que pasó en la Comunidad La Primavera. No queremos muertos, pero si nos quieren sacar por la fuerza, muertos va a haber”, dice Saravia.

“Ni la Constitución Nacional ni la Ley 26.160 y sus prórrogas parecen existir a la hora de respetar los derechos de la comunidad wichí de Campo del 20”.
Los antecedentes. Campo del 20 está a menos de veinte kilómetros de Las Lomitas. Hacia 1919, el territorio wichí donde está ubicada sumaba veinte mil hectáreas, a uno y otro lado de la ruta nacional 81. Las fueron perdiendo de a poco, en un proceso inexorable de ocupación orquestado por sucesivos gobiernos, empresas y criollos –o blancos, como también los llaman– usurpadores. Hoy les quedan apenas quinientas hectáreas que están en litigio. El caserío está junto a los terrenos del antiguo cementerio indígena, que es a la vez una prueba de sus derechos ancestrales. Es una tierra árida, polvorienta, donde se levantan unos treinta ranchos. Las paredes son de barro y los techos de paja. Algunos pocos tienen también unas pequeñas galerías armadas con palos que sostienen chapas de cartón. Las lonas y los plásticos, desplegados entre palo y palo, los ayudan a protegerse de un sol que llega a pegar muy fuerte, de las lluvias, pero más que nada del polvo que castiga levantado por el viento. Esos terrenos son la única tierra que les queda y está en peligro.

La maniobra de usurpación está sostenida por un boleto de compraventa, fechado en 2001, mediante el cual un tal Oscar Peña (DNI 8.220.148) traspasó esas quinientas hectáreas a Carmen Raquel Chávez (LC 5.577.575), representada legalmente por el abogado Ramón Juárez (DNI 10.869.177), marido de Haydeé, la hermana de Carmen Chávez. Pero a Oscar Peña no lo conoce nadie, ni tampoco otro documento que ese boleto de compraventa con el cual se demuestre que era el propietario de las tierras. “No sabemos quién es, pero no es wichí. Entonces nunca pudo ser dueño.” Basado en esa documentación –y a partir de una denuncia del abogado Juárez–, el juez formoseño Sergio Rolando López ordenó el desalojo a mediados del año pasado. La ofensiva para el despojo no se da en ese único frente. El abogado Juárez también consiguió una medida de no innovar que impide a los pobladores originarios de Campo del 20 modificar absolutamente nada en esos terrenos. “No nos dejan cortar ni un palo, ni tocar una rama. No podemos sembrar para mantener a nuestras familias. Pero no nos vamos a ir, nos vamos a quedar, cueste lo que cueste”, explica Abel Saravia, representante de la comunidad. Con esa medida de no innovar en la mano fue que en junio de 2013 apareció el escribano público nacional Antonio González con una camioneta y unos criollos y les desmanteló la bomba para dejarlos sin agua. Mientras lo hacía, la policía formoseña miraba desde lejos. También el abogado denunció penalmente a los wichí Abel Saravia, Silverio Moreno y Ramón Cabrera por el delito de “usurpación”. En otras palabras, transforma en usurpadores a quienes pretende despojar.

Fotos reveladoras. En abril de este año, Miradas al Sur publicó una serie de imágenes tomadas por la fotógrafa alemana Grete Stern el 18 de agosto de 1964 en las tierras de Campo del 20. Esta serie fotográfica constituye una prueba irrefutable de que los terrenos de los que hoy se pretende desalojar a esa comunidad wichí estaban ocupados por esas mismas familias desde hace décadas. Algunas de las personas retratadas en 1964, cuando eran niños y ya vivían allí, hoy están acusadas del delito de “usurpación” del lugar donde nacieron hace ya más de cincuenta años.

En ellas se puede ver, por ejemplo, al pequeño Silasku, cuyo nombre en castellano es Mario Castillo. Hoy este hombre de más de cincuenta años es uno de los pobladores de Campo del 20 que reclaman esa tierra. Grete Stern también registró imágenes de Nakw, o Féndico Nieves. En una de ellas lleva a un niño en brazos. Ese niño es Isidoro Castillo, otro de los integrantes de la Comunidad que lucha por sus derechos territoriales. En la serie fotográfica hay alrededor de diez casos similares. A mediados de este año, los representantes legales de las 18 familias que hoy componen la Comunidad de Campo del 20 incorporarán las fotografías de Grete Stern, con todos sus protagonistas identificados, a la causa que llevan adelante para poder permanecer en esas tierras que les pertenecen por derecho ancestral.

La ley y la trampa. La orden de desalojo dictada contra la comunidad wichí de Campo del 20 es violatoria del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional de reformada en 1994. Allí dice: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”.

Asimismo, en noviembre de 2006 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena por el término de cuatro años, suspendió los desalojos por el plazo de la emergencia y dispuso la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. La ley fue reglamentada por el decreto 1122/07 que habilita al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (autoridad de aplicación) a emitir la Resolución Nº 587 que crea el “Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas-Re.Te.C.I.- Ejecución Ley 26.160”. En noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley 26.554.

Ni la Constitución Nacional ni la Ley 26.160 y sus prórrogas parecen existir a la hora de respetar los derechos de la comunidad wichí de Campo del 20. “El relevamiento de tierras que debía hacer el INAI no se hizo nunca. Por eso presentamos al tribunal una petición para que se suspenda el desalojo precisamente por eso. Cómo nos van a desalojar si ni siquiera han relevado las tierras”, dice Saravia.

Mientras el Estado sigue ausente para defender los derechos ancestrales de esos otros originarios que –de acuerdo con los discursos oficiales– son también “la patria”, la tensión crece sin pausa en la zona central de la provincia de Formosa. La decisión del pueblo wichí de resistir la maniobra de despojo es terminante. Cuando Abel Saravia dice que puede correr sangre si intentan desalojarlos por la fuerza no hace más que repetir, con otras palabras, una frase que se ha hecho consigna en Campo del 20: “Muertos nos van a sacar de acá”.

 

 

 

Cañete: Comunidad Mapuche Cacique Llancao, entra en proceso de recuperación de tierras.


Cañete: Comunidad Mapuche Cacique Llancao, entra en proceso de recuperación de tierras

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25 noviembre 2014

Comunidad Mapuche Cacique Llancao, entra en proceso de recuperación de tierras en Cañete.

Liderado por el Lonco Efraín Huenul de la Comunidad “Cacique Llancao” de Cañete, y actuando como Werken (vocero) Robinson Catril, hicieron ingreso en horas de esta madrugada al ex fundo santa Clarisa, en Manos de el Particular Carlos Gajardo y que la comunidad viene reclamando como tierras ancestrales y que en total suman alrededor de 600 Hectáreas donde se incluyen terrenos en manos de Forestal Mininco, que es la parte alta de este ex fundo.

La Comunidad Francisco Llancao,denuncia ,que al interior de estas tierras existen cuatro Kuel(sitios sagrados, en donde los antiguos se reunían de los cuatro butalmapus ),con la finalidad de afianzar los lazos de amistad entre los diferentes territorios del denominado Lavkenmapu(gente de la costa).El vocero Robinson Catril, señala que con el denominado decreto 701,esto se encuentra hoy todo destruido, en manos de las empresas forestales y lo que es peor ya no queda agua para todos los habitantes del sector, que comprende los alrededores de la ciudad de Cañete.

En el lugar se ha hecho presente, representantes del gobierno, entre ellos, la abogada Silvia Catalán más el encargado de asuntos Indígenas, Bruno Romero, y un enviado del Municipio local; a quienes los Comuneros Mapuches rechazaron su presencia, ya que nada tienen que hablar con representantes o enviados; por lo que solicitan la presencia en persona, tanto del Gobernador como del Director de la Conadi, Carlos Carvajal por lo que no se llego a ningún acuerdo en un principio.

Los Comuneros manifiestan su firme intención de quedarse en el lugar, y que no bajaran los brazos en su lucha por la recuperación de lo que dicen les corresponde por derecho.

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Lo Particular de este hecho, de recuperación de tierras, es que dichos terrenos, se encuentran a solo minutos de la ciudad de Cañete Histórico ,y a tan solo metros del “Fundo Anique”,en manos de la Municipalidad local, que solo lo utiliza para fiestas de Temporada de verano.

 

Fuente:

Arturo Luis Godoy Carilao

Relacionador Publico y Licenciado en Organizaciones sociales y comunitarias.

www.http://werkenarturomapuche.blogspot.com/
www.http://boxeoaeroboxvidaydeporte.blogspot.com
/

www.http://twitter.com.@godoycarilao

www.http://soundcloud.com/arturitoluis

google.com/+ArturoLuisGodoyCarilao

Celular. 9-4118032.

Colombia: Libro La Tierra contra la Muerte.


Libro La Tierra contra la Muerte

Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia

Disponible en http://observatorioetnicocecoin.org.co

Descargar en vesion PDF: http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Tierra_contra_la_muerte.pdf

Chile, 2014: Comunicado por la actual Consulta Indígena amparada en el ilegitimo DS 66


Aymara- Quechua-Lickan antay- Diaguita- Colla-Rapa Nui- Mapuche-Kawésqar- Yagan

AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AUTOCONVOCADOS

Agosto de 2014

 

 “Se olvidaban tal vez que ellos, los dueños y señores de

la selva que un día hicieron temblar al león de España,

han sido perseguidos, robados y asesinados no en

campales batallas, sino ¡mientras un Gobierno les cubre

los ojos y les ata las manos con un mentido

protectorado!” Aurelio Díaz Meza. Relato, Parlamento de Coz Coz. 1907.

 

COMUNICADO SOBRE PROCESO DE CONSULTA DEL GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET

 A las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados; Dirigentes Políticos; Dirigentes Indígenas y miembros de los pueblos indígenas; Instituciones de DD HH tanto nacionales como internacionales;  Autoridades del Estado y opinión pública,  comunicamos lo que sigue:

 

  1. RECHAZAMOS LA CONSULTA INDÍGENA AMPARADA EN EL ILEGITIMO DS 66 Y NO NOS SOMETEREMOS A ESTE PROCESO PARA SER TRATADOS COMO SIMPLES ESPECTADORES DE NUESTRO FUTURO Y TERMINAR HIPOTECANDO NUESTRO PORVENIR COMO PUEBLOS INDÍGENAS

 La Consulta Indígena que lleva a cabo, tanto el Consejo de la Cultura y las Artes como el Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de crear el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, utiliza el ilegitimo DS 66 del Gobierno de Sebastián Piñera. Asimismo, las consultas  realizadas por el Servicio de Evaluación Ambiental utilizan  el DS 40 que   es inconsulto e infringe normas esenciales del Convenio 169.

 La Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, opinan que la decisión política del gobierno de realizar la consulta indígena, utilizando el ilegitimo Decreto Supremo 66 y DS 40, no hace más que ratificar el proceder negligente y errático del gobierno que decreta, en definitiva, un monologo constante entre las autoridades gubernamentales de turno y los Pueblos Indígenas.

 Se sigue aplicando la lógica que se hacen grandes cambios para que nada cambie, camuflando el incumplimiento al derecho de libre determinación. Un Estado que sigue  atentando contra nuestros derechos fundamentales, no hace más que perpetuar el autoritarismo, la discriminación y la injusticia. En definitiva, se demuestra la nula voluntad política para dar cumplimiento a un tratado internacional de derechos humanos como es el Convenio 169 y establecer una nueva relación con los Pueblos Indígenas.

 

  1. UNILATERALIDAD ESTATAL PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

 El Decreto Supremo 66 presenta, entre otras debilidades y falencias, problemas de pertinencia en su metodología que provocan serias confusiones, determina que solo organizaciones reconocidas  en la Ley Indígena 19.253 pueden participar de la consulta, limitando  de esta forma la participación y no se ajusta a los estándares internacionales del Convenio 169. 

 En esta reglamentación se perpetua la unilateralidad estatal para determinar la afectación de las medidas legislativas y administrativas,  es decir, el Estado define qué merece ser consultado, los tiempos, el contenido, entre otros aspectos. Y los Pueblos Indígenas, nos oponemos porque sabemos que el Estado avasalla, tal cual como sucedió con la tramitación de la Ley de Pesca. En ese proyecto de Ley el ex Ministro Longueira, determinó unilateralmente que esta Ley tenía un carácter de afectación nacional y no especifica. 

 Es más, lo retorcido  de  este Decreto Supremo (66),  es que  dispone que en caso de Inversiones que afecten a los pueblos Indígenas se aplique una consulta especial contenida en el DS 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Deliberadamente sólo serán consultados aquellos proyectos de inversión que requieran Estudio de Impacto Ambiental (EIA) siempre y cuando se den ciertas condiciones (¿ESTO ES BUENA FE?).

 

  1. EL GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET DEBE ESTABLECER UN DIALOGO GENUINO Y SITUAR EL PROCESO DE CONSULTA COMO UN PROCESO QUE INAUGURE UNA NUEVA RELACION DEL ESTADO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS. REVIRTIENDO SUS ERRORES Y SUPERANDO LAS FALLAS DE ORIGEN DEL CONVENIO 169, QUE SOLO NOS TRAE MÁS INJUSTICIAS.

Las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, exigimos políticas públicas de calidad y un enfoque de trabajo transparente,  que elimine toda forma de cooptación e intervencionismo. Ya es una costumbre, que en la medida que cambian los gobiernos, se  adjudica el monopolio de la política indígena a determinados grupos, que pragmáticamente usan los mismos mecanismos e instrumentos que ayer criticaron cuando estaban en la otra vereda.

Las acciones del gobierno en materia de política indígena desarrolladas hasta el momento, son erráticas e irresponsables, al aplicar la reglamentación de consulta indígena, a pesar que su Programa de Gobierno[1], asume tácitamente que ésta no cumple con los estándares,  al declarar que sería revisada la reglamentación instaurada por el Gobierno de Sebastián Piñera. Esto queda claramente de manifiesto, cuando el Ministerio de Desarrollo Social coloca y retira de su página web la revisión de los reglamentos y además se atreve a mezclar dos consultas indígenas en forma simultáneas contraviniendo todas las recomendaciones de expertos en tratados e instituciones especializadas en Derecho Indígena.

EXIGIMOS a las Autoridades de Gobierno, realizar los procesos consultivos considerando los estándares internacionales del Convenio 169, a derogar el DS 66 y a retirar la Consulta Indígena del DS 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, emplazamos a las Ministras de Cultura, de Desarrollo Social, y ministro del Medio Ambiente a responsabilizarse de estas  justas demandas.

 

  1. HOY COMO AYER LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUIREMOS UNA ACTITUD COHERENTE EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS.  

 Para los Pueblos Indígenas no es nuevo relacionarse con un Estado que  dicta leyes y reglamentos ajustados a sus propósitos de dominación. Las citaciones a reuniones que se están haciendo entre cuatro paredes, perpetua  la política de élites y  acuerdos, restringiendo la participación de los postergados de siempre: el Pueblo Indígena. Estas prácticas transgreden los estándares, confundiendo el concepto de pueblo interesado con clientelismo.

 En consecuencia, MANIFESTAMOS A TODOS LOS PUEBLOS INDÍGENAS A NO LEGITIMAR Y DOBLEGARSE A ESTOS PROCESOS DE CONSULTA,  A NO ACEPTAR CONSULTAS INDÍGENAS EN EL MARCO DEL DS 66 Y DS 40 (SEIA).

 

A SENTAR BASES SÓLIDAS PARA QUE SEAMOS VERDADERAMENTE RESPETADOS.

 

Hoy se necesita que expresemos públicamente nuestra oposición a este ilegitimo proceso de Consulta Indígena, dejando claramente establecido nuestra legítima posición política y solicitar que se derogue el DS 66 y DS 40 del SEIA, de los siguientes modos:

1.- Entregar una carta de rechazo a las respectivas Autoridades de Gobierno

(Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobiernos Regionales, Directores Regionales, Ministra de Desarrollo Social, Ministra de Cultura, Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Energía, Director de Conadi, entre otros)

2.- Denunciar esta irregularidad a organismos de Derechos Humanos

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, Relatora ONU para los Derechos Humanos, Relatora para los Derechos  los Pueblos Indígenas, Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Comité Contra la Discriminación, entre otros)

3.- Continuar desarrollando procesos autonómicos de organización social, política, económica y cultural en todos los territorios. 

 

“ Autoridades Ancestrales y Dirigentes de

 Los Pueblos Indígenas Autoconvocados”

pueblosindigenasautoconvocados@gmail.com

LIBRO: DE LA CONSULTA PREVIA AL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO A PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA


LIBRO: DE LA CONSULTA PREVIA AL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO A PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA

Por: Editor, agosto 06, 2014

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Fecha: Primera edición. Bogotá, marzo de 2014
Autor: Gloria Amparo Rodrìguez
Resumen: “El libro “De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado a pueblos indígenas en Colombia”, es resultado del trabajo de investigación de la profesora de la Universidad del Rosario, Gloria Amparo Rodríguez, sobre el concepto y la historia de la implementación de este derecho fundamental en el país. Refleja el diálogo fluido y constructivo entre los diversos actores que interactúan en los procesos de consulta previa en Colombia; es fruto también del análisis comparado de múltiples casos concretos que en su momento generaron conflictos, demandas, movilizaciones e ingentes reclamos por parte de los pueblos indígenas, y en los que se evidenciaron avances, inaplicación o transgresiones del derecho a la consulta previa y de otros derechos de estas colectividades.
El texto aquí incluido hace parte de una investigación doctoral recientemente concluida y del trabajo que durante varios años ha efectuado la profesora Rodríguez con diversos pueblos indígenas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Ese recorrido comunitario le permitió no solo identificar las situaciones conflictivas en relación con el desarrollo práctico de las consultas previas, sino incluir propuestas y soluciones que parten del trabajo conjunto efectuado con expertos, representantes de empresas, funcionarios públicos y miembros de grupos étnicos”.

FUENTE: foronacionalambiental.org.co